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Nueva Ley de Armas: 40 años de cárcel a quien mate con arma ilegal

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Los ladrones que durante un hecho delictivo maten a una persona, con cualquier arma ilegal, ahora son condenados a 40 años de prisión según lo dispone la ley de Armas. Si causan heridas permanentes a sus víctimas se enfrentan hasta 30 años de cárcel.

La ley también castiga con 40 años a quienes lleven a cabo un secuestro con arma ilegal. No importa la denominación.

El pasado mes de abril, el Primer y Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, por separado, condenaron a la pena máxima a dos personas que mataron a sus víctimas durante robos.

El Segundo Colegiado impuso la sanción contra Jesús Francisco Ramírez Guzmán, alias Lili y/o Omali, por causarle la muerte con un arma blanca al cabo (R) de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Polanco González, alias El Rubio, para robarle el arma de fuego mientras la víctima realizaba labores de motoconcho.

De igual modo, fue condenado Mantovani Pericles Muñoz, de 29 años, por haberle ocasionado la muerte de un disparo a Jhony Franklin Cuello Santil para quitarle un teléfono celular.

Estas sanciones se han obtenido debido a que la Fiscalía de Santo Domingo Este ha depositado acusación contra varios imputados amparada en el artículo 66 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados que ha sido acogida por los tribunales.

“Cualquier persona física que le quite la vida a otra para cometer robo con violencia, poseyendo un arma de fuego ilegal, será castigada con una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de privación de libertad”, dice el párrafo II de la ley promulgada en el año 2016.

En los párrafos siguientes se establece que “cualquier persona física que para cometer robo use un arma de fuego ilegal y con esta provoque heridas que causen lesión permanente, será sancionada con una pena de veinte (20) a treinta (30) años de privación de libertad.

En caso de que las heridas no causen lesión permanente se impondrá la pena de quince (15) a veinte (20) años de privación de libertad”.

Por prestar arma
Pero las sanciones no solo son aplicables a los delincuentes y a la criminalidad organizada, de igual manera a los funcionarios públicos que faciliten sus armas o les asignen alguna a personas civiles.

La normativa establece que los funcionarios públicos que presten un arma para la comisión de un delito serán castigados con pena de 10 a 20 años, en tanto que el funcionario que asigne un arma de fuego a un civil, sin importar la formalidad utilizada para la asignación, será sancionado con una pena de tres a cinco años de cárcel y la cancelación de las funciones.

Enfrentará una pena de 10 años la persona que falsifique, altere, elimine o modifique el sistema de los mecanismos técnicos, marca de fabricación, número de serie, modelo, tipo de cañón y calibre o alteraciones en las huellas balísticas registradas.

Sicariato tiene pena menor
En la Ley se castiga más drásticamente al que mate a una persona durante un robo en comparación con otra que cometa actos de sicariato con un arma, igualmente ilegal.

En la sección referente a las sanciones penales, que regula la ley: artículo 66 y siguientes, la pena mínima, 30 años, y máxima, 40, solo son aplicables cuando el homicidio sea el resultado de un robo o secuestro.

“Las personas que formen una asociación de malhechores y en la misma sean utilizadas armas de fuego ilegales, cual sea su naturaleza, serán sancionadas con penas de veinte (20) a treinta (30) años de privación de libertad”, dice el párrafo IV del art. 66 de la Ley 631-16.

FUENTE: Diario Libre

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Jóvenes que murieron en accidente eran velados en colegio donde estudiaba

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Los restos de los cinco jóvenes que murieron en un accidente de tránsito en Ranchito, La Vega, son velados en el colegio donde asistían.

En el salón del colegio La Altagracia, de San Francisco de Macorís, cinco familias, amigos y todo el pueblo llora consternado la muerte de los muchachos que se estrellaron contra una caseta y una pared de banca de loterías en la carretera de Ranchito, al norte de República Dominicana.

Cientos de personas, entre ellos estudiantes y maestros, han acudido al lugar para dar el pésame a estas cinco familias.

Las cinco víctimas en el accidente son Luis Jesús Almonó, Camil Francisco Rodríguez, Emil Suárez Ledesma, los tres de 15 años, Navil Piña de la Rosa, de 16, y Miguel Ángel de la Cruz, de 22.

Luego de la exposición de los cuerpos en el centro educativo, cada familia trasladará a su ser querido una diferentes funerarias para luego darles cristiana sepultura.

Los adolescentes eran hijos de familia de San Francisco de Macorís, de acuerdo a los informes. Uno de era hijo de un juez, otro de una doctora y los demás de comerciantes y profesionales.

Los informes indican que uno de los jóvenes aprovechando que sus padres dormían, tomó la llave del carro Toyota Corola color negro, placa A 611141, buscó a sus amigos de infancia y de estudios en el colegio y que salieron a dar una vuelta.

La hipótesis que manejan las autoridades indica que es probable que el conductor del auto se durmiera.

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“Si aquí morimos los quiero, chicos”, dijo minutos antes uno de los jóvenes muertos en accidente de La Vega

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En un video que circula por las redes sociales se observa a uno de los jóvenes que falleció la madrugada de este domingo decir: “Si aquí morimos los quiero, chicos, los queremos”.

En el audio se escucha una música a alto volumen mientras las víctimas disfrutan y se ríen al momento de grabar el video.

Los jóvenes fueron identificados como Luis Jesús Almonó, Camil Francisco Rodríguez, Emil Suérez, los tres de 16 años, así como Navil Peña de 15, y Miguel Ángel de la Cruz, de 22 años.

Todos murieron la madrugada de este domingo al estrellarse el vehículo que ocupaban contra las paredes de dos establecimientos comerciales en la localidad de Ranchito, de la Vega,indica Listín Diario.

El vehículo en el que se trasladaban era un Toyota Corolla, color negro, placa A-611141, cuyo conductor perdió el control y se estrelló primero contra una caseta y luego con la pared de una banca de loterías.

Las víctimas eran nativas de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

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