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Procuraduría allana en Sosúa y Cabarete 10 centros por proxenetismo; cierra dos

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PUERTO PLATA.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dirigió este fin de semana un amplio operativo en las localidades de Sosúa y Cabarete, que incluyó diez allanamientos a centros vinculados al proxenetismo.

En ese sentido, se informó que en una labor conjunta de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Puerto Plata en conjunto con el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), agentes de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) y miembros del Ejército de la República Dominicana, se realizaron allanamientos simultáneos a los centros con indicios de trata de personas y proxenetismo, durante el cual cerraron dos centros de significativa práctica de proxenetismo además de rescatar 70 mujeres dominicanas, y apresada, entre otros, una pareja de esposos propietarios de dichos establecimientos, quienes serán sometidos en las próximas horas a la acción de la justicia.

Al ofrecer los detalles de la operación mediante un comunicado de prensa, detalló que los negocios clausurados son Restaurante Bar Pica Flor y Bar Restaurante Barrio Latino, localizados en los municipios de Sosúa y Cabarete de esta provincia, propiedad de la pareja arrestada, Elvis Henríquez Beatón, alias “El Peje”, y Arisleida Pérez Vásquez.

La institución detalló que los operativos fueron realizados de forma sorpresa y simultánea, atendiendo a demandas de la sociedad, expuestas directamente al procurador Jean Rodríguez en los encuentros comunitarios que ha desarrollado a nivel nacional y múltiples denuncias, donde los ciudadanos han identificado el proxenetismo, la prostitución y la trata de personas dentro de los delitos que más les afectan.

“Esta problemática social del proxenetismo que afecta a la comunidad de Puerto Plata, constituye un tema de gran preocupación para toda la sociedad y para nosotros como autoridades, porque sus hijas y sus mujeres se vuelven vulnerables ante personas desaprensivas que se lucran explotando nuestra gente, afectando la integridad de las víctimas y la imagen de la provincia y el país, así como sectores tan importantes como el turismo, por lo que hemos declarado tolerancia cero contra ese delito y hemos instruido a los fiscales que actúen con toda la drasticidad que permitan las leyes en estos casos”, manifestó.

La institución destacó que la acción se enmarca dentro del plan trazado por el procurador Jean Rodríguez para combatir con acciones puntuales esos graves delitos de la criminalidad organizada, destacando que la presente gestión ha puesto especial atención a este tema, dando instrucciones precisas al Ministerio Público de todo el país para reforzar las labores de prevención y persecución de esos delitos y que sean sometidos a la justicia, todos los implicados.

Respecto a la pareja apresada, el Ministerio Público informó que tienen amplias evidencias colectadas a través de una exitosa estrategia de investigación e inteligencia previa ordenada desde hace unos cuatro meses y que solicitará en el plazo establecido de 48 horas a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, la imposición de un año de prisión preventiva como medidas de coerción, por la presunta violación de los artículos 334, 334.1, ordinales 3ero. 6to. y 9no. del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género, y el artículo 66 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Detalló que durante los operativos además fueron apresados para fines de investigación varios empleados adicionales que se encontraban en los establecimientos allanados.

Con relación al imputado Elvis Henríquez Beatón, explicó que su apresamiento se produjo durante un allanamiento en el Restaurante Bar Pica Flor, mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00377, emitida por los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Durante el allanamiento, además del arresto de Henríquez Beatón, fueron rescatadas 70 mujeres que estaban siendo objeto de proxenetismo agravado, tres vehículos, un arma de fuego, la suma aproximada de RD$112,801.85 pesos y alrededor de US$2,650.61 dólares americanos, varios equipos electrónicos, además de facturas del cobro de las salidas de las jóvenes.

En tanto que Arisleida Pérez Vásquez fue apresada durante un allanamiento a una villa donde reside la pareja, en el municipio de Sosúa, el cual se llevó a cabo mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00378, emitida por dicho juzgado, incautándose también en dicho lugar la suma aproximada de RD$327,800.00 pesos y alrededor de US$13,948 dólares estadounidenses, entre otras evidencias relacionadas al caso.

De igual manera, en el Bar Restaurante Barrio Latino, allanado mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00379, fueron retenidas motocicletas y documentos referentes a una empresa de rentar vehículos vinculada a caso.

Estrategias institucionales coordinadas contra los delitos
La Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República explicó que los integrantes de las referidas instituciones allanaron varios negocios en la zona tras obtener información durante el proceso de investigación de que presuntamente en dichos centros se estaban dedicando a la trata de personas y al proxenetismo.

Durante las pesquisas, señala el órgano investigativo, fueron recolectadas diferentes pruebas que permitieron confirmar los graves hechos denunciados y que dieron al traste con la clausura de los negocios y el apresamiento de sus propietarios.

Las autoridades precisaron que parte de las víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger sus identidades, fueron llevadas a un centro de protección habilitado para esos fines, con el objetivo de ofrecerle las atenciones necesarias y salvaguardar su integridad física.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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