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JCE defiende empresa que auditará voto automatizado

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El presidente del órgano comicial aclaró que la empresa contratada para realizar la auditoría al voto automatizado no es dominicana sino de Costa Rica, y aseguró que la Unión Interamericana de Organismos Electorales también participará en el proceso, junto a todos los delegados de los partidos políticos.

El magistrado explicó además que será en unas dos semanas cuando la firma tendrá listos los resultados de la primera fase del proceso, que estará enfocada en el software y el código fuente, mientras que el informe completo, que contempla la auditoría al 5 por ciento de los equipos, equivalentes a unas 400 máquinas, será entregado en unas seis semanas.

Para este martes en horas de la tarde, la empresa Deloitte sostendrá un primer encuentro con los encargados de cómputos y elecciones del órgano electoral y los delegados de los partidos políticos.

¿A qué se dedica Deloitte?
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ofrece los servicios a nivel global de consultoría, impuestos, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría, los cuales pueden variar en cada firma miembro de Deloitte.

Sanciones
La firma a la que el órgano electoral deberá pagar 299,800 dólares, fue sancionada “por infracciones graves cometidas en una auditoría” el 25 de abril de 2018 de parte del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas (ICAC) de España, el cual está adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda.

Según el contrato, los servicios que debe prestar la empresa Deloitte & Touche SA incluye evaluar y concluir sobre los controles del sistema de voto automatizado para la administración del padrón electoral y sobre los controles de seguridad física en la administración de cadena de suministro de equipos hacia los centros de votación.

Además, sobre los controles del proceso de identificación, autenticación y autorización del votante, sobre los controles que mantienen la integridad de las urnas de votación electrónica, así como sobre la integridad del proceso de cierre y reporte de resultados; y los controles de seguridad de los diferentes componentes de la plataforma.

Asimismo, el documento indica que el proveedor deberá entregar por cada ítem evaluado un informe de avance sobre la revisión ejecutada durante la ejecución del proyecto y un informe final que contenga la evaluación de todos los puntos antes citados.

Para supervisar la ejecución del contrato y velar por el cabal cumplimiento de cada una de las obligaciones de las partes, fueron nombrados como administradores del Contrato Miguel Ángel García, Dirección de Informática de la JCE; y Andrés Casas, socio líder de la empresa que hará la auditoría forense.

FUENTE: Noticias SIN

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MP apelará variación coerción exfiscal y exagentes implicados en allanamiento irregular barbería Villa Vásquez

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El Ministerio Público informó este miércoles que apelará la resolución de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Montecristi que varió la medida de coerción de prisión preventiva que le fue impuesta a la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña y a cuatro exagentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Estos están acusados de incurrir en irregularidades mientras realizaban un allanamiento en una barbería del municipio de Villa Vásquez.

Según indicó Ministerio Público, en el caso de la exfiscal, Carmen Lisset Núñez Peña, el tribunal varió la prisión preventiva por prisión domiciliaria.

Mientras que en el caso de los exagentes de la DNCD, Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, Juan de Dios Heredia Martínez, Adán Maurito Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, dispuso el pago de una garantía económica de RD$40 mil cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el despacho de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Montecristi.

Informó que el tribunal adoptó la decisión durante la audiencia para la revisión obligatoria de la medida cautelar, consistente en prisión preventiva, que le fue impuesta el pasado mes de agosto a solicitud del Ministerio Público.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que procederá a recurrir en apelación por no estar de acuerdo con la decisión de variar la medida de coerción, tras señalar que la prisión preventiva es la medida más idónea en este caso, ya que existe el peligro de fuga por la gravedad de los hechos y la cantidad de evidencias periciales, materiales, testimoniales y documentales obtenidas en su contra durante la investigación.

Los imputados son acusados de violar los artículos 38, 42, 44, 169 párrafo I, y 255 de la Constitución de la República, que tipifican la violación al derecho de la dignidad humana, respeto a la integridad psíquica y moral, honor personal, así como de violar los artículos 114, 123, 166, 184, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifican el abuso de autoridad contra los particulares, coalición de
funcionarios y asociación de malhechores

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¡A comer lechón! Cambian a prisión domiciliaria coerción a exfiscal acusada de poner droga en barbería Villa Vásquez

Los exagentes de la DNCD también involucrados en el caso le variaron la prisión a garantía económica

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El juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Montecristi, César Darío Núñez Martínez, varió la medida de coersión impuesta a la exfiscal de Montecristi, Carmen Lissette Núñez, acusada de colocar drogas en una peluquería del municipio de Villa Vásquez, durante un allanamiento.

Asimismo, el magistrado varió a garantía económica de RD$40 mil a los miembros de la Policía Nacional, al mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, al capitán Juan de Dios Heredia Martínez y al cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, así como al cabo de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Juan Antonio Arias Peguero, quienes acompañaban a la exfuncionaria judicial Carmen Lissette Núñez Peña durante el operativo.

En agosto de este año, el tribunal impuso seis meses de prisión preventiva a la exfiscal y a los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que fueron captados por las cámaras de seguridad colocando drogas durante un allanamiento a una peluquería en Villa Vásquez, Montecristi.

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