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Escandalosas irregularidades en la OMSA

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SANTO DOMINGO.-Una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, revela serias irregularidades en la contratación de compras y servicios, cuyas operaciones envuelven miles de millones de pesos e involucran a funcionarios de alto nivel de esa entidad, igual que a proveedores y técnicos de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.

El informe final de la investigación especial realizada a la empresa de transporte del Estado, firmado el pasado diez de abril por los integrantes de la Cámara de Cuentas y remitido al Procurador General de la República, al exdirector de la OMSA, a la Contraloría General de la República, y a la Dirección general de Ética e Integridad Gubernamental, expone que existen “indicios ciertos, serios, graves, precisos y concordantes, que podrían determinar la responsabilidad penal” de los involucrados en esas irregularidades.

De acuerdo con el informe, durante el periodo de investigación solo a 51 proveedores les efectuaron pagos, autorizados por el director de la OMSA, por un monto de RD$3, 029, 885,296, sin suscribir contratos entre las partes.

Entre los hallazgos figura la emisión de 3,535 órdenes de compras a 33 empresas, sin observar las disposiciones del artículo 28 de la ley 340 sobre contrataciones públicas, por RD$2, 157, 174,862, lo que representa el 64 por ciento del total de los pagos realizados por la OMSA durante el periodo auditado.

Empresas vinculadas a funcionario OMSA
Se establece, además, que durante la gestión del ingeniero Manuel Rivas se adjudicó la contratación de servicios y bienes a diferentes empresas vinculadas a funcionarios de la empresa estatal por un monto de RD$31, 979,524.

La cámara de Cuentas comprobó a través de los respectivos certificados de registro Mercantil que las compañías SUPLIFARMA JYY, FARMAS JHR EXPRESS aparecen como socias Rosa Elena Peña y Yumilde del Carmen Rosario Díaz esposa y hermana, respectivamente, del gerente financiero de OMSA, Faustino Rosario y Empresa Ramel Corp, representada por José Esteban Valenzuela.

En las contrataciones mediante proceso de comparación de precios, en todos los casos participaron las empresas vinculadas al gerente financiero, dice el informe.

Empresa Ramel Corp obtuvo seis contratos y ordenes de compras y servicios para adquirir juguetes, confeccionar T-shirt y polo shirt, desayuno, picaderas, almuerzos y rotulación de autobuses por un monto de RD$18,715,749.

A la empresa FARMA-S, JHR EXPRESS se le adjudicaron RD$11,005,243 para suministrar a la empresa productos farmaceúticos, mientras que SUPLIFARMA JYY realizó operaciones comerciales con la OMSA por RD$2,258,532.

Los auditores también observaron “ordenes de compras emitidas en un rango de tres meses para un mismo objeto de contratación de bienes y servicios y que en conjunto alcanzan el monto de los umbrales de la modalidad de contratación a aplicar y la elaboración de contratos entre las partes”.

El informe contempla, además, que “la revisión de los expedientes de pagos, relativos a las compras directas, representó el monto de RD$2, 209, 242,493, tomando en cuenta la identificación de los suplidores, frecuencia de contratación, procesos agotados y su validez”.

“Se verificó que las adquisiciones a veinte proveedores de obras, bienes y servicios se efectuaron sin tomar en consideración las formalidades de la ley”, dice el documento.

Mientras que las actas de adjudicaciones de los contratos fueron firmadas por los funcionarios Pedro Messon, presidente, en representación del Director General; Nelson Mejía, gerente administrativo, miembro; Willian Hernández, consultor jurídico, miembro; Víctor Eugenio Torres Rosa, gerente de planificación y proyecto de inversión, miembro (hasta junio de 2013(; y Rosa María Cruz Aracena, responsable de Acceso a la Información, miembro.

Todas esas operaciones de pagos fueron autorizadas por el director general Manuel Rivas y el gerente financiero Faustino Rosario Díaz inobservando las funciones, las competencias y responsabilidad individual de cada funcionario.

Las documentaciones de soportes de la auditoría revelan que todos los procesos fueron revisados y aprobados por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.

En la investigación, se “evidencian debilidades importantes en la operatividad de la gestión contable-financiera y del control interno, las cuales se manifiestan en omisiones e incumplimientos de procesos y procedimientos sustanciales, relativos a registros, base de sustentación y desembolso por concepto de compras y contrataciones públicas”

Otra de las irregularidades que figura en la investigación, que ya fue tramitada a la Procuraduría General de la República, es la concerniente al fraccionamiento de las compras que la Cámara de Cuentas entiende tenía por finalidad eludir la modalidad prevista por la ley.

El artículo 10 de la Ley de contrataciones públicas establece que: “La autoridad administrativa con capacidad de decisión en un organismo público no permitirá el fraccionamiento de las compras o contrataciones de bienes, obras o servicios, cuando éstas tengan por objeto eludir los procedimientos de selección previstos en esta ley para optar por otros de menor cuantía”.

En la resolución AUD-2018-04, a la que el periódico LISTIN DIARIO tuvo acceso, los auditores de la Cámara de Cuentas consideran que la investigación ha arrojado una serie de datos que evidencian que los principales funcionarios de la OMSA violaron “disposiciones legales de carácter obligatorio que regulan el ejercicio de la Función Pública que comprometen su responsabilidad administrativa, civil y penal”.

Aseguran que las operaciones irregulares detectadas por sus auditores “unidas a maniobras dolosas y fraudulentas implementadas en los procesos de contrataciones” se caracterizan por la reiteración de los proveedores contratados, adjudicaciones realizadas de manera directa, fraccionamiento de las compras así como órdenes de compras no avaladas por los contratos correspondientes.

Los investigadores exponen el análisis realizado a nueve adquisiciones que se efectuaron con procedimiento de urgencia, por un monto de RD$145, 564,199 para dotar de equipos al taller de la OMSA en las que se resaltan las empresas Tech Solution y Grupo Martisdom propiedad de Eddy Santana Zorrilla, acusado de sobornar a Yuniol Ramirez, quien fue asesinado en las inmediaciones de la UASD el miércoles 11 de octubre, y de su sobrina, Rosary Margarita Hernández Santana.

Tech Solution y Grupo Martisdom, que fueron dos de las adjudicatarias, recibieron como pago por sus servicios RD$57, 652,061, mientras a las siete compañías (C&S Comercial, CxA, Lubricantes Diversos, Grupo Eléctrico Herrera, Bjtj High Technology, Ventosa Group, Elgi Tex y Ixpark Bussines) les fueron adjudicados RD$87,675,106 para las adquisiciones restantes.

La Cámara de Cuentas también determinó, entre el cúmulo de irregularidades y violaciones de los procedimientos, la contratación de bienes y servicios a través de 30 empresas por RD$203, 979,771 sin que se tomaran en cuenta “los umbrales establecidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones, para la aplicación de la modalidad de selección que le correspondía para estos casos”.

Los auditores de la Cámara de Cuentas consideran que la investigación especial evidencia que los hallazgos “han impactado de manera negativa el patrimonio público y han causado graves perjuicios económicos a la entidad”, y “se pone de manifiesto, la ausencia de gestión de factores de riesgo que inciden en las contrataciones públicas”.

DETALLES AMPLIOS Y ANTECEDENTES DEL CASO
Tras el escándalo por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez quien había amenazado someter a la justicia un expediente sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de bienes y servicios por parte de funcionarios de la OMSA en contubernio con suplidores, el procurador general de la República pidió a la Cámara de Cuentas una auditoría a la gestión de Manuel Rivas, en el cargo desde agosto de 2012.

La petición del procurador se produjo cinco días después del hallazgo del cadáver del presidente de Convergencia Nacional de Abogados (CONA), el 12 de octubre de 2017, y ese mes un equipo de 10 técnicos de la Cámara de Cuentas, integrado por auditores abogados, financieros y tecnólogos, llegó a la entidad a realizar la “investigación especial” que comprendía desde 2012 hasta 2017.

El equipo enviado a la OMSA informó en ese entonces que ese tipo de investigación requería entre 45 y 65 días, pero que dependería de la disponibilidad de las informaciones que buscaban.

Durante los meses entre octubre de 2017 y abril de 2018 algunas informaciones trascendieron en la opinión pública. En diciembre del pasado año el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, anticipó que habría sorpresas “muy desagradables”.

FUENTE: Ramón Pérez Reyes/Listín Diario

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Ministra de la Juventud encabeza entrega de becas a 1,162 jóvenes

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Los 1,162 jóvenes que resultaron beneficiados con la Convocatoria Nacional de Innovación y Tecnología, a través del programa Agentes del Cambio, participaron en el acto de entrega de sus respectivas cartas de becas, el cual estuvo encabezado por la Ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer.

El otorgamiento de estas becas se enmarca dentro de la meta de gobierno del presidente Danilo Medina, República Digital, e impactará positivamente a las familias de los becados, representando para ellas un ahorro mensual de alrededor de 9,500 pesos.

Durante el evento, realizado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, la Ministra de la Juventud resaltó que Agentes del Cambio es un programa democrático, que toca de manera especial la juventud en situación de vulnerabilidad.

“Hoy me llena de emoción ver como jóvenes, entre ellos motoconchistas, amas de casa y madres solteras, tienen la oportunidad de prepararse y hacer realidad sus sueños”, añadió Balcácer.

Por su parte, el encargado de la Unidad de Becas del Ministerio de la Juventud, Edgar Bismark Lantigua, explicó que Agentes del Cambio es transparente e inclusivo.

“Para la selección de estos 1,162 beneficiaros, el Consejo Evaluador trabajó arduamente. El 54% de los impactados corresponde a las carreras de desarrollo de software e ingeniería de sistemas computacionales, mientras que el 46% restante se encuentra distribuido en ciberseguridad, telemática, electrónica, mecatrónica y redes, en 25 universidades de las 32 provincias”, agregó.

La inversión total fue de RD$322,406,226.10, representando un ahorro para el Estado de RD$8,691,489.50, gracias a los convenios de colaboración con las instituciones de educación superior.

En representación de los beneficiados habló la joven Lina María Martínez Heredia, quien resaltó que con la formación y el conocimiento se puede vencer las dificultades que en el trayecto se presentan.

“En nombre de todos los jóvenes presentes, gracias al gobierno dominicano, a través de usted señora Ministra Robiamny Balcácer, por darnos esta oportunidad. Reciba sinceramente nuestro reconocimiento por hacer realidad este sueño”.

República Digital busca garantizar el acceso de los dominicanos a las tecnologías de la información y comunicación.

El mismo contempla cuatro ejes estratégicos: educación y tecnología, banda ancha para todos, República Digital productiva y gobierno digital y transparente.

El pasado 16 de junio se realizó en el Palacio Nacional el lanzamiento de 61 nuevos servicios en línea, en el que de manera simbólica, el presidente Danilo Medina hizo la entrega de la carta de beca de Innovación y Tecnología a Eugenio Mejía Trinidad, de San Pedro de Macorís.

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Gobierno dice solo pagó RD$430 millones a Joao Santana y Monica Moura

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El Gobierno dominicano informó que los pagos totales a las empresas de Joao Santana y Monica Moura ascendieron a RD$430,506,711.17, negando de esta manera la acusación que hiciera el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de contratos por valor de RD$1,400 millones.

“Es vidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”, señala en una carta José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, que fue leída hoy en la sesión de la Cámara de Diputados.

El Gobierno dominicano aseguró cuando se produjeron las contrataciones esas personas no estaban acusadas ni condenadas de delito alguno.

Según la comunicación del Administrativo, los contratos con Santana y Moura fueron rescindidos entre enero y marzo de 2016 en atención a que se trataba de asesores de la campaña del presidencia Danilo Medina, que buscaba la reelección.

“Los procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos”, indica la comunicación.

La carta del Gobierno llega en respuesta a la diputada Faride Raful, quien denunció que le habían pagado hasta RD$1,400 millones a los brasileños, que resultaron condenados en Brasil por casos de corrupción y lavado de activos.

A CONTINUACIÓN LA CARTA COMPLETA

Honorable

Rubén Maldonado Díaz

Presidente de la Cámara de Diputados

de la República Dominicana

Su Despacho

Honorable señor Presidente:

Cortésmente, nos dirigimos a usted, y a través suyo a los demás honorables miembros de la Cámara de Diputados, para suministrarle las informaciones relativas a los servicios publicitarios contratados y pagados a las empresas CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante el período 2012-2016. Hacemos esta comunicación en respuesta a la denuncia hecha en esa cámara legislativa el jueves 12 del mes en curso por los diputados Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz, quienes también sometieron un proyecto de resolución con miras a poner en marcha un proceso de investigación sobre los referidos contratos.

Mediante comunicación separada le estamos remitiendo a los indicados diputados la información solicitada en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, pero a la vez hemos querido compartir con usted y demás miembros de esa cámara legislativa no solo esas informaciones, sino también algunas consideraciones que estimamos relevantes para mostrar las tergiversaciones mal intencionadas en que han incurridos dichos diputados en su proyecto de resolución y en las intervenciones de algunos de ellos en los medios de comunicación.

Lo primero a señalar es que las informaciones a que se refieren dichos diputados están desde hace bastante tiempo en su poder, pues estas les fueron suministradas a través de: a) la comunicación del 7 de abril de 2017 del Ministerio Administrativo de la Presidencia en respuesta al honorable diputado Francisco Javier Paulino; y b) la comunicación del 2 de febrero de 2018 de la Contraloría General de la República en respuesta a la honorable Diputada Faride Raful Soriano. De esto se desprende que la solicitud de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano. En cualquier caso, continuaremos suministrando toda la información requerida sobre este asunto, como en efecto hemos hecho a través de la comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia del 13 de julio del año en curso en respuesta a la honorable diputada Faride Raful Soriano.

En lo que respecta al fondo de esta cuestión, lo primero a plantear es que en la contratación de las referidas empresas por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación se actuó con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a las normas de transparencia que rigen el proceso de contratación y pago en la Administración Pública. Hay que decir, además, que los pagos realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que estas prestaron sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares.

Pasamos ahora a examinar algunos puntos cruciales del proyecto de resolución presentado en esa cámara legislativas por los diputados antes mencionados:
1) En la página 16 del proyecto de resolución se solicita “a) Verificar legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación (DICOM)…’’. Al respecto, como hemos señalado, la contratación de dichas empresas se hizo con estricto apego a las normas legales y de transparencia aplicables a este tipo de contratación por parte de entes y órganos de la Administración Pública. En efecto, dicha contratación se hizo en virtud del artículo 6 de la Ley núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Más aún, se cumplieron todas las formalidades propias para la contratación de dichos servicios, su facturación y pago. Esto es lo que nos permite estar en condiciones de ofrecer todas las informaciones que se nos solicite en relación a los referidos contratos, lo cual hacemos no solo porque es una obligación legal, sino también por nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

2) En su informe, los indicados diputados han difundido la falsa información de que el gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación, pagó la suma de mil cuatrocientos millones de pesos (RD$1,400,000,000.00) a las empresas CINE &ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. Nada más alejado de la verdad. Los pagos totales que se le hicieron a esas empresas durante los años que prestaron servicios a estas instituciones, incluyendo ITBIS e impuestos, ascendieron a la suma de cuatrocientos treinta millones quinientos seis mil setecientos once pesos con diez y siete centavos (RD$430,506,711.17), la cual se desglosa de la siguiente manera:

Empresa Contratada Institución Contratante Monto Pagado
Polis Caribe, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 184,097,700.00
Polis Caribe, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 71,555,766.77
Cine&Arts2003, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 139,090,395.00
Cine&Arts2003, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 35,762,850.00

Es vidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados.

3) En cuanto al alegato de que dichos contratos siguen vigentes, desmentimos esa información, al tiempo que ofrecemos la información correcta: a) el contrato con POLIS CARIBE, S.R.L. inició el 3 de diciembre de 2012 y fue rescindido el 3 de diciembre de 2015 mediante una carta enviada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia Al respecto, vale aclarar que la razón por la cual se produjo la terminación de ese contrato fue que a partir del 1 de enero de 2016 empezaría de lleno la campaña electoral en la que el presidente Danilo Medina competiría para un segundo mandato, por lo que era inapropiado que quienes serían sus asesores de campaña tuvieran al mismo tiempo contratos con instituciones del gobierno. Algo similar puede decirse en relación al contrato con CINE &ARTS2013, S.R.L. Su contrato inició el 3 de marzo de 2014 y estuvo vigente hasta el 3 de marzo de 2016.

4) Los referidos diputados han alegado que las empresas con las que se hicieron esas contrataciones eran propiedad de personas que fueron acusadas de corrupción, lavado de activos y otros delitos en su país de origen, Brasil, por lo que dichas contrataciones también fueron ilegales. Al respecto, es importante aclarar que los propietarios de esas empresas –los señores … -no estaban acusados ni condenados por ningún delito ni al momento en que se produjeron las contrataciones ni durante la vigencia de esos contratos. Los procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos.

5) En en lo que respecta a la acusación de que la memoria del Ministerio Administrativo de la Presidencia correspondiente al año 2014 no se encuentra disponible, les indicamos que sí está publicada en su portal Web (www.mapre.gob.do), al igual que las demás memorias correspondientes al período 2013-2017, en las que se puede comprobar el desempeño presupuestario en el acápite publicidad y otros servicios técnicos profesionales. Si bien en ese acápite aparece un momento global, esto se debe a la enorme cantidad de libramientos que se emiten durante el año, pero el Ministerio está disponible para ofrecer cualquier información particular que se le solicite..

Honorable señor presidente: agradecemos de antemano la atención que le preste a esta comunicación, al tiempo que nos ponemos a su disposición en caso de requerir información adicional sobre este asunto. Reafirmamos a la vez nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros sentimientos de la más alta estima y consideración.

Atentamente,

José Ramón Peralta F.

Ministro Administrativo de la Presidencia

Roberto Rodríguez Marchena
Director General de Comunicación

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