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Procuraduría archiva expediente de ocho del caso Odebrecht y presenta acusación contra siete

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Ayer la Procuraduría General de la República dio inicio a una travesía judicial que tardó 17 meses en preparar e incluyó hasta un equipo formado por el FBI: la acusación a siete imputados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En una transmisión en vivo, un adusto Jean Rodríguez, procurador general, flanqueado por sus fiscales adjuntos, ofreció los detalles de la acusación formal que horas antes había sido entregada al juez de Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco.

Enfrentarán el proceso judicial el empresario Ángel Rondón Rijo, el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, el exministro de Obras Públicas y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, Gobierno), Víctor Díaz Rúa, y el senador por San Cristóbal (PLD), Tommy Galán Grullón.

También los expresidentes del Senado, Porfirio Andrés Bautista García, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Jesús Antonio (Chú) Vásquez Martínez, secretario general del PRM y quien no era parte de los imputados, así como el perremeísta y exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa), Juan Rodríguez Hernández.

Mientras que fueron archivados provisionalmente los expedientes a César Domingo Sánchez (exvicepresidente de la CDEEE), el ingeniero Bernardo Castellanos de Moya, el empresario Máximo D’Óleo, Alfredo Pacheco, diputado del PRM, y Ruddy González, exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); así como Juan Temistocles Montás Domínguez (exministro de Economía y de Industria y Comercio), Radhamés Segura (exvicepresidente de la CDEEE) y Julio César Valentín (actual senador por Santiago), miembros del Comité Político del PLD .

De estos ocho mencionados, sobre quienes pesaron medidas de coerción, el procurador señaló: “No hemos encontrado evidencias suficientes”.

Momento y verdad
A dos días de vencer el plazo para presentar acusación, Rodríguez dijo que “llegó el momento de la verdad”, una verdad, un momento que defendió con palabras dirigidas a los cuestionamientos a la investigación llevada por el Ministerio Público desde enero de 2017.

“Preparar expedientes fuertes en casos de corrupción, basados en evidencias y no conjeturas o rumores, no es tarea fácil”, expresó. Seguidamente apuntó las dificultades, enfrentado a “personas con el poder de comprar conciencias y confundir a la ciudadanía”.

“A muchos los escuchamos argumentar sobre expedientes débiles sin haber leído ni una sola página de ellos. En esos casos, es oportuno indagar cuáles son sus motivaciones y quiénes financian sus movimientos”, señaló en clara alusión a los grupos que han expresado sospechas sobre la idoneidad de las gestiones de la Procuraduría, en especial el movimiento Marcha Verde.

Ahora queda esperar que esta acusación, que según Jean Alain Rodríguez necesitó de miles de horas de investigación llegue “a buen puerto”.

Punta Catalina, sin evidencias
La Termoeléctrica Punta Catalina, obra adjudicada a Odebrecht, quedó fuera del expediente. Según el procurador general, luego de agotar un proceso de indagación y auditoría, no se encontraron “evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra”, como tampoco su financiamiento.

FUENTE: DIARIO LIBRE

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Procurador llama a no difundir fotos ni información de menores víctimas de violencia

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SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, hizo un llamado este lunes a la ciudadanía a no exponer, ni compartir nombres, fotos, ni información alguna de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido diferentes tipos de violencia, y en especial, delitos sexuales, tras indicar que cuando se comparte la vida de ellos, se les están violando todos sus derechos.

El magistrado Rodríguez señaló que el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), cumpliendo con las obligaciones asumidas por el Estado dominicano respecto a las convenciones internacionales en la materia, establece la supremacía del interés superior del niño, que consiste en garantizar su desarrollo integral y una vida digna.

“Es por ello que al momento de ser investigado un caso de abuso sexual que trasciende a los medios de comunicación, no debemos revictimizarlos, porque vulneramos sus derechos humanos, desprotegiéndolos y exponiendo su integridad, honor e intimidad”, manifestó en un comunicado.

En ese sentido, indica El Caribe que el magistrado recordó que para esa nociva práctica existen sanciones penales y advirtió que ha instruido para que el Ministerio Público actúe con la mayor severidad posible contra los infractores.

Dijo que el daño moral y público hacia los niños víctimas de este delito es irreparable.

“Es por ello, que al no difundir fotografías, ni nombre o grabaciones, estamos contribuyendo al sano crecimiento de éstos y no entorpecemos las investigaciones contra los imputados de tan dañinos e inaceptables delitos, teniendo mayores probabilidades de lograr una ejemplar sanción”, expresó.

El jefe del Ministerio Público apeló a la conciencia colectiva, a los valores y respeto al dolor ajeno, para que se proteja la vida, los días y los años futuros de los niños, niñas y adolescentes que han sido abusados.

De forma enfática, dijo que cada vez que se comparte una imagen, se transgrede nuevamente a la persona que está pasando por esa situación, exponiéndolos a otra forma de violencia.

“Todos somos responsables de lacerar los derechos de las víctimas cuando compartimos este tipo de información, todos estamos llamados a velar, como ciudadanos y ciudadanas, por la protección de quienes han sido violentados”, sostuvo el procurador.

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El DNI cuenta con más de 10 mil infomantes

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Sigfrido Pared Pérez, director del DNI.

El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) cuenta con dos mil personas para garantizar la seguridad nacional.

Sigfrido Pared Pérez, director del DNI, también reveló que existen entre 10 y 15 mil profesionales de diversas áreas que no son de la institución, pero ofrecen informaciones al DNI y que son personas que protegen y aportan a la democracia.

Explicó que en todos los países, el primer capítulo de su Constitución está orientado a la seguridad nacional y establece parámetros para que las naciones se provean de elementos que puedan garantizar que los gobiernos, los presidentes y los funcionarios puedan tomar las mejores decisiones en las políticas de Estado, y que esa es la función de la institución que encabeza.

“El DNI es quien empuja en gran medida a que los presidentes y los funcionarios reciban las informaciones y los análisis de inteligencia que puedan sustentar la base sobre la cual puedan establecer sus decisiones para lograr objetivos nacionales”, agregó.

Al ser entrevistado en el programa “Verdades al Aire”, que conduce el periodista Adolfo Salomón los sábados a las a partir de las 10:00 de la mañana por CDN Canal 37, explicó que todo lo que altera o pueda afectar al dominicano tiene que ver con el DNI.

Alto riesgo

El director del DNI indicó que a pesar de República Dominicana ser el país de más alto riesgo en América Latina “tenemos una nación que va desarrollándose, que va avanzando y que está en proceso de perseguir los objetivos nacionales”.

Explicó que es de alto riesgo porque “hay que recordar que somos el único país del mundo, que tiene frontera con el país más pobre del hemisferio, que es Haití, además por la cantidad de indocumentados que hay en el territorio y por estar en punto medio de países que producen cocaína”. También citó la cercanía con Puerto Rico, que tiene políticas migratorias con Estados Unidos”.

Expresó que el DNI mantiene la vigilancia a personas con problemas con la justicia, principalmente deportados, o que tienen que ver con trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, que utilizan las fronteras, terrestre, marítima o aérea del país.

En cuanto a la frontera, declaró que trabajan con tecnología como drones, de los cuales han adquirido tres que pueden durar 18 o 22 horas en el aire, para vigilar el contrabando y todo lo que se mueve en esa zona, pues tienen cámaras infrarrojas que detectan personas a 5 kilómetros, ya sea de noche o de día.

Vigilancia telefónica y a las redes sociales

Sigfrido Pared Pérez reiteró que el organismo realiza vigilancia e intervenciones telefónicas y a las redes sociales, pero siempre bajo el amparo de la ley y bajo ciertas regulaciones judiciales con la autorización.

El ex ministro de Defensa reiteró que el Departamento Nacional de Investigaciones no puede hacer ningún tipo de interceptación sino se tiene una investigación abierta, algo que la justifique.

FUENTE: Elcaribe.com.do

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