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Capo cubano es acogido por República Dominicana tras cumplir condena en EEUU

Pidió no ser enviado a su país de origen porque temía por su vida y fue aceptado por las autoridades dominicanas

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Miami, 20 nov (EFE).- El cubano-estadounidense Augusto “Willie” Falcón, uno de los jefes de una red de narcotráfico que operó en los años 80 y comienzos de los 90 y cuyos integrantes eran conocidos como los “cowboys de la cocaína” fue deportado este mes a República Dominicana, informaron hoy medios locales.

Los canales de televisión se hicieron eco hoy de la confirmación de la deportación de Falcón, quien había pedido no ser enviado a su país de origen porque temía por su vida y fue aceptado por las autoridades dominicanas.

Falcón, que terminó este año la condena que en su día le impuso la justicia estadounidense, fue deportado el pasado 6 de noviembre, según dijeron fuentes de la oficina de Inmigración y Aduanas de EE.UU. al canal NBC 6.

Augusto “Willie” Falcón operaba junto con Salvador Magluta, también de origen cubano, una de las mayores redes de narcotráfico en Estados Unidos.

Los dos fueron acusados en 1991 por un jurado federal del contrabando de al menos 75 toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

Fueron absueltos en un primer juicio, en el que compraron a los jurados, pero en un segundo juicio fueron condenados a largas penas de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico.

“Willie” Falcón llegó a un acuerdo con la Fiscalía y fue sentenciado a una pena reducida de 20 años de cárcel, que terminó de cumplir en junio pasado.

El hermano del capo de origen cubano, Gustavo Falcón, quien fue acusado de delitos similares a los de “Willie”, escapó antes de que la justicia actuase contra ellos y estuvo prófugo 26 años, hasta que en 2017 fue localizado y detenido.

Un juez federal sentenció el pasado 25 de abril a once años de cárcel a Gustavo Falcón.

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En 90 días EEUU enviará delegación de alto nivel a República Dominicana

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El presidente Danilo Medina con su homólogo estadounidense Donald Trump y su esposa Ivanna Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató este viernes de la importancia de una “transición democrática pacífica” en Venezuela con los gobernantes de cinco naciones caribeñas con los que se propone estrechar unas relaciones que la Casa Blanca considera “fuertes”.

Un portavoz de la Casa Blanca anunció que como resultado de esta reunión celebrada en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en el sur de Florida, OPIC, el organismo financiero de desarrollo de EE.UU., va a dar en 2019 un “estatus prioritario” a Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y República Dominicana.

“En los próximos 90 días enviaremos una delegación de alto nivel” a esos países, señaló el portavoz Hogan Gidley sin dar más detalles.

Según Gidley, en la reunión se trató de la “importancia de apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela”, así como de la capacidad de resistencia a los desastres naturales, las oportunidades de inversión y la cooperación en materia de seguridad.

“Estados Unidos está junto a nuestros amigos caribeños y quiere avanzar en nuestros estrechos y antiguos lazos con la región, trabajando mas estrechamente en prioridades como Venezuela y centrarnos en el crecimiento económico”, escribió el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, en Twitter.

En la reunión, celebrada a puerta cerrada, participaron los presidentes de República Dominicana, Danilo Medina, y Haití, Jovenel Moïse, y los primeros ministros Hubert A. Minnis, de Bahamas, Andrew Holness, de Jamaica, y Allen Michael Chastanet, de Santa Lucía.

Dos de los cinco gobernantes invitados a Mar-a-Lago, los primeros ministros de Santa Lucía y Jamaica, defienden el principio de no interferencia en Venezuela y siguen considerando a Maduro el presidente legítimo de ese país.

La mayoría de los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) reiteraron su posición de “no interferencia” en los asuntos venezolanos en su reciente reunión interanual celebrada en San Cristóbal y Nieves el pasado mes y a su vez se mostraron partidarios de buscar una solución pacífica a la crisis venezolana.

Además de Trump y la primera dama estadounidense, asistió un importante grupo de funcionarios del Gobierno de EE.UU, entre ellos el jefe de gabinete interino, Mick Mulvaney, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y Jessica Bedoya Hermann, directora para Asuntos de Centroamérica y el Caribe del Consejo Nacional de Seguridad.

Tras la sesión oficial de fotos, la reunión comenzó con unas palabras de Trump a los gobernantes invitados y breves intervenciones de cada uno de ellos.

“Estamos deseando pasar un montón de tiempo juntos esta tarde y discutir maneras de hacer cosas beneficiosas para ustedes y que ustedes hagan lo mismo por nosotros”, subrayó el presidente de Estados Unidos.

Los gobernantes caribeños se refirieron a los fuertes lazos de sus países con Estados Unidos, sin hacer mención a Venezuela.

Reunión de Donald Trump con presidentes de Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y República Dominicana.

Con Hugo Chávez como presidente Venezuela se forjó una fuerte relación con los países caribeños mediante asistencia y con organismos como Petrocaribe, lo que se tradujo en apoyo para su Gobierno en instancias internacionales, especialmente en la Organización de Estados Americanos (OEA).

El presidente dominicano, que subrayó que su país y Estados Unidos son “socios importantes”, dijo que estaba en Mar-a-Lago “para discutir temas de la región” y dispuesto a aprovechar la llamada de Trump a “colaborar”.

Antes de la reunión, el primer ministro de Santa Lucía comentó a los periodistas que desde los tiempos de Ronald Reagan no ha habido un presidente de Estados Unidos que haya tomado una “iniciativa para el Caribe” como la de Trump.

En coincidencia con esta reunión el Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes) y sus filiales en Uruguay y Bolivia, así como al Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario.

La decisión, según un comunicado oficial, se adoptó “en respuesta al arresto ilegal” de Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien es respaldado por Estados Unidos y medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela.

En un artículo publicado hoy viernes en el diario The Miami Herald el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, hizo un llamamiento a “cada una de las naciones de la comunidad internacional” para que se unan a Estados Unidos y le retiren “el apoyo a la fracasada dictadura de Nicolás Maduro”.

EFE

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Roberto Rodríguez dice que fue Hipólito Mejía el que contrató a Odebrecht

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El exdirector del Instituto Nacional de aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez, mostró ayer al juez de la Instrucción Especial del caso Odebrecht, que quien adjudicó y le autorizó contratar al consorcio integrado por Odebrecht para el proyecto Acueducto de la Línea Noroeste fue el expresidente Hipólito Mejía.

Mostrando como elementos de prueba reportes del desaparecido periódico El Siglo así como decretos y poderes que le otorgó el entonces presidente Mejía, la defensa al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) negó que él haya recibido soborno para adjudicar el proyecto.

Claudio Stephen mostró que fue durante la primera administración del expresidente Leonel Fernández cuando se adjudicó en modalidad de contrato grado a grado a la también empresa brasileña Andrade Gutiérrez y su contra parte dominicana, Hidráulica Agrícola Civil (Haicivilca) pero que esa adjudicación directa generó muchas reacciones en contra, por lo que una vez Hipólito Mejía fue juramentado como presidente, el 12 se septiembre del 2000, lo anuló y convocó a una licitación.

La defensa mostró, además, que para tales fines, se emitió el decreto 154-01 que designa una comisión de asesores hidráulicos, quienes fueron los que recomendaron al Poder Ejecutivo contratar al consorcio formado por Odebrecht y Amina.

Luego de la recomendación de los asesores y de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el presidente le remite un poder a Roberto Rodríguez que le autoriza a firmar el contrato de adjudicación de la obra al consorcio.

“Esa es una responsabilidad mía, no ha sido pero va a ser asignado y yo soy quien voy a dar el punto final”, dijo el expresidente según relata la edición del periódico de fecha 24 de junio del año del 2001.

Resta crédito a las delaciones
El abogado Stephan quitó credibilidad a las declaraciones del exgerente de Odebrecht, Marco Vasconcelos Cruz, debido a que él no tuvo nada que ver con ese proyecto puesto que quien firmó o era gerente de la compañía en el país para entonces, era Marcelo Jardim. En referencia al cheque que la empresa Arma, propiedad del empresario Ángel Rondón Rijo, emitió a Esther Jiménez Cruz, cuñada del exfuncionario público, el abogado explicó que es insostenible afirmar que dicha transacción era producto de un soborno para la adjudicación del acueducto por dos razones

La primera de las razones por las que el abogado de Rodríguez restó credibilidad a las declaraciones del gerente de Odrebrecht es que, según dijo, los documentos mostrados y depositados al tribunal demuestran que Rodríguez no tuvo incidencia en la adjudicación y segundo, porque ese cheque se emitió en el año 2009 y el contrato con Odebrecht fue en 2002.

Argumentó que en ningún momento el Ministerio Público llamó a Jiménez Cruz a fin de interrogar o cuestionarle por qué o para qué fue la transacción y que tampoco pudo demostrar que ese dinero fue canjeado o depositado al exfuncionario.

“Magistrado, es decir que el Ministerio Público quiere que usted envíe a juicio a una persona que supuestamente se va a autoincriminar, cuando sabemos que esa testigo, aun fuera verdad todo eso, que no lo es, perfectamente puede decir ese día en juicio: yo hago uso de mi derecho a guardar silencio”, refirió el abogado.

Otro abogado cuestiona al Ministerio Público
Francisco Campo, quien también integra la barra de defensa, cuestionó que el órgano investigador impute de falsedad en declaración jurada el que Rodríguez omitiera colocar en su declaración jurada que tenía acciones en una empresa.

Explicó que esa situación no constituye un ilícito penal sino una falta que conlleva sanciones administrativas. De igual manera justificó, tomando las pruebas depositadas por el Ministerio Público, el incremento patrimonial de Rodríguez entre el año 2005 y 2010 con los ingresos que obtuvo como legislador y hombre de negocios.

Diario Libre

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