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Panorama

Presidente promulga ley que protege imagen de personas fallecidas y accidentadas

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El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 192-19 sobre la protección de la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas y accidentadas.

El proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada plantea que la imagen, intimidad y el honor familiar es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de República Dominicana.

De acuerdo a lo establecido en el proyecto de ley, las personas que se consideren agraviadas, porque su imagen haya sido divulgada sin autorización podrán demandar ante un tribunal civil de primera instancia y, en caso de que la persona sea incapaz de llevar este proceso a cabo, podrá ejercer ese derecho un familiar o el Ministerio Público.

Se considerarán como “intromisiones ilegítimas” la divulgación de hechos de la vida privada de una persona fallecida o la publicación en medios no autorizados de escritos personales “que afecten su reputación”.

También la reproducción de un filme, fotografía de una persona fallecida desnuda o en ropa interior en medios de comunicación, redes sociales, “o cualquier otro mecanismo de divulgación”.

“No se consideran intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante”, establece la ley.

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Panorama

JCE retira vallas de Gonzalo Castillo en Barahona y Pedro Brand

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La Junta Central Electoral dispuso el retiro de unas vallas políticas que promocionan la precandidatura presidencial de Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana.

Esto luego de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositara una solicitud para que las mismas fueran retiradas y que el PLD sea sancionado en virtud de lo que establece la ley de Régimen Electoral, y específicamente el reglamento de precampaña, regulación dictada recientemente por el órgano electoral.

La JCE quitó tres vallas en Barahona y Pedro Band, las cuales fueron retiradas por la Policía Militar Electoral y los miembros de las juntas municipales

Se recuerda el reglamento de la precampaña prohíbe la colocación de las vallas excepto en los comando de campaña u oficinas políticas, la promoción de precandidaturas por altoparlantes, la colocación de afiches y la realización de mítines o encuentros en espacios abiertos.

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Panorama

Conocen medida de coerción a la exfiscal de Villa Vásquez y agentes DNCD por droga a barbería

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La Oficina de Atención de Permanente de los Servicios Judiciales de Montecristi conoce en estos momentos la medida de coerción contra la exfiscal del municipio de Villa Vásquez, Carmen Lisset Núñez, y a cuatro exmiembros de la la DNCD, a quienes se acusa de colocar droga a una barbería en esa localidad el pasado 2 de este mes para incriminar a los jóvenes que se encontraban en el establecimiento.

El juez de Primera Instancia, César Darío Núñez Martínez, designado por la Corte de Apelación para conducir el juicio, decidió hacer un receso del proceso para permitirles almorzar a los abogados de las partes, los representantes del Ministerio Público e implicados.

Indica Diario Libre que Félix Portes, quien representa a cuatro de los afectados por el caso, declaró que la defensa técnica de los exagentes de la DNCD originaron varios incidentes alegando que estaban presos en violación del tiempo de las 48 horas.

Dijo que ese argumento no era válido, ya que los detenidos debieron hacerlo el pasado 8 de los corrientes y no 12 días después.

Los querellantes que alegan fueron perjudicados por un allanamiento irregular en la barbería El Maná son Otoniel Gutiérrez Cruz, Rafy Mejía, Carlos Miguel Escotto y Edabel de Jesús Peña.

Además de la exfiscal, acusa de asociación de malhechores, prevaricación y abuso de poder a los miembros de la Policía Nacional, al mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, al capitán Juan de Dios Heredia Martínez y al cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, así como al cabo de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Juan Antonio Arias Peguero.

El Ministerio Público está solicitando, contra los imputados, un año de prisión preventiva.

Las autoridades policiales y militares que custodian el palacio de justicia de Montecristi han tenido que tomar medidas para impedir que decenas de personas controlen sus emociones y el proceso judicial pueda ventilarse sin contratiempos, tras dos aplazamientos.

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