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Opinion

Beneficios del acuerdo con la firma Odebrecht

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Los frutos del acuerdo de colaboración suscrito entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht en marzo de 2017, quedan evidenciados en el expediente acusatorio contra los imputados en la red de corrupción que ha sido llevado ante la Justicia dominicana.

En total, el Ministerio Público está aportando más de 800 páginas de evidencias, debidamente traducidas, entregadas exclusivamente por Odebrecht en virtud del acuerdo de colaboración, que ha sido clave en el proceso y que ha servido de punto de partida para muchas otras de las investigaciones realizadas aquí por los fiscales encargados por la Procuraduría General de estructurar el expediente.

Revisando el voluminoso y sustancioso expediente, se establecen una serie de puntos trascendentes: que además de las pruebas documentales, el Ministerio Público tiene previsto presentar como testigos a varios ejecutivos de la constructora brasileña, a fin de acreditar en audiencia las informaciones entregadas por la empresa en cumplimiento del acuerdo de colaboración, con cuyos testimonios se pretende demostrar las ‘circunstancias y hechos sobre esta acusación que sean de conocimiento’ de dichos ejecutivos.

Por ello, revisando la sección sobre ‘descripción y ofrecimiento de los elementos de pruebas’ que fundamentan la acusación contra los imputados, es fácil establecer que los documentos aportados por Odebrecht jugarán un papel protagónico durante la audiencia preliminar y el juicio de fondo, como lo hicieron a lo largo del proceso de investigación del escándalo, debido a la coherencia de las denominadas ‘delaciones premiadas’ y un volumen importante de documentos y comunicaciones que datan desde principios del 2017, poco después de que estallara el escándalo.

Es trascendente, según se desprende de la lectura del expediente, el relato de Marco Vasconcelos Cruz –el delator principal de los hechos ocurridos en República Dominicanaó ya que en sus ‘delaciones premiadas’ se nombraran políticos, empresarios, abogados y funcionarios públicos vinculados a la constructora durante su período de actuación en el país, como también la relación de transferencias, contratos ficticios, presentados en las acusaciones, principalmente contra Angel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga, considerados entre los principales imputados del escándalo.

Y sale a relucir un documento de cuatro dossiers de informaciones, común a todos los imputados, con lo que tratarán de demostrar las ‘transferencias de dinero provenientes de sociedades ‘offshore’ relacionadas a Odebrecth, a través de cuentas de bancos nacionales e internacionales a beneficio de las empresas que conformaron su entramado societario a favor de los imputados, empresas vinculadas y allegados’, citándose el Meinl Bank, de Antigua, así como otras empresas ‘offshores’ vinculadas a la red de sobornos: Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Development Ltd, Kleinfeld Services Ltd, Trident Inter Trading Ltd. y Fasttracker Global Trading Ltd, nombres que han resonado en las investigaciones por corrupción que países como Panamá llevan sobre el caso Odebrecht. . La aparición de los nombres de Rondón y Pittaluga en esos documentos lo ‘tipifica’ como una de las ‘piezas clave’ del expediente.

La empresa constructora entregó, asimismo, informaciones contundentes que explican el esquema de corrupción utilizado para realizar pagos indebidos. Incluye una certificación que revela la identidad de los usuarios del sistema de comunicación Drousys, utilizado por la ‘División de Operaciones Estructuradas’, que operó en el país y que servía para coordinar las transferencias de los sobornos. Y aportó también a los fiscales certificaciones adicionales de las transacciones y operaciones realizadas por la constructora a favor de diversas compañías, tales como Arma y Roymar.

Mucha gente quiere más imputados. Otros consideran que el trabajo realizado por la Procuraduría es satisfactorio. No faltan los que consideran que el tema es más político que jurídico y hay quienes se quejan de los vínculos de los siete que, finalmente, resultaron encartados en el voluminoso expediente presentado la semana pasada ante la Suprema Corte de Justicia.

La generalidad de la sociedad pensante y no tan contaminada con el torrente de información –oficiales, interesadas, distorsionadas, sensacionalistas– que han girado en torno a este episodio sin precedentes, dan un voto de confianza al Ministerio Público, encarnado por la Procuraduría General de la República, y a la Justicia ante al gran reto que tienen en la lucha contra la corrupción.

Y revela el volumen del expediente que, definitivamente, el acuerdo de cooperación logrado por las autoridades judiciales con Odebrecht en marzo del 2017 fue una acción acertada que, por demás, cobró los 92 millones de dólares que admitió la constructora haber invertido en pagos de sobornos y, adicionalmente, se logró que pagara el duplo, o sea otros 92 millones de dólares de multa por el delito cometido y aceptado.

Ha quedado claramente demostrado, entiendo, que en la conformación de este delicado y ruidoso expediente primó el interés de hacer justicia, por lo que quien no está no está y quien debe estar, está, según las pruebas, la documentación recopilada por los fiscales de la Procuraduría. No hay signos de vendettas ni de aceptación, por temor, de llenar páginas con nombres sonoros, contra quienes no se puede probar participación delictiva, aunque la calle, la bullanguería los señale, muchas veces más por un dejo de hacer maldad que por el interés de hacer justicia.

Concluyo en el entendido de que, muy contrario a lo que cacarean y pretenden hacer creer políticos y vocingleros, se ha dado un paso importante, sin precedentes, trascendente en la demandada persecución y sanción de la corrupción, una de las obligaciones puestas sobre los hombros de las autoridades judiciales de la nación.

RUDDY L. GONZÁLEZ/LISTÍN DIARIO

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Opinion

Hablemos de abuso sexual

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POR ANYELINE LÓPEZ.-El abuso sexual en la infancia y en la adolescencia es la forma de maltrato más difícil de aceptar, de reconocer y de diagnosticar, sin embargo en los últimos meses pareciera que se destapó una caja de pandora y los múltiples casos sobre abuso a menores  de edad se han convertido en el tema central en medios de comunicación y generadores de la opiniones públicas.

La espesura del drama que abarca al abuso sexual contra niños y jóvenes invita a revisar sus ideas fundantes y elementales para detectarlo a tiempo, para comprender el fenómeno y para analizar el impacto de las cifras locales.

El tema interpela hasta a los propios expertos que discuten cómo nombrar este delito contra los menores; para ser justos y precisos ante tanta indefensible que atraviesan las víctimas.

De todas las formas de maltrato a niños y niñas, la más difícil de aceptar, reconocer y diagnosticar es el abuso sexual en la infancia que está en la pirámide de la complejidad.

Por ello el abuso sexual se mantiene oculto, por vergüenza, temor y porque se violan tabúes sociales y roles familiares. [Los adultos, la mayoría de las veces recibe con incredulidad el relato de un niño, niña o adolescente y tiende a desmentirlo”, destacó la psicóloga argentina Sonia Almada.

Está comprobado por los expertos que las denuncias sobre abuso sexual en la infancia y en la adolescencia provienen en su mayoría del entorno o de un allegados, pero no de las propias víctimas.

Según estimaciones de la Organización Mundial para la Salud, una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de los 18 años, informes recientes que revelan como seis millones de niños y niñas en la región Latinoamericana y el Caribe sufren abusos severos, incluyendo abandono y 80,000 niños y niñas menores de 18 años mueren anualmente por abusos de parte de sus padres.

Los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana también forman parte de estas estadísticas: El castigo corporal sigue siendo una práctica disciplinaria aprobada en hogares y escuelas y la Enhogar 2006  (Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples) reveló que 83% de los niños entre 2 y 14 años recibe castigo físico o sicológico en sus hogares.

En la República Dominicana La Ley No. 136-03 Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El presente Código tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. pero, qué tanto se cumple o se conoce de está  ley?

La información recopilada por Unicef de distintos países de la región de América Latina y el Caribe muestra que entre el 70% y el 80% de las víctimas de abuso sexual son niñas, y que en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y en tres cuartas partes son familiares directos .

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Opinion

Nuevo fiscal de Santiago fue camarero, declamador y tiene dos maestrías

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El nuevo fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez, en sustitución de Luisa Liranzo, trabajó como camarero en dos importantes hoteles de la ciudad de Santiago para costear sus estudios de Derecho en la universidad.

Núñez, aficionado de las declamaciones del argentino  Antonio Comas (El Indio Duarte), primero se dio a conocer en ciertos círculos de Santiago por su labor como camarero en Imágenes Bar del Hotel Santiago Camino Real, a principios de la década del 90 y  frecuentado por personas de todas las clases sociales de esta ciudad. Luego pasó a laboral al Hotel Gran Almirante.

 El nuevo fiscal de Santiago fue  escogido para sustituir a Liranzo, al aprobar el concurso del Consejo Superior del Ministerio Público en cumplimiento con la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.

Se graduó de licenciado en Derecho en  la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) de Santiago e ingresó a la fiscalía local en el 2004.

Tiene  una maestría en Derecho y Procedimiento Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y otra en Legislación de Tierras.

Desde el 2008 forma parte de la Carrera del Ministerio Público, donde es egresado del Programa Extraordinario de Formación (PEF) de la Escuela del Ministerio Público.

Ocupó el cargo de  director del Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados y  Director del Departamento de Denuncias y Querellas de la fiscalía de Santiago.

Es nativo del sector de Bella Vista, al suroeste de Santiago.

FUENTE: Listín Diario

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