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De allá

Ana Julia Quezada declarada culpable de asesinato del niño Gabriel

El jurado alcanza la decisión por unanimidad tras más de 24 horas de deliberación

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ARMERÍA, España.-Ana Julia Quezada asesinó con alevosía al niño de ocho años Gabriel Cruz, hijo de su expareja sentimental, el 27 de febrero de 2018 en la finca familiar de Rodalquilar, (Níjar, Almería), tras «lanzarlo contra el suelo o pared» de la habitación del cortijo «de forma intencionada, súbita y repentina» y que lo hizo consciente de su «superioridad» por diferencia de edad y por complexión.

Así lo ha determinado el jurado popular que ha deliberado sobre las pruebas presentadas contra ella en el transcurso de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial en la que ha estimado acreditado también que Gabriel, quien «confiaba» en la acusada por ser una persona «íntimamente ligada» a su entorno familiar, «no tuvo posibilidad de defenderse ni de reaccionar», lo que aboca a Quezada a la prisión permanente revisable, tal y como solicita la Fiscalía.

En presencia de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor, y en audiencia pública, las siete mujeres y dos hombres que integran el jurado han considerado probado por unanimidad que, de acuerdo con los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que practicaron la autopsia, «tras el impacto» la acusada «procedió con sus propias manos» a la oclusión de los orificios respiratorios «con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento» por asfixia mecánica por sofocación.

El jurado popular ha descartado que Ana Julia Quezada, tal y como ha mantenido la acusación particular ejercida por los progenitores, aumentase de manera deliberada e inhumana el sufrimiento del niño al darle muerte y rechaza que haya pruebas que respalden que le diera «golpes, dejándolo aturdido» entre 45 y 90 minutos para después «taparle la boca y la nariz hasta llevarle a la muerte».

FUENTE: Europa Press

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Marcha de independentistas colapsa la ciudad Barcelona

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Más de medio millón de independentistas catalanes se reunieron ayer en el centro de Barcelona, en una jornada de huelga general, para protestar por la sentencia que condena por secesión a sus líderes a más de nueve años de prisión por la intentona soberanista de 2017.

Unas 525.000 personas, según la Policía local, se congregaron en el centro de la capital catalana y protestaron de forma pacífica, después de llegar a pie en cinco marchas desde distintos puntos de esa región española que acabaron este viernes en Barcelona.

Encabezando la manifestación, una pancarta con el lema “Por los derechos y las libertades, huelga general” y un lazo amarillo, símbolo de protesta por la prisión de los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo español.

En el recorrido se oyeron proclamas a favor de la independendecia y pidiendo la libertad de los políticos soberanistas presos.

La marcha concluyó con la lectura de un comunicado en la voz de Elisenda Paluzie, presidenta de la organización independentista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), quien defendió una nueva declaración unilateral de independencia, tal y como ocurrió en octubre de 2017.

“Les pedimos a los partidos independentistas que esto no sea una maniobra de dilatación de los tiempos. Si el diálogo no llega, preparaos para sostener una declaración unilateral de independencia, la gente estaremos ahí para defenderla pacíficamente”, dijo.

A diferencia del carácter pacífico de la manifestación principal, otra concentración paralela registró incidentes graves, algunos heridos y varios detenidos.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en rueda de prensa en 207 el número de agentes de las fuerzas de seguridad heridos en los disturbios en Cataluña desde el pasado lunes.

FUENTE: EFE

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Chile arde por aumento al pasaje del Metro

Ha sido incendiadas cinco estaciones de Metro, 16 autobuses públicos, comercios y edificios

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Graves disturbios en Santiago de Chile. Una docena de focos de incendios intencionados se mantenían activos simultáneamente en distintos barrios de la capital chilena entre las últimas horas del viernes y las primeras del sábado  como consecuencia de los disturbios provocados por grupos de jóvenes descontrolados en el marco de las protestas por el aumento del precio en el pasaje de metro.

El presidente liberal Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia en casi toda la capital chilena y su área metropolitana, lo que supone la militarización del orden público.

Al menos han sido incendiadas cinco estaciones de metro, dieciséis autobuses públicos, comercios y edificios, entre ellos la sede corporativa de la empresa eléctrica italiana Enel, propietaria de la española Endesa.

También se han producido saqueos en tiendas y supermercados.

El fuego intencionado afecta a varias estaciones, vehículos, comercios y edificios como la sede corporativa de la eléctrica Enel

Piñera compareció en el palacio de La Moneda al filo de la medianoche (hora local) y decretó el “estado de emergencia” en un área que cubre casi toda la región metropolitana y designó a un general del Ejército como responsable del orden público.

“El objetivo de este estado de emergencia es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público”, así como “proteger los bienes tanto públicos como privados”, indicó el mandatario, que atribuyó los disturbios a la “acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie”.

Horas antes el gobierno ya había invocado la ley de seguridad del estado para frenar los altercados, que incluyeron barricadas callejeras.

La red de metro permanecerá cerrada durante todo el fin de semana, mientras que los partidos de la liga de fútbol que debían jugarse en la capital fueron suspendidos.

Aunque Piñera no anuló el alza en la tarifa del metro, como exige la oposición de centroizquierda, anunció la convocatoria de un ambiguo “diálogo transversal” y se comprometió “a hacer todos los esfuerzos” para paliar los efectos de la medida en “los compatriotas que se han visto afectados por esta alza en el precio del metro”.

Edificio de la compañía Enel en llamas como consecuencia de las protestas en Santiago de Chile. (STRINGER / Reuters)

Las protestas se iniciaron el lunes, aunque el viernes por la noche se descontrolaron.

Hasta ese día los incidentes eran aislados y la policía ya se había enfrentado a grupos de manifestantes, mayoritariamente estudiantes, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos que se quejaron lo hicieron pacíficamente y en muchos momentos haciendo sonar las cacerolas.

El detonante fue el aumento del billete de metro de Santiago, que pasó de 800 a 830 pesos (de 1 a 1,04 euros), un alza de apenas cuatro céntimos de euro pero que provocó la indignación de la clase media santiaguina, acostumbrada a soportar elevadas tarifas de suministros o peajes de autopistas urbanas a precios europeos mientras el salario mínimo sigue siendo tercermundista, pues equivale a 378 euros.

FUENTE: Lavanguardia.com

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