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Asesino de mujer y niños se fue para la playa con amiga tras los crímenes

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Luego de que Víctor Alexander Portorreal Mendoza (Greña, El Metálico o Chamán Chakra) asesinara a Reyna Isabel Encarnación Morales y a sus tres hijos, se fue para la playa junto a su amiga Krystel Alexandra Tejada, a quien confesó que había hecho algo malo a su pareja, pero sin darle detalles.

Según la instancia del ministerio público, Portorreal Mendoza continuó haciendo su vida de manera normal, y al día siguiente, 5 de febrero se reunió con su amiga Krystel, y después fue a la casa del padre de la víctima, ubicada en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, a buscar una ropa de los niños, sin mostrar ningún indicio de lo que había hecho.

Conforme a la instancia de medida de coerción. el 6 de febrero, además, el imputado robó una tablet de los niños y la dejó como garantía de un préstamo de 500 pesos que le hizo Antonín Enmanuel Beriguete Gomera, para luego ir a disfrutar a la playa junto a su amiga Krystel.

Pero, al día siguiente, 7 de febrero, la amiga le manifestó que quería ver a Encarnación Morales y a los niños, porque también tenía amistad con ellos, pero el victimario le dijo que lo dejaran para el fin de semana porque “la casa estaba desorganizada”.

El relato de los asesinatos
Sobre el acusado del cuádruple asesinato, el ministerio público relata que Portorreal Mendoza amordazó a su pareja el 4 de febrero de 2018, y que sin mediar palabras le infirió varias estocadas en el cuello, tórax y abdomen, ocasionándole la muerte, mientras se encontraban junto a los niños que también asesinó, en la residencia que compartían en la calle Antonio Álvarez, del sector Enriquillo, kilómetro 8 de la Carretera Sánchez, del Distrito Nacional.

El informe preliminar de la autopsia evidencia que la víctima presentaba contusiones en el introito vaginal y que la causa de la muerte fue herida cortante en el cuello.

Narra que luego el victimario salió de la habitación donde dejó el cuerpo de su pareja y se dirigió donde se encontraba la niña de 6 años, a quien violó y luego la estranguló hasta matarla.

Precisa que el imputado repitió esta acción, violando a la niña de 10 años, a la que luego estranguló también hasta la muerte. El informe preliminar de la autopsia indica que ambas niñas presentaban contusiones en el introito vaginal y que la causa de las muertes fue estrangulación manual.

Luego de matar a la señora y a las dos niñas, tomó al niño de 9 años, con quien se dirigió a la casa de su tía Johanne Mendoza Cuello, donde lo dejó durante horas, pero después lo recogió alrededor de las 11:00 de la noche, y volvió con él a la residencia donde yacían desde hacía varias horas los cadáveres de la mujer y de las dos niñas.

Al regreso a la vivienda, el imputado tomó dos corbatas, con las que estranguló al niño y lo colgó del tubo de un closet.

El informe preliminar forense determinó que la muerte del niño fue estrangulación a lazo. Luego Portorreal Mendoza se marchó del lugar dejando allí los cuatro cuerpos sin vida.

El relato de la fiscalía concluye que ya el jueves 8 de febrero, moradores del sector donde el imputado cometió los homicidios reportaron a las autoridades un hedor que provenía de la vivienda, por lo que llegaron patrullas policiales y el cuerpo de bomberos, que abrieron la puerta y encontraron “la macabra escena”.

Pide prisión preventiva
El ministerio público pidió al tribunal prisión preventiva a Portorreal Mendoza, de 30 años de edad, y quien dijo en la audiencia que es mecánico.

Es acusado de los cuatro asesinatos del pasado día 4. Los cuerpos fueron encontrados el 8 de este mes.

La Fiscalía también solicitó al juez que el caso sea declarado complejo, en razón de la pluralidad de víctimas y de hechos, así como por la necesidad de la realización de experticias tanto dentro como fuera del territorio nacional, en virtud del artículo 369 del Código Procesal Penal.

El juez José Alejandro Vargas aplazó para hoy el conocimiento de la medida de coerción, acogiendo una solicitud del ministerio público, a fin de que esté presente la madre de la víctima.

Fuente: Listin Diario

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PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Grupo armado ayuda a escapar a un recluso de centro de salud en Nagua

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Un grupo de hombres armados despojaron este lunes a dos miembros del Ejército de la República Dominicana de dos fusiles M-16 y ayudaron a escapar a un recluso condenado a 30 años de prisión, cuando éste recibía asistencia médica en un centro de salud de esta ciudad.

Se trata del reo Jorge Gabriel Báez Abreu, quien fue condenado en julio del 2015 a 30 años de cárcel por un Tribunal del distrito judicial de Puerto Plata, por tentativa de asesinato contra dos personas.

Báez Abreu cumplía la pena en la Fortaleza Olegario Tenares de aquí, desde donde habría sido llevado al centro clínico Costa Norte, en condiciones supuestamente delicadas.

Trascendió que el grupo de hombres se presentó al centro asistencial encañonaron a los que custodiaban al interno y huyeron con éste a bordo de una yipeta Toyota Prado, rojo vino, placa G219802, la cual dejaron abandonada en el municipio de Cabrera.

En el interior del vehículo las autoridades encontraron una maleta con pertrechos militares y otros objetos.

Diario Libre

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Gobierno dominicano no firmará el “Pacto Mundial sobre Refugiados”

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El canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado.

El gobierno dominicano decidió no adoptar el Pacto Mundial sobre Refugiados que será conocido hoy durante la Sesión Plenaria de la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

“Reconocemos el carácter humanitario del Pacto de Refugiados y el interés de buscar una cooperación internacional para enfrentar los serios problemas y desafíos que generan los grandes desplazamientos humanos en diferentes partes del mundo como consecuencia de conflictos bélicos, guerras civiles y múltiples situaciones de crisis que afectan a diferentes países y regiones del mundo”, dice la declaración entregada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Agrega que el país “se identifica con el espíritu del pacto y con aspectos fundamentales de este a la luz de sus compromisos que se derivan de su propia legislación y de las convenciones internacionales que el Estado dominicano ha suscrito y ratificado, especialmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, del 28 de julio de 1951, aprobada por el Congreso Nacional mediante resolución núm. 694 del 8 de noviembre de 1977, así como el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, del 31 de enero de 1967, aprobado por el Congreso Nacional mediante resolución núm. 694 del 8 de noviembre de 1977”.

Expresa que “algunos de los principios del Pacto están sustentados en dos instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana no es parte: la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, que, si bien esta última fue firmada por nuestro país el 5 de diciembre de 1961, no se ha producido su ratificación”.

Explica que “esta situación obliga a estudiar a fondo los compromisos que se derivan de esas convenciones y si estos se ajustan a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico dominicano, “ya que todo lo concerniente a refugiados y migrantes debe ser interpretado y aplicado conforme a los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales debidamente ratificados por el Estado dominicano”.

Advierte que en el territorio nacional solo el Estado dominicano puede conceder la condición de refugiado.

No obstante, el Pacto pretende proporcionar las bases para una distribución de la carga y la responsabilidad entre los Estados miembros de las Naciones Unidas, lo que podría ser contrario al interés nacional y al ordenamiento jurídico dominicano”.

Agrega que desde un punto de vista práctico, esa distribución de cargas y responsabilidades podría afectar la capacidad de República Dominicana para acoger cantidades considerables de personas susceptibles de ser declaradas como refugiados conforme al nuevo estatuto internacional.

“Un aspecto particularmente sensible es la formulación contenida en el Pacto en el sentido de que si bien el clima, la degradación ambiental y los desastres naturales no provocan, en sí mismos, los desplazamientos de refugiados, dichos fenómenos interactúan cada vez más con las causas de estos movimientos.

Dadas las características particulares de la República Dominicana, adoptar una definición tan abierta de la condición de refugiado podría ser contrario al interés nacional”, sostiene el comunicado.

Manifiesta que la República Dominicana es un país solidario que asume con seriedad sus compromisos internacionales” y “cuenta con una legislación sobre refugiados que está siendo objeto de discusión en las instituciones relevantes del Estado para una posible revisión y actualización”.

Dice que el país reitera su compromiso con la cooperación internacional en el marco de las Naciones Unidas para contribuir con la paz, la seguridad, la resolución pacífica de los conflictos y la protección de los derechos humanos.

Informa que por tales consideraciones, “la República Dominicana se abstendrá en la próxima votación relativa a la adopción del Pacto Mundial sobre Refugiados”, concluye el comunicado.

El canciller Miguel Vargas divulgó ayer la posición del gobierno con respecto al Pacto Mundial sobre Refugiados auspiciado por Naciones Unidas.

Contenido del Pacto
Si República Dominicana hubiese firmado el Pacto Mundial Sobre Refugiados que ha preparado la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el país quedaría expuesto a serios riegos de soberanía, gastos económicos y a la aceptación de una carga de migrantes a los que tendría que alojar, alimentar y proveer documentación sin límites.

Según explicó la directora de Relaciones Externas de la ACNUR, Rossella Pagliuchi-Lor, el gran objetivo del Pacto es “fortalecer la respuesta a refugiados y a las comunidades que les acogen”.

Señala que el Pacto busca “aliviar la presión sobre los países que acogen a un alto número de refugiados, mejorar la autosuficiencia y la integración de las personas refugiadas, promover soluciones sostenibles para ellas en terceros países (como el reasentamiento) y generar las condiciones necesarias en los países de origen para que puedan regresar voluntariamente a sus hogares de manera segura y digna, cuando las condiciones lo permitan”.

Durante una conferencia en Madrid para presentar los contenidos del Pacto, Pagliuchi-Lor explicó que, hay una emergencia en el mundo relativa a la situación de los refugiados porque apróximadamente el 90% de ellos están “en países vecinos a las zonas de conflictos, países que ya luchan por cubrir las necesidades básicas de su propia población”.

“Encontrar soluciones duraderas es cada vez más difícil y el número de refugiados que vive en condiciones precarias, a veces durante décadas, se ha incrementado”, expresó la ejecutiva de ACNUR, lo que a su juicio obliga a incrementar las contribuciones públicas y privadas, dado que actualmente sólo se cubre cerca del 50% del presupuesto necesario para las operaciones activas.

Foro Mundial sobre Refugiados
Según el contenido del Pacto, este prevé determinados compromisos de los Estados, que incluyen el establecimiento de un Foro Mundial sobre Refugiados a nivel ministerial, “que reunirá a la comunidad internacional cada cuatro años a partir de 2019, para centrarse en los desafíos que enfrentan las personas refugiadas y los países de acogida, para ampliar la gama de actores que participan y brindan apoyo y para revisar el progreso colectivo que se está alcanzando hacia una distribución de la carga y responsabilidad compartida más predecible y equitativa”.

Igualmente prevé este Foro establecer un marco “para adoptar nuevas medidas, al brindar a los Estados Miembros y a otras partes interesadas pertinentes, la oportunidad de adquirir compromisos concretos hacia la implementación del Pacto Mundial sobre Refugiados”.

No obstante, el Pacto dice que no tiene un carácter jurídicamente vinculante para las partes.

Los compromisos que se buscan con los Estados y otros colaboradores potenciales son “asistencia financiera, material y técnica”, además de “cuotas de reasentamiento y vías complementarias de admisión a terceros países”, entre otras.

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