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Dos dominicanos condenados a 50 años en Panamá por homicidio de 5 personas

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Gilberto Ventura Ceballos y Alcibiades Méndez, dos dominicanos que enterraron vivos a cinco adolescentes de origen chino en Panamá, fueron hoy sentenciados a 50 años de prisión en el país centroamericano.

Ambos, junto a otras personas, secuestraban a ciudadanos comunes para cobrar las recompensas y asesinarlas de todas formas de manera vil, cruenta y despiadada.

El cerebro de los malhechores lo era Ventura Ceballos, quien fue arrestado años atrás en República Dominicana mientras intentaba camuflarse cortándose las yemas de los dedos para distorcionar sus huellas dáctilares, cambiando el color de su cabello y hasta maquillarse para aparentar ser de tez más oscura.

El criminal fue extraditado hacia Panamá y cuando purgaba prisión preventiva se fugó hacia Costa Rica donde pasó a ser el hombre más buscado de ese país hasta su captura en septiembre del año pasado, con una vida completamente nueva (nombre, novia, casa y negocio establecido).

Su compañero Méndez, quien se dedicaba a lavar el dinero de las recompensas mediante cuentas de sus parientes (hija, esposa y cuñada), confesó desde el principio el modus operandi de los crímenes que consistía en ofrecer precios de aparatos móviles mediante redes sociales y anuncios de periódicos, a fin de atraer a sus víctimas a sus tristes destinos.

Nunca se determinó si el origen asiático de las víctimas era una fijación de los asesinos, específicamente de Ventura Ceballos, quien había secuestrado en 2004 a un chino en República Dominicana y por el que purgó condena; o si fue mera casualidad que todas las víctimas hayan sido de origen chino.

Hoy el pueblo panameño cierra un funesto capítulo que conmocionó a su sociedad, debilitó las fibras más sensibles de su población y generó una corriente de odio e impotencia entre la ciudadanía por la forma, saña y naturaleza de los hechos.

FUENTE: ESCRITO POR DALTON HERRERA


Lo que recoje las agencias de prensa del caso:
La Justicia de Panamá condenó este lunes a 50 años de prisión cada uno a los dominicanos Gilberto Ventura Ceballos y Alcibiades Méndez por el homicidio y secuestro de cinco jóvenes panameños de raíces asiáticas, un caso registrado entre 2010 y 2011 y que conmocionó al país centroamericano.

El Segundo Tribunal de Justicia también condenó a 50 años de cárcel cada uno a los panameños Keyla Gisselle Bendibú Salazar y Mario Luis Vega “como cómplices secundarios de homicidio doloso agravado y cómplices primarios de secuestro en perjuicio de 3 de los 5 jóvenes a ascendencia asiática”.

Además, fueron sentenciados a 15 años de prisión cada uno a los panameños Kenny Bendibú Salazar y Roberto Mariscal Rodríguez “como cómplices secundarios del delito de homicidio doloso agravado, y se les absuelve del delito de secuestro”, informó el Órgano Judicial.

“Se absuelve a Alcibiades Méndez, Keyla Bendibú, Mario Luis Vega, Inés Torres Flores, Delmita Torres Flores e Inés Chavarría Torres del delito de blanqueo de capitales”, indicó el Órgano Judicial en mensajes a través de su cuenta de Twitter.

Estas personas son familiares de los involucrados directamente en el secuestro y homicidios de los cinco jóvenes y estaban imputados del delito de blanqueo por supuestamente haber lavado el dinero producto del secuestro, de acuerdo a la información dispoible.

“Se absuelve al señor Félix Manuel Rosario Bruján (panameño) de homicidio doloso y secuestro”, precisó la información judicial, y añadió que “a todas las personas condenadas en este proceso se les inhabilitó por diez años para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la pena”.

Las víctimas de este caso son Yessenia Argelis Loo Kam, de 18 años; Young Jian Wu (27), Sammy Zeng Chen (19), Joel Maurio Liu Wong (19) y Georgina del Carmen Lee Chen (18).

El dominicano Ventura Ceballos fue recapturado el pasado 22 de septiembre en Costa Rica, luego de que se fugara en diciembre de 2016 de una cárcel en Panamá.

Tras ser nuevamente detenido, se reactivó el proceso judicial por los crímenes de los cinco jóvenes panameños, un suceso que en su momento conmocionó a la localidad de La Chorrera, aledaña a la capital y donde ocurrieron los hechos.

Ventura Ceballos fue imputado el pasado 29 de septiembre por el delito de evasión de una cárcel y asociación ilícita para delinquir.

En 2004, Ventura Ceballos huyó de una cárcel de República Dominicana donde guardaba prisión por el secuestro de un comerciante chino.

El sospechoso además usaba cédulas y pasaportes con las identidades de Fermín Antonio Taveras Ramírez y Ángel Betancurt.

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Gobierno dice solo pagó RD$430 millones a Joao Santana y Monica Moura

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El Gobierno dominicano informó que los pagos totales a las empresas de Joao Santana y Monica Moura ascendieron a RD$430,506,711.17, negando de esta manera la acusación que hiciera el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de contratos por valor de RD$1,400 millones.

“Es vidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”, señala en una carta José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, que fue leída hoy en la sesión de la Cámara de Diputados.

El Gobierno dominicano aseguró cuando se produjeron las contrataciones esas personas no estaban acusadas ni condenadas de delito alguno.

Según la comunicación del Administrativo, los contratos con Santana y Moura fueron rescindidos entre enero y marzo de 2016 en atención a que se trataba de asesores de la campaña del presidencia Danilo Medina, que buscaba la reelección.

“Los procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos”, indica la comunicación.

La carta del Gobierno llega en respuesta a la diputada Faride Raful, quien denunció que le habían pagado hasta RD$1,400 millones a los brasileños, que resultaron condenados en Brasil por casos de corrupción y lavado de activos.

A CONTINUACIÓN LA CARTA COMPLETA

Honorable

Rubén Maldonado Díaz

Presidente de la Cámara de Diputados

de la República Dominicana

Su Despacho

Honorable señor Presidente:

Cortésmente, nos dirigimos a usted, y a través suyo a los demás honorables miembros de la Cámara de Diputados, para suministrarle las informaciones relativas a los servicios publicitarios contratados y pagados a las empresas CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante el período 2012-2016. Hacemos esta comunicación en respuesta a la denuncia hecha en esa cámara legislativa el jueves 12 del mes en curso por los diputados Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz, quienes también sometieron un proyecto de resolución con miras a poner en marcha un proceso de investigación sobre los referidos contratos.

Mediante comunicación separada le estamos remitiendo a los indicados diputados la información solicitada en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, pero a la vez hemos querido compartir con usted y demás miembros de esa cámara legislativa no solo esas informaciones, sino también algunas consideraciones que estimamos relevantes para mostrar las tergiversaciones mal intencionadas en que han incurridos dichos diputados en su proyecto de resolución y en las intervenciones de algunos de ellos en los medios de comunicación.

Lo primero a señalar es que las informaciones a que se refieren dichos diputados están desde hace bastante tiempo en su poder, pues estas les fueron suministradas a través de: a) la comunicación del 7 de abril de 2017 del Ministerio Administrativo de la Presidencia en respuesta al honorable diputado Francisco Javier Paulino; y b) la comunicación del 2 de febrero de 2018 de la Contraloría General de la República en respuesta a la honorable Diputada Faride Raful Soriano. De esto se desprende que la solicitud de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano. En cualquier caso, continuaremos suministrando toda la información requerida sobre este asunto, como en efecto hemos hecho a través de la comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia del 13 de julio del año en curso en respuesta a la honorable diputada Faride Raful Soriano.

En lo que respecta al fondo de esta cuestión, lo primero a plantear es que en la contratación de las referidas empresas por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación se actuó con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a las normas de transparencia que rigen el proceso de contratación y pago en la Administración Pública. Hay que decir, además, que los pagos realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que estas prestaron sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares.

Pasamos ahora a examinar algunos puntos cruciales del proyecto de resolución presentado en esa cámara legislativas por los diputados antes mencionados:
1) En la página 16 del proyecto de resolución se solicita “a) Verificar legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación (DICOM)…’’. Al respecto, como hemos señalado, la contratación de dichas empresas se hizo con estricto apego a las normas legales y de transparencia aplicables a este tipo de contratación por parte de entes y órganos de la Administración Pública. En efecto, dicha contratación se hizo en virtud del artículo 6 de la Ley núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Más aún, se cumplieron todas las formalidades propias para la contratación de dichos servicios, su facturación y pago. Esto es lo que nos permite estar en condiciones de ofrecer todas las informaciones que se nos solicite en relación a los referidos contratos, lo cual hacemos no solo porque es una obligación legal, sino también por nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

2) En su informe, los indicados diputados han difundido la falsa información de que el gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación, pagó la suma de mil cuatrocientos millones de pesos (RD$1,400,000,000.00) a las empresas CINE &ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. Nada más alejado de la verdad. Los pagos totales que se le hicieron a esas empresas durante los años que prestaron servicios a estas instituciones, incluyendo ITBIS e impuestos, ascendieron a la suma de cuatrocientos treinta millones quinientos seis mil setecientos once pesos con diez y siete centavos (RD$430,506,711.17), la cual se desglosa de la siguiente manera:

Empresa Contratada Institución Contratante Monto Pagado
Polis Caribe, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 184,097,700.00
Polis Caribe, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 71,555,766.77
Cine&Arts2003, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 139,090,395.00
Cine&Arts2003, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 35,762,850.00

Es vidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados.

3) En cuanto al alegato de que dichos contratos siguen vigentes, desmentimos esa información, al tiempo que ofrecemos la información correcta: a) el contrato con POLIS CARIBE, S.R.L. inició el 3 de diciembre de 2012 y fue rescindido el 3 de diciembre de 2015 mediante una carta enviada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia Al respecto, vale aclarar que la razón por la cual se produjo la terminación de ese contrato fue que a partir del 1 de enero de 2016 empezaría de lleno la campaña electoral en la que el presidente Danilo Medina competiría para un segundo mandato, por lo que era inapropiado que quienes serían sus asesores de campaña tuvieran al mismo tiempo contratos con instituciones del gobierno. Algo similar puede decirse en relación al contrato con CINE &ARTS2013, S.R.L. Su contrato inició el 3 de marzo de 2014 y estuvo vigente hasta el 3 de marzo de 2016.

4) Los referidos diputados han alegado que las empresas con las que se hicieron esas contrataciones eran propiedad de personas que fueron acusadas de corrupción, lavado de activos y otros delitos en su país de origen, Brasil, por lo que dichas contrataciones también fueron ilegales. Al respecto, es importante aclarar que los propietarios de esas empresas –los señores … -no estaban acusados ni condenados por ningún delito ni al momento en que se produjeron las contrataciones ni durante la vigencia de esos contratos. Los procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos.

5) En en lo que respecta a la acusación de que la memoria del Ministerio Administrativo de la Presidencia correspondiente al año 2014 no se encuentra disponible, les indicamos que sí está publicada en su portal Web (www.mapre.gob.do), al igual que las demás memorias correspondientes al período 2013-2017, en las que se puede comprobar el desempeño presupuestario en el acápite publicidad y otros servicios técnicos profesionales. Si bien en ese acápite aparece un momento global, esto se debe a la enorme cantidad de libramientos que se emiten durante el año, pero el Ministerio está disponible para ofrecer cualquier información particular que se le solicite..

Honorable señor presidente: agradecemos de antemano la atención que le preste a esta comunicación, al tiempo que nos ponemos a su disposición en caso de requerir información adicional sobre este asunto. Reafirmamos a la vez nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros sentimientos de la más alta estima y consideración.

Atentamente,

José Ramón Peralta F.

Ministro Administrativo de la Presidencia

Roberto Rodríguez Marchena
Director General de Comunicación

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Don Miguelo y familia salen ilesos en accidente donde había muerto una persona

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Una patana impactó la yipeta de la Don Miguelo en la autopista Duarte, en Bonao.

Un accidente ocurrido la tarde del martes en la autopista Duarte, a la altura del Km 83, en Villa Sonador, Bonao y en el que murió una persona, provocó una segunda colisión en la que se vio involucrada la yipeta del cantante urbano Don Miguelo, quien iba acompañado de su esposa Nabila Tapia, sus hijos y su chofer, pero resultaron ilesos.

Giordano Landrón quien tiene a su cargo el manejo de la carrera artística del intérprete de “Como yo le doy” informó que Don Miguelo ordenó a su chófer reducir la velocidad al percatarse de un accidente en la vía, esto con la intención de ayudar a al accidentado, cuando les sorprendió un camión impactando la parte trasera derecha del vehículo, afectando solo la carrocería.

La persona que intentaron socorrer había fallecido y fue identificado por las autoridades como Porfirio Inoa. A consecuencia de este primer accidente ocurrieron otras colisiones una detrás de otra sin más víctimas mortales.

Don Miguelo y su familia, que retornaban de la capital a San Francisco de Macorís, no sufrieron mayores daños y posteriormente continuaron su camino en otro vehículo que era conducido por su chofer y que le acompañaba en la ruta.

Yipeta de Don Miguelo.

Estado en que quedó el vehículo de la persona fallecida.

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