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Tensión en la provincia Duarte ante decisión del caso Emely Peguero

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Llegó el día en que los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís deben revelar la decisión que han tomado en el caso por el asesinato de Emely Peguero, lo que mantienen en tensión a los munícipes de San Francisco de Macorís.

Ayer las autoridades enviaron un contingente policial desde Santiago a San Francisco para controlar cualquier disturbio que pueda ocurrir por el fallo, que está pautado para las 2:00 de la tarde.

El lunes los comunitarios de Cenovi, donde vivía Emely, realizaron una manifestación para demandar que se haga justicia por el asesinato de la menor, que al momento de su muerte estaba embarazada.

Aunque la manifestación del lunes fue pacífica, trascendió que la provincia Duarte estará atenta a la decisión de los jueces, y según integrantes del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) “si no hay condena, habrá problemas en las calles”.

Están bajo la mira de la sociedad los jueces María de los Ángeles Concepción, Víctor Inoa y Carminia Caminero, quienes deben decidir la suerte de Marlon y Marlin Martínez, acusados por el asesinato.

Los tres magistrados tienen una decisión difícil que tomar, debido a la presión social que desde el inicio ha tenido el proceso judicial, que ha sido seguido a nivel nacional y en el extranjero a través de transmisiones en vivo de las redes sociales.¿Qué piden las partes?

La abogada Ingrid Hidalgo, que defiende a Marlin Martínez, solicitó el miércoles a los jueces que su defendida sea descargada del proceso y que sea puesta en libertad por no haberse comprobado la acusación del Ministerio Público, y también solicitó que el tribunal rechace la indemnización de 20 millones de pesos solicitados por la parte civil.

Hidalgo además advirtió a los jueces que si condenan a Marlin Martínez por la presión social de los medios de comunicación y de las redes, deberían ser “abolidos”.

Mientras, la defensa de Marlon Martínez concluyó sus alegatos pidiendo que sea variada la calificación jurídica de asesinato, por aborto y homicidio involuntario, y que en consecuencia solo le impongan la pena de 5 años de prisión en la fortaleza de Salcedo.

En cambio, solicitó que si se mantiene la acusación del Ministerio Público como está y si los jueces la acogen, que Marlon sea condenado a la pena de 10 años, y que sea rechazada la indemnización de 20 millones de pesos y que le impongan tres millones.

Los fiscales que llevan el caso, encabezados por la fiscal titular Smaily Rodríguez, aseguran que han logrado destruir la presunción de inocencia de Marlon y su madre Marlin Martínez. En ese sentido piden que Marlon sea condenado a 30 años como autor material del asesinato y Marlin sea condenada a 20 años de prisión por complicidad.

Diario Libre 

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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