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Dictan 30 años de prisión para Marlon y 5 para Marlin Martínez por caso Emely

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El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de la provincia Duarte condenó ayer miércoles a 30 años de prisión a Marlon Martínez e impuso cinco años a su madre Marlin, por la muerte de la joven embarazada Emely Peguero.

El fallo provocó violentas manifestaciones en los alrededores del Palacio de Justicia por parte de sectores de la población que entienden que la madre merece una condena mayor.

De acuerdo al veredicto, Marlon Martínez deberá cumplir su condena en la Fortaleza Juana Núñez, del municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal; mientras que Marlín cumplirá su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Mujeres, de Santiago.

La sentencia establece que Marlon fue condenado por haber cometido acto de barbarie, penado por los artículos 317, 395, 304,302, y 305 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la occisa Emely Peguero Polanco.

Mientras que Marlin Martínez Paulino fue condenada por sustracción de menores y ocultación de cadáver, establecido en los artículos 305, 304,309, del Código Penal Dominicano.

Marlin y Marlon también fueron condenados al pago de una indemnización ascendente a la suma de 10 millones de pesos cada uno a favor de los padres de la adolescente muerta.

También deberán pagar las costas penales del proceso.

Previo a dar lectura al fallo, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, María de los Ángeles Concepción, hizo la motivación correspondiente de la sentencia, indicado que el proceso judicial se realizó cumpliendo con todos los requerimientos legales del Código Penal.

¿Por qué cinco años a Marlin?

Las justificaciones de la sentencia fueron leídas por el juez Víctor Inoa, en tanto que la secretaria del tribunal, Ariany Vásquez, leyó el dispositivo de la misma.

“Este tribunal ha decidido que nadie se va para su casa”, dijo el juez Víctor Inoa.

Señaló que crear la complicidad de Marlin en base a los hechos que fueron probados constituiría el precedente más funesto para el Derecho Penal en la República Dominicana.

“Sería pasar por encima a la Constitución, a la ley, a la jurisprudencia, al principio de legalidad, al Derecho como ciencia, a la Escuela Nacional de la Judicatura, que nos ha formado a todos los que componemos este tribunal, y por qué no decir, a nuestra propia capacidad como profesionales”, leyó el juez Víctor Inoa, quien forma parte del tribunal.

La sentencia fue decidida a unanimidad por los tres jueces que componen el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Duarte.

Según el tribunal, el 19 de agosto, Marlin sustrajo a Emely de su casa mediante engaño y la llevó a practicarle una prueba de embarazo casera, lo que constituye una violación al Código Penal.

El Tribunal estableció que la complicidad no se establece en las leyes dominicanas luego de cometido el hecho, como ocurrió con Marlin Martínez en el caso, por lo que solo la hallaron culpable de sustracción de menores y ocultamiento de cadáver.

Los padres de Emely

Al escuchar la lectura de la sentencia, Genaro Peguero, padre de la joven asesinada, salió visiblemente contrariado de la sala de audiencia.

Dijo que apelará la sentencia que condena a Marlin Martínez a cumplir cinco años de prisión por entender que ésta merece una pena mayor.

Adalgisa Polanco, madre de la víctima, mostró su inconformidad con el veredicto: “el Señor tendrá la última palabra y solo él sabrá cómo hacer pagar a los asesinos de mi hija».

El Caribe 

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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