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Acusados del asesinato de Junior serán juzgados en corte del Bronx; atrapan octavo sospechoso

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Los seis acusados en el asesinato del adolescente Lesandro Guzmán- Feliz (Junior), de 15 años, serán trasladados mañana de Patterson, en el estado de Nueva Jersey, a la ciudad de Nueva York, donde se cometió el crimen y serán juzgados.

La fiscal del Bronx, donde vivía y fue asesinado el joven, dijo que los implicados serán juzgados donde ocurrió el hecho.

En la comparecencia ante la corte de Nueva Jersey, donde fueron arrestados la mayoría de los acusados, los imputados se mantuvieron cabizbajos, contestando solo “sí” y “no” y en voz baja, y utilizaron un traductor para limitarse a reponder en español.

Una vez lleguen los implicados al Bronx le serán asignados nuevos abogados.

Sobre el caso, el jefe de Detectives del Departamente de Policía de Nueva York, Dermot Shea confirmó la captura de un octavo acusado en el asesinato de Guzmán- Feliz. Hasta ahora no ha sido revelada la identidad del detenido.

De acuerdo con las autoridades de Nueva Jersey, José Muñiz, de 21 años, José Tavérez de 18, Manuel Rivera de 21, Daniel Fernández, de 24, Joniki Martinez, de 24 y Santiago Rodriguez de 24, están detenidos por el asesinato del menor de 15 años.

Posteriormente fue arrestado Kevin Álvarez, de 19 años, quien el lunes fue acusado formalmente de asesinato y otros cargos en contra de Guzmán-Feliz.

El adolescente Lesandro Guzmán, de origen dominicano, fue asesinado por una banda latina al ser confundido con otro joven. El chico fue perseguido hasta una bodega, de donde fue sacado y herido mortalmente.

Por si te lo perdiste mira la comparecencia de acusados en corte de New Jersey

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Gobierno dice solo pagó RD$430 millones a Joao Santana y Monica Moura

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El Gobierno dominicano informó que los pagos totales a las empresas de Joao Santana y Monica Moura ascendieron a RD$430,506,711.17, negando de esta manera la acusación que hiciera el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de contratos por valor de RD$1,400 millones.

“Es vidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”, señala en una carta José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, que fue leída hoy en la sesión de la Cámara de Diputados.

El Gobierno dominicano aseguró cuando se produjeron las contrataciones esas personas no estaban acusadas ni condenadas de delito alguno.

Según la comunicación del Administrativo, los contratos con Santana y Moura fueron rescindidos entre enero y marzo de 2016 en atención a que se trataba de asesores de la campaña del presidencia Danilo Medina, que buscaba la reelección.

“Los procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos”, indica la comunicación.

La carta del Gobierno llega en respuesta a la diputada Faride Raful, quien denunció que le habían pagado hasta RD$1,400 millones a los brasileños, que resultaron condenados en Brasil por casos de corrupción y lavado de activos.

A CONTINUACIÓN LA CARTA COMPLETA

Honorable

Rubén Maldonado Díaz

Presidente de la Cámara de Diputados

de la República Dominicana

Su Despacho

Honorable señor Presidente:

Cortésmente, nos dirigimos a usted, y a través suyo a los demás honorables miembros de la Cámara de Diputados, para suministrarle las informaciones relativas a los servicios publicitarios contratados y pagados a las empresas CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante el período 2012-2016. Hacemos esta comunicación en respuesta a la denuncia hecha en esa cámara legislativa el jueves 12 del mes en curso por los diputados Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz, quienes también sometieron un proyecto de resolución con miras a poner en marcha un proceso de investigación sobre los referidos contratos.

Mediante comunicación separada le estamos remitiendo a los indicados diputados la información solicitada en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, pero a la vez hemos querido compartir con usted y demás miembros de esa cámara legislativa no solo esas informaciones, sino también algunas consideraciones que estimamos relevantes para mostrar las tergiversaciones mal intencionadas en que han incurridos dichos diputados en su proyecto de resolución y en las intervenciones de algunos de ellos en los medios de comunicación.

Lo primero a señalar es que las informaciones a que se refieren dichos diputados están desde hace bastante tiempo en su poder, pues estas les fueron suministradas a través de: a) la comunicación del 7 de abril de 2017 del Ministerio Administrativo de la Presidencia en respuesta al honorable diputado Francisco Javier Paulino; y b) la comunicación del 2 de febrero de 2018 de la Contraloría General de la República en respuesta a la honorable Diputada Faride Raful Soriano. De esto se desprende que la solicitud de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano. En cualquier caso, continuaremos suministrando toda la información requerida sobre este asunto, como en efecto hemos hecho a través de la comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia del 13 de julio del año en curso en respuesta a la honorable diputada Faride Raful Soriano.

En lo que respecta al fondo de esta cuestión, lo primero a plantear es que en la contratación de las referidas empresas por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación se actuó con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a las normas de transparencia que rigen el proceso de contratación y pago en la Administración Pública. Hay que decir, además, que los pagos realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que estas prestaron sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares.

Pasamos ahora a examinar algunos puntos cruciales del proyecto de resolución presentado en esa cámara legislativas por los diputados antes mencionados:
1) En la página 16 del proyecto de resolución se solicita “a) Verificar legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación (DICOM)…’’. Al respecto, como hemos señalado, la contratación de dichas empresas se hizo con estricto apego a las normas legales y de transparencia aplicables a este tipo de contratación por parte de entes y órganos de la Administración Pública. En efecto, dicha contratación se hizo en virtud del artículo 6 de la Ley núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Más aún, se cumplieron todas las formalidades propias para la contratación de dichos servicios, su facturación y pago. Esto es lo que nos permite estar en condiciones de ofrecer todas las informaciones que se nos solicite en relación a los referidos contratos, lo cual hacemos no solo porque es una obligación legal, sino también por nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

2) En su informe, los indicados diputados han difundido la falsa información de que el gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación, pagó la suma de mil cuatrocientos millones de pesos (RD$1,400,000,000.00) a las empresas CINE &ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. Nada más alejado de la verdad. Los pagos totales que se le hicieron a esas empresas durante los años que prestaron servicios a estas instituciones, incluyendo ITBIS e impuestos, ascendieron a la suma de cuatrocientos treinta millones quinientos seis mil setecientos once pesos con diez y siete centavos (RD$430,506,711.17), la cual se desglosa de la siguiente manera:

Empresa Contratada Institución Contratante Monto Pagado
Polis Caribe, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 184,097,700.00
Polis Caribe, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 71,555,766.77
Cine&Arts2003, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 139,090,395.00
Cine&Arts2003, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 35,762,850.00

Es vidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados.

3) En cuanto al alegato de que dichos contratos siguen vigentes, desmentimos esa información, al tiempo que ofrecemos la información correcta: a) el contrato con POLIS CARIBE, S.R.L. inició el 3 de diciembre de 2012 y fue rescindido el 3 de diciembre de 2015 mediante una carta enviada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia Al respecto, vale aclarar que la razón por la cual se produjo la terminación de ese contrato fue que a partir del 1 de enero de 2016 empezaría de lleno la campaña electoral en la que el presidente Danilo Medina competiría para un segundo mandato, por lo que era inapropiado que quienes serían sus asesores de campaña tuvieran al mismo tiempo contratos con instituciones del gobierno. Algo similar puede decirse en relación al contrato con CINE &ARTS2013, S.R.L. Su contrato inició el 3 de marzo de 2014 y estuvo vigente hasta el 3 de marzo de 2016.

4) Los referidos diputados han alegado que las empresas con las que se hicieron esas contrataciones eran propiedad de personas que fueron acusadas de corrupción, lavado de activos y otros delitos en su país de origen, Brasil, por lo que dichas contrataciones también fueron ilegales. Al respecto, es importante aclarar que los propietarios de esas empresas –los señores … -no estaban acusados ni condenados por ningún delito ni al momento en que se produjeron las contrataciones ni durante la vigencia de esos contratos. Los procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos.

5) En en lo que respecta a la acusación de que la memoria del Ministerio Administrativo de la Presidencia correspondiente al año 2014 no se encuentra disponible, les indicamos que sí está publicada en su portal Web (www.mapre.gob.do), al igual que las demás memorias correspondientes al período 2013-2017, en las que se puede comprobar el desempeño presupuestario en el acápite publicidad y otros servicios técnicos profesionales. Si bien en ese acápite aparece un momento global, esto se debe a la enorme cantidad de libramientos que se emiten durante el año, pero el Ministerio está disponible para ofrecer cualquier información particular que se le solicite..

Honorable señor presidente: agradecemos de antemano la atención que le preste a esta comunicación, al tiempo que nos ponemos a su disposición en caso de requerir información adicional sobre este asunto. Reafirmamos a la vez nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros sentimientos de la más alta estima y consideración.

Atentamente,

José Ramón Peralta F.

Ministro Administrativo de la Presidencia

Roberto Rodríguez Marchena
Director General de Comunicación

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Don Miguelo y familia salen ilesos en accidente donde había muerto una persona

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Una patana impactó la yipeta de la Don Miguelo en la autopista Duarte, en Bonao.

Un accidente ocurrido la tarde del martes en la autopista Duarte, a la altura del Km 83, en Villa Sonador, Bonao y en el que murió una persona, provocó una segunda colisión en la que se vio involucrada la yipeta del cantante urbano Don Miguelo, quien iba acompañado de su esposa Nabila Tapia, sus hijos y su chofer, pero resultaron ilesos.

Giordano Landrón quien tiene a su cargo el manejo de la carrera artística del intérprete de “Como yo le doy” informó que Don Miguelo ordenó a su chófer reducir la velocidad al percatarse de un accidente en la vía, esto con la intención de ayudar a al accidentado, cuando les sorprendió un camión impactando la parte trasera derecha del vehículo, afectando solo la carrocería.

La persona que intentaron socorrer había fallecido y fue identificado por las autoridades como Porfirio Inoa. A consecuencia de este primer accidente ocurrieron otras colisiones una detrás de otra sin más víctimas mortales.

Don Miguelo y su familia, que retornaban de la capital a San Francisco de Macorís, no sufrieron mayores daños y posteriormente continuaron su camino en otro vehículo que era conducido por su chofer y que le acompañaba en la ruta.

Yipeta de Don Miguelo.

Estado en que quedó el vehículo de la persona fallecida.

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