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A siete meses del cierre de las operaciones de Pawa, más de 500 empleados aún esperan por sus prestaciones

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Más de 500 empleados de la quebrada línea aérea Pawa Dominicana se encuentran en un limbo jurídico, siete meses después que la Junta de Aviación Civil suspendió por 90 días a la empresa el certificado de autorización económica por el incumplimiento de pagos.

De acuerdo con los informes obtenidos por el periodista Rafael Castro, del Listín Diario, los empleados de la línea aérea han reclamado en el ministerio de Trabajo la entrega de sus prestaciones laborales, luego de la suspensión de las operaciones y de que venciera el plazo de los tres meses.

La suspensión temporal de Pawa Dominicana, de parte de la JAC y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se produjo el 26 de enero del presente año, por la acumulación de una deuda de 3 millones de dólares a las autoridades aeronáuticas, a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (Aerodom) y otros acreedores.

El caso de la aerolínea se ventila en el Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial, del Distrito Nacional, quien deberá emitir un fallo a favor o en contra de los ejecutivos de Pawa.

Los empleados fueron suspendidos a raíz de la paralización de los vuelos de la aerolínea.

Siete meses después de que las operaciones de la aerolínea fueran suspendidas los más de 500 empleados de Pawa Dominicana, están en un “limbo jurídico”, reclamando a la empresa la entregue de sus prestaciones laborales, tal y como lo establece el Código Laboral dominicano.

Entre los empleados afectados figuran pilotos, azafatas, personal de sobrevuelo, mecánicos, seguridad, mantenimiento y personal del área administrativa, quienes desde el mes de enero de este año 2018 no reciben su salario.

De acuerdo con los informes ofrecidos, están en una difícil disyuntiva de que no pueden emplearse en otra empresa, hasta tanto no se emita el fallo del tribunal ya que de hacerlo perderían sus derechos laborales de empleados activos, de la compañía.

Habla conciliador entre las partes
Con relación al impasse, se designó a un conciliador, que actúa como árbitro entre las partes en conflicto.

El doctor José Enríquez Pérez declaró que debido al rol que representa no podía emitir informaciones a los medios de comunicación.

Explicó que solo puede referirse al caso en relación al seguimiento en los tribunales.

Detalló que el pasado día 18 de este mes se depositó en el tribunal de Restructuración un informe del caso y una lista provisional de creencia que es lo que establece la ley, así como otras solicitudes.

“Lamentablemente yo en el papel de conciliador que estoy desempeñando no puedo de ningún modo informar de su contenido antes de que el tribunal no lo haga público”, aseguró el doctor José Enríquez Pérez.

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PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Dominicana de Bánica jura como jueza municipal de Newark

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NUEVA YORK. La abogada dominicana Emilia Pérez, quien se nació en el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, en el sur profundo de la República Dominicana, juró como jueza en la Corte Municipal de la ciudad de Newark, en Nueva Jersey la pasada semana.

Según la página de la Alcaldía de Newark, Pérez llegó a la ciudad de Perth Amboy, ubicada en el condado de Middlesex, en Nueva Jersey. Su padre no sabía leer y su madre solo estudió la primaria.

Una foto subida en perfiles de facebook de compueblanos suyos en Bánica, habla por sí sola del ambiente de pobreza en el que se desarrollaba Pérez, graduada con excelencia en la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, lo que aumenta sus méritos al llegar al importante estrado judicial.

Fue juramentada por el alcalde de Newark Ras J. Baraka, en compañía de su madre Germania Pérez y sus dos hijas. La menor dijo que su madre es su heroína y su modelo a seguir en la vida.

“Tenemos el privilegio de tener un abogado con la capacidad, experiencia y sabiduría de Emilia Pérez en nuestro banco municipal”, dijo el alcalde Baraka.

“Ella (Emilia Pérez) honrará a nuestro banco municipal y se asegurará de que todos los que vengan antes de ella reciban la misma justicia.La felicito por esta merecida cita ”, agregó, dice la página de la Alcaldía de Newark.

La nueva magistrada municipal expresó el orgullo que siente al llegar donde nunca creyó que llegaría.

Su madre dijo que ella se lo merece todo porque siempre fue una muchacha dedicada a los estudios, el trabajo y muy esforzada.

La ceremonia se llevó a cabo el miércoles 10 de octubre en la sala del Consejo Municipal de Newark, en el edificio 920 de la calle Broad, donde también opera el ayuntamiento de esa ciudad.

Llevaba 10 años trabajando con el Gobierno municipal de Newark.

De 2008 a 2015, se desempeñó como asesora jurídica adjunta, especializándose en litigios civiles, representando la ciudad en los tribunales en muchos casos judiciales, estatales, de apelación y federales, en una amplia gama de asuntos civiles.

Miguel Cruz Tejeda/ DL

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Incluyen cobertura trasplante de riñón con cargo a las ARS

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El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), mediante la resolución 457-05 incluyó la cobertura de trasplante renal al donante vivo o cadavérico, con cargo a la Administradora  de Riesgos de Salud (ARS) del receptor.

La resolución, dada a conocer este lunes, fue aprobada en la sesión ordinaria realizada el pasado jueves, aplica igualmente para los casos en que el donante vivo no esté afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Las ARS deberán de otorgar cobertura al donante de los procedimientos que corresponda, según informó el gerente general del CNSS, Rafael Pérez Modesto.

Resaltó que la disposición establece que los casos de extracción multiorgánica, en los que distintos órganos podrían estar dirigidos a distintos pacientes que estén afiliados a una misma ARS, o afiliados de diferentes ARS, o de diferentes regímenes.

“Esta medida garantiza la cobertura de la intervención médica del donante la cual estará a cargo de la ARS del receptor, además incluye la donación de órganos de cadáveres, que antes no estaba incluida”, enfatizó el gerente general del CNSS.

El funcionario destacó que esta resolución representa un avance en la ampliación de cobertura del Seguro Familiar de Salud e incentiva a la ciudadanía a la donación de órganos, lo que evidencia el compromiso del Consejo Nacional de Seguridad Social de continuar fortalecimiento el Sistema”, expresó.

Pérez Modesto dijo que con esta decisión la entidad aboga por una mejor calidad de vida de cientos de afiliados que urgen por un trasplante de riñón y que actualmente reciben diálisis.

Esta resolución le garantiza la cobertura al donante, una demanda de estos pacientes que padecen esta enfermedad de alto costo.

Informó que dicha resolución del Consejo detalla que en el caso particular de ARS SeNaSa en el que pudieran coexistir receptor y donante en diferentes regímenes de financiamiento, los gastos imputables al procedimiento corresponderán a la cobertura del receptor independientemente del régimen.

Dijo que la resolución instruye a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a gestionar la creación e instauración de un Mecanismo de Notificación Oportuna de  casos de fallecidos y la consecuente disponibilidad de órganos, a los fines de garantizar la mayor oportunidad y condición óptima de los órganos a ser extraídos para fines de donación, en este caso a los afiliados al SDSS.

Manifestó que para esto se debe coordinar con las autoridades reguladoras correspondientes, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT) y el Plan Nacional de Trasplante,  las ARS y los Prestadores de Servicios.

La disposición establecer que dentro de los procedimientos correspondientes, las ARS garanticen de forma ágil la autorización para agilizar la extracción y la gestión oportuna de la donación, partiendo de que la autorización del servicio no puede limitar la extracción, y teniendo en cuenta los casos en los que los equipos médicos y/o centros de salud no tengan vínculos contractuales con la ARS del receptor, que en todos los casos se  requiere que el Prestador cumpla con los requisitos establecidos por el Programa, y que los pacientes-receptores deben ser trasladados a centros autorizados y contratados para este fin.

La resolución solicita a la SISALRIL presentar ante el CNSS en un plazo no mayor de 120 días, una propuesta que, en adición a las coberturas vigentes, garanticen la cobertura integral del trasplante renal, tomando en cuenta las atenciones requeridas antes, durante y después del trasplante.

Listín Diario 

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