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Ayuntamiento de Santiago rechaza fallo en el que embargan cuenta personal del alcalde Abel Martínez

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La Dirección Legal del Ayuntamiento de Santiago, aclaró que el embargo sobre las cuentas personales del alcalde Abel Martínez, obedece a una decisión distorsionada y arbitraria por parte del magistrado Ramón Francisco Ureña Ángeles, juez de la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial.

El embargo de las cuentas personales del Banco Popular del alcalde de Santiago, viene a raíz de los cobros realizados por una firma de abogados, en representación de una empresa suplidora de la gestión pasada que dirigía el entonces sindico José Enrique Sued Sem.

El vocero del alcalde Fernando Ramírez, describió la sentencia del Juez, Ramón Francisco Ureña Ángeles, como arbitraria y sin fundamentos relégales.

La dirección legal del Ayuntamiento de Santiago, criticó además la actitud del Banco Popular, que no se detuvo a analizar que esta no era una demanda de responsabilidad patrimonial, ni personal, según los representantes legales del ayuntamientos el tribunal nunca estableció que se condenaba de manera solidaria al alcalde Martínez, tampoco puntualiza sobre en qué consiste su responsabilidad.

La sentencia civil marcada con el número 367-2018-SSEN-001699, de la Tercera Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial de Santiago, en la cual se ordena el pago de facturas de servicios a favor del nombrado Ignacio Paulino, ascendente a unos RD$ 5,272,339.20, por concepto de alquiler de equipos a esa entidad edilicia durante los años 2008 y 2009.

Los representantes legales tanto del Ayuntamiento como del alcalde también criticaron la forma que de manera, “alegre e irresponsable” la entidad de intermediación financiera Banco Popular y sus ejecutivos procedieron a emitir una certificación, que hoy es utilizada con malas intenciones, en todos los medios de comunicación de masas y redes sociales.

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Ana Julia ahora dice que mató al niño Gabriel por efectos de pastillas

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ESPAÑA.- Ana Julia Quezada, autora confesa del asesinato del niño Gabriel Cruz en Rodalquilar (Níjar, Almería), escribió desde la cárcel una carta de puño y letra a Ángel Cruz, progenitor del menor y su pareja en el momento del crimen, en la que pide le perdón “de todo corazón” y en la que dice “lamentar” todo el daño que le ha hecho a él y a la madre de Gabriel, Patricia Ramírez.

“Te quité lo más grande que uno puede tener, un hijo”, dice la mujer, que sostiene que no le importa pasar el resto de su vida en la cárcel porque lo que hizo “está muy mal”.

La asesina confesa agrega que no planificó el crimen, en contra de lo que sostiene el instructor en el sumario, y culpa a las pastillas que tomaba.

La carta de Quezada, que mantuvo enterrado el cuerpo del niño durante 13 días hasta que la Guardia Civil la detuvo cuando lo transportaba en el maletero de su coche, se encuentra entre los 1.800 folios del sumario, cuyo secreto ha levantado parcialmente el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería que investiga la causa.

En el sumario consta otra carta, enviada a un programa de televisión, en la que, al igual que la del padre, asegura que fue “un accidente” y que actuó “bloqueada por el miedo”.

Quezada asegura que si no se entregó, fue porque no fue “suficientemente fuerte” para confesarlo y que poco a poco se fue “metiendo en una bola más grande”.

La mujer, investigada como presunta autora de los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral por la muerte del pequeño en una casa paterna de este en Rodalquilar, permanece en el centro penitenciario de El Acebuche desde que se decretara su ingreso en prisión el pasado 15 de marzo, tras su segunda citación ante el juez, donde se mantiene interna en el módulo de mujeres sin que se le haya concedido el traslado a otras cárceles. Se enfrenta a 25 años de prisión.

Los informes forenses que contiene el sumario descartan tóxicos en el cuerpo del niño y ratifican que murió asfixiado.

El niño murió entre una y dos horas después de la “última ingesta de alimento sólido” al sufrir una “anoxia anóxica” tras una “asfixia mecánica por sofocación manual”, en concreto una “oclusión extrínseca de los orificios respiratorios, fosas nasales y boca.

El estudio criminalístico, según recoge el sumario, señala que la muerte del niño se produjo entre las 15.30 y las 16.30 del 27 de febrero del 2018, poco después de que supuestamente se produjese su desaparición en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar.

“Los alimentos encontrados se tratan de macarrones, tomate, cebolla y fibras musculares compatibles con carne, pescado o algún tipo de embutido”, indican los forenses.

Fuente: El País

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Recusación a jueza impide conocer medida de coerción a oficiales por robo de RD$1.5 millones

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SANTO DOMINGO.
Los abogados de los cinco oficiales sometidos a la justicia por el robo de RD$1.5 millones a una comerciante en el municipio de Los Alcarrizos, recusaron ayer a la jueza Clara Rivera para que no pudiera conocer la medida de coerción.

Según dijeron los abogados, la recusación es porque solicitaron a la jueza de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocer a un testigo del Ministerio Público que colaboró para la investigación, pero la magistrada no acogió el pedimento.

Los oficiales implicados en este hecho son el coronel Francisco Radhamés Vargas Ureña, encargado de la Dicrim en Santo Domingo Oeste; el teniente coronel Santiago Sánchez Gálvez, el capitán Martín Madé Lara y el segundo teniente Ormandis Onésimo Alcántara Castillo, asignados también a esa unidad investigativa.

Contra estos, el Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva como medida de coerción, además de declarar complejo el caso.

Sobre el caso
La información de la Fiscalía indica que luego que los policías recibieron la denuncia del robo en casa de la comerciante, los oficiales procedieron a realizar un allanamiento ilegal el pasado 7 de junio del 2018 en la vivienda del presunto autor material del robo, Fernando de la Rosa, a quien se acusa de sustraer la indicada suma de RD$1, 500,000 de la residencia de la víctima.

La instancia con la solicitud del Ministerio Público narra que los oficiales, una vez se presentaron en la vivienda del imputado Fernando de la Rosa, quien cumple tres meses de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de La Victoria por su vinculación al robo, procedieron a presionarlo para que indicara dónde se encontraba el dinero sustraído.

Agrega que los policías, hoy imputados, reportaron a la Fiscalía de esta demarcación una supuesta entrega voluntaria de RD$329,500.00 en efectivo, sustrayendo la suma de RD$1,170,500.00, los cuales se habrían repartido entre los imputados Francisco Radhamés Vargas Ureña, Santiago Sánchez Gálvez, Madé Lara y Ormandis Onésimo Alcántara Castillo.

Mediante un parte de prensa, el Ministerio Público informó que cuenta con diferentes elementos probatorios para demostrar en los tribunales la responsabilidad penal de los imputados en este hecho ilícito.

DL

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