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Presidente JCE responde sobre acusaciones de presunto fraude

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El presidente de la Junta Central Electoral respondió todas las acusaciones de supuestas irregularidades que hubo en las pasadas primarias simultáneas en perjuicio de un candidato y beneficio de otro.

Julio César Castaños Guzmán inició la rueda de prensa indicando que son falsas de toda falsedad y calificó de patrañas las series de acusaciones que ha estado haciendo el expresidente Leonel Fernández, relacionadas al incendio ocurrido hace meses en los almacenes de inspectoría, la supuesta interrupción en la trasmisión de la data y el alegado comportamiento anormal en las mesas de la región sur, entre otros argumentos.

Negó categóricamente que el incendio ocurrido en inspectoría tuviera nada que ver con las supuestas copias de llaves encriptadas, puesto que en ese momento los equipos utilizados en las primarias no se encontraban en ese lugar.

Indica Listín Diario que también informó que se ordenó que tanto la compañías de comunicación Altice y Claro certifiquen que no hubo ningún tipo de interrupción durante la transmisión de datos de las mesas electorales a los servidores de la Junta.

Presupuesto
Con relación al costo a la auditoría forense que realizarán a los equipos será con recursos de la Junta Central Electoral, específicamente del presupuesto de las primarias y que hasta ahora no se conoce el monto porque el proceso está en licitación.

Puntualizó en que todas esas disposiciones han sido una decisión del pleno de la JCE, puesto que lo que se haga para transparentar el proceso es bienvenido y no presión de un grupo.

Dijo que el 27 de este mes cumple el plazo para escogencia de los candidatos de los demás partidos del sistema y que la Junta está en la obligación de entenderlos.

Audioría de equipos ya estaba decidida
Castaños Guzmán, aclaró que no cedió a realizar la auditoría forense a los equipos que se utilizaron en las primarias por las manifestaciones que se han realizado en las afueras del organismo, sino, que ya el organismo lo había decidido.

“Eso estaba predeterminado y decidido. Los términos técnicos, que son los términos en que ese trabajo se va hacer y esa contratación son públicos y nosotros somos los primeros interesados en que este asunto se esclarezca, la democracia lo necesita, el sistema de partidos, los usuarios, las actividades políticas de este país», manifestó de forma enérgica el presidente del organismo electoral en declaraciones recogidas por El Caribe.

Aseguró que no le tiene ningún temor a que ese proceso sea investigado y procesado, aunque subrayó que no por cualquiera «porque esto no es una romería de reclamantes», sino, por instituciones competentes para ser contratadas, porque no se trata de un favor.

«La Junta no le está pidiendo favores a nadie, ha decidido contratar a una empresa de renombre internacional, con la finalidad especifica de los términos de referencia y del objeto de esa contratación», expresó Castaños Guzmán en una rueda de prensa.

Indició que la empresa que sea contratada será dada a conocer a la luz pública de forma inmediata, tanto el tiempo en que se va a hacer y el precio que tendrá, «no sabemos el precio, lo demás son especulaciones».

El máximo representante del organismo electoral, aseguró que la entidad está en calma, continúa con sus labores y se encuentra en un momento «muy importante» porque el 17 de octubre se realizarán las convenciones de dirigentes y de delegados.

«En una palabra, lo que viene y lo que queda, le queda a esto que se haga la auditoría forense, que esperemos sus resultados, pero los trabajos de esta institución continúan, aquí no está nada paralizado», sostuvo.

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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