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Procuraduría allana en Sosúa y Cabarete 10 centros por proxenetismo; cierra dos

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PUERTO PLATA.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dirigió este fin de semana un amplio operativo en las localidades de Sosúa y Cabarete, que incluyó diez allanamientos a centros vinculados al proxenetismo.

En ese sentido, se informó que en una labor conjunta de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Puerto Plata en conjunto con el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), agentes de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) y miembros del Ejército de la República Dominicana, se realizaron allanamientos simultáneos a los centros con indicios de trata de personas y proxenetismo, durante el cual cerraron dos centros de significativa práctica de proxenetismo además de rescatar 70 mujeres dominicanas, y apresada, entre otros, una pareja de esposos propietarios de dichos establecimientos, quienes serán sometidos en las próximas horas a la acción de la justicia.

Al ofrecer los detalles de la operación mediante un comunicado de prensa, detalló que los negocios clausurados son Restaurante Bar Pica Flor y Bar Restaurante Barrio Latino, localizados en los municipios de Sosúa y Cabarete de esta provincia, propiedad de la pareja arrestada, Elvis Henríquez Beatón, alias “El Peje”, y Arisleida Pérez Vásquez.

La institución detalló que los operativos fueron realizados de forma sorpresa y simultánea, atendiendo a demandas de la sociedad, expuestas directamente al procurador Jean Rodríguez en los encuentros comunitarios que ha desarrollado a nivel nacional y múltiples denuncias, donde los ciudadanos han identificado el proxenetismo, la prostitución y la trata de personas dentro de los delitos que más les afectan.

“Esta problemática social del proxenetismo que afecta a la comunidad de Puerto Plata, constituye un tema de gran preocupación para toda la sociedad y para nosotros como autoridades, porque sus hijas y sus mujeres se vuelven vulnerables ante personas desaprensivas que se lucran explotando nuestra gente, afectando la integridad de las víctimas y la imagen de la provincia y el país, así como sectores tan importantes como el turismo, por lo que hemos declarado tolerancia cero contra ese delito y hemos instruido a los fiscales que actúen con toda la drasticidad que permitan las leyes en estos casos”, manifestó.

La institución destacó que la acción se enmarca dentro del plan trazado por el procurador Jean Rodríguez para combatir con acciones puntuales esos graves delitos de la criminalidad organizada, destacando que la presente gestión ha puesto especial atención a este tema, dando instrucciones precisas al Ministerio Público de todo el país para reforzar las labores de prevención y persecución de esos delitos y que sean sometidos a la justicia, todos los implicados.

Respecto a la pareja apresada, el Ministerio Público informó que tienen amplias evidencias colectadas a través de una exitosa estrategia de investigación e inteligencia previa ordenada desde hace unos cuatro meses y que solicitará en el plazo establecido de 48 horas a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, la imposición de un año de prisión preventiva como medidas de coerción, por la presunta violación de los artículos 334, 334.1, ordinales 3ero. 6to. y 9no. del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género, y el artículo 66 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Detalló que durante los operativos además fueron apresados para fines de investigación varios empleados adicionales que se encontraban en los establecimientos allanados.

Con relación al imputado Elvis Henríquez Beatón, explicó que su apresamiento se produjo durante un allanamiento en el Restaurante Bar Pica Flor, mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00377, emitida por los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Durante el allanamiento, además del arresto de Henríquez Beatón, fueron rescatadas 70 mujeres que estaban siendo objeto de proxenetismo agravado, tres vehículos, un arma de fuego, la suma aproximada de RD$112,801.85 pesos y alrededor de US$2,650.61 dólares americanos, varios equipos electrónicos, además de facturas del cobro de las salidas de las jóvenes.

En tanto que Arisleida Pérez Vásquez fue apresada durante un allanamiento a una villa donde reside la pareja, en el municipio de Sosúa, el cual se llevó a cabo mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00378, emitida por dicho juzgado, incautándose también en dicho lugar la suma aproximada de RD$327,800.00 pesos y alrededor de US$13,948 dólares estadounidenses, entre otras evidencias relacionadas al caso.

De igual manera, en el Bar Restaurante Barrio Latino, allanado mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00379, fueron retenidas motocicletas y documentos referentes a una empresa de rentar vehículos vinculada a caso.

Estrategias institucionales coordinadas contra los delitos
La Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República explicó que los integrantes de las referidas instituciones allanaron varios negocios en la zona tras obtener información durante el proceso de investigación de que presuntamente en dichos centros se estaban dedicando a la trata de personas y al proxenetismo.

Durante las pesquisas, señala el órgano investigativo, fueron recolectadas diferentes pruebas que permitieron confirmar los graves hechos denunciados y que dieron al traste con la clausura de los negocios y el apresamiento de sus propietarios.

Las autoridades precisaron que parte de las víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger sus identidades, fueron llevadas a un centro de protección habilitado para esos fines, con el objetivo de ofrecerle las atenciones necesarias y salvaguardar su integridad física.

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Dominicana de Bánica jura como jueza municipal de Newark

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NUEVA YORK. La abogada dominicana Emilia Pérez, quien se nació en el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, en el sur profundo de la República Dominicana, juró como jueza en la Corte Municipal de la ciudad de Newark, en Nueva Jersey la pasada semana.

Según la página de la Alcaldía de Newark, Pérez llegó a la ciudad de Perth Amboy, ubicada en el condado de Middlesex, en Nueva Jersey. Su padre no sabía leer y su madre solo estudió la primaria.

Una foto subida en perfiles de facebook de compueblanos suyos en Bánica, habla por sí sola del ambiente de pobreza en el que se desarrollaba Pérez, graduada con excelencia en la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, lo que aumenta sus méritos al llegar al importante estrado judicial.

Fue juramentada por el alcalde de Newark Ras J. Baraka, en compañía de su madre Germania Pérez y sus dos hijas. La menor dijo que su madre es su heroína y su modelo a seguir en la vida.

“Tenemos el privilegio de tener un abogado con la capacidad, experiencia y sabiduría de Emilia Pérez en nuestro banco municipal”, dijo el alcalde Baraka.

“Ella (Emilia Pérez) honrará a nuestro banco municipal y se asegurará de que todos los que vengan antes de ella reciban la misma justicia.La felicito por esta merecida cita ”, agregó, dice la página de la Alcaldía de Newark.

La nueva magistrada municipal expresó el orgullo que siente al llegar donde nunca creyó que llegaría.

Su madre dijo que ella se lo merece todo porque siempre fue una muchacha dedicada a los estudios, el trabajo y muy esforzada.

La ceremonia se llevó a cabo el miércoles 10 de octubre en la sala del Consejo Municipal de Newark, en el edificio 920 de la calle Broad, donde también opera el ayuntamiento de esa ciudad.

Llevaba 10 años trabajando con el Gobierno municipal de Newark.

De 2008 a 2015, se desempeñó como asesora jurídica adjunta, especializándose en litigios civiles, representando la ciudad en los tribunales en muchos casos judiciales, estatales, de apelación y federales, en una amplia gama de asuntos civiles.

Miguel Cruz Tejeda/ DL

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Incluyen cobertura trasplante de riñón con cargo a las ARS

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El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), mediante la resolución 457-05 incluyó la cobertura de trasplante renal al donante vivo o cadavérico, con cargo a la Administradora  de Riesgos de Salud (ARS) del receptor.

La resolución, dada a conocer este lunes, fue aprobada en la sesión ordinaria realizada el pasado jueves, aplica igualmente para los casos en que el donante vivo no esté afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Las ARS deberán de otorgar cobertura al donante de los procedimientos que corresponda, según informó el gerente general del CNSS, Rafael Pérez Modesto.

Resaltó que la disposición establece que los casos de extracción multiorgánica, en los que distintos órganos podrían estar dirigidos a distintos pacientes que estén afiliados a una misma ARS, o afiliados de diferentes ARS, o de diferentes regímenes.

“Esta medida garantiza la cobertura de la intervención médica del donante la cual estará a cargo de la ARS del receptor, además incluye la donación de órganos de cadáveres, que antes no estaba incluida”, enfatizó el gerente general del CNSS.

El funcionario destacó que esta resolución representa un avance en la ampliación de cobertura del Seguro Familiar de Salud e incentiva a la ciudadanía a la donación de órganos, lo que evidencia el compromiso del Consejo Nacional de Seguridad Social de continuar fortalecimiento el Sistema”, expresó.

Pérez Modesto dijo que con esta decisión la entidad aboga por una mejor calidad de vida de cientos de afiliados que urgen por un trasplante de riñón y que actualmente reciben diálisis.

Esta resolución le garantiza la cobertura al donante, una demanda de estos pacientes que padecen esta enfermedad de alto costo.

Informó que dicha resolución del Consejo detalla que en el caso particular de ARS SeNaSa en el que pudieran coexistir receptor y donante en diferentes regímenes de financiamiento, los gastos imputables al procedimiento corresponderán a la cobertura del receptor independientemente del régimen.

Dijo que la resolución instruye a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a gestionar la creación e instauración de un Mecanismo de Notificación Oportuna de  casos de fallecidos y la consecuente disponibilidad de órganos, a los fines de garantizar la mayor oportunidad y condición óptima de los órganos a ser extraídos para fines de donación, en este caso a los afiliados al SDSS.

Manifestó que para esto se debe coordinar con las autoridades reguladoras correspondientes, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT) y el Plan Nacional de Trasplante,  las ARS y los Prestadores de Servicios.

La disposición establecer que dentro de los procedimientos correspondientes, las ARS garanticen de forma ágil la autorización para agilizar la extracción y la gestión oportuna de la donación, partiendo de que la autorización del servicio no puede limitar la extracción, y teniendo en cuenta los casos en los que los equipos médicos y/o centros de salud no tengan vínculos contractuales con la ARS del receptor, que en todos los casos se  requiere que el Prestador cumpla con los requisitos establecidos por el Programa, y que los pacientes-receptores deben ser trasladados a centros autorizados y contratados para este fin.

La resolución solicita a la SISALRIL presentar ante el CNSS en un plazo no mayor de 120 días, una propuesta que, en adición a las coberturas vigentes, garanticen la cobertura integral del trasplante renal, tomando en cuenta las atenciones requeridas antes, durante y después del trasplante.

Listín Diario 

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