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Condena para cinco de ocho imputados del caso Banco Peravia

Tribunal descargó a tres, incluido el jefe de seguridad

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El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este jueves a cinco de los ocho imputados por la quiebra del Banco Peravia.

Las juezas condenaron a siete años de prisión y al pago de dos millones de pesos a los imputados Nelson Serret y a Yessenia Serret Aponte, a quienes consideraron como los que tenían mayor responsabilidad penal en el caso.

Mientras que los imputados Jorge y Carlos Serret fueron condenados a tres años de prisión y al pago de un millón de pesos. En tanto que Pausides Donato Rodríguez fue condenado a dos años de prisión por complicidad.

Fueron condenados por asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, por falsedad de escritura de banco y privada y violación a la Ley Monetaria y Financiera.

El tribunal descargó a los imputados Rolando y Nelson Cabral Veras y al excapitán Florentino de Jesús Acosta y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaban contra suyas.

Los primeros cuatro condenados tendrán que pagar una indemnización superior a los mil 888 millones de pesos a favor de las instituciones financieras del Estado como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, además de varias empresas que se constituyeron en actores civiles y varios querellantes que fueron intervinientes voluntarios en el proceso.

En sus conclusiones el Ministerio Público solicitó que los imputados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, sean condenados a 20 años de prisión y el pago cada uno de una multa de RD$2,500,000.00.

Asimismo, pidió 10 años de reclusión y el pago de una multa de RD$1,250,000.00 contra los acusados Paucides Morales Rodríguez y Florentino De Jesús Acosta.

La lectura íntegra de la sentencia será el jueves 18 de julio a las 10:00 de la mañana.

Declarados en rebeldía
Por el fraude de 1,400 millones del Banco Peravia todavía hay 12 prófugos, entre ellos Gabriel A. Jiménez Saray, José Luis Santoro, Luis M. Peña Melo, Miriam Serret S., Evelin Serret, Luis Serret, Carlos Bergantiños y Lorenzo A. Laviosa.

El proceso judicial fue iniciado en el 2014 y en el caso del capitán De Jesús, no se demostró que amedrentaba a las víctimas como afirmó la Fiscalía.

FUENTE: Diario Libre

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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Hackean a Salud Pública y le roban más de 8 mil archivos de vacunados

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Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, confirmaron el robo de más de 8 mil archivos de personas vacunadas contra la Covid-19 de una base de datos oficial.

La institución informó que estos datos, que incluyen nombres, números de teléfono y direcciones, fueron sustraídos con la intención de venderlos en la Dark Web por entre 1 y 3 euros cada uno.

La Dark Web es un espacio en línea no indexado por motores de búsqueda comunes, utilizado para actividades delictivas como la venta de drogas, armas y datos robados. Los hackers aprovecharon la falta de protección de las computadoras del Ministerio de Salud Pública, que no contaban con un antivirus actualizado, para introducir un malware y extraer la información de los vacunados.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación y ha identificado una dirección IP relacionada con el robo de datos.

Sin embargo, la dificultad para rastrear a los responsables radica en su presencia en la Dark Web, donde se requieren herramientas especializadas como TOR para acceder.

Este incidente se suma a una serie de hackeos a instituciones del Estado dominicano en los últimos años, incluyendo el Instituto Agrario Dominicano y la Dirección General de Migración.

El más reciente ataque fue dirigido a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas el pasado 10 de abril.

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