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Reportaje Huesped

Quejas por la entrega aquí de remesas en pesos

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DEL LISTÍN DIARIO.-Algunas personas que re­ciben ingresos del exterior se quejan de que empresas remesadoras quieren obli­garlos a recibir pesos do­minicanos en el país, en vez de los dólares que de­positan los familiares que les envían el dinero.

Esas reclamaciones han llegado hasta la redacción de Listín Diario de varias personas que aseguran tienen constancia de que esto está ocurriendo en el mercado a pesar de que los familiares que deposi­tan las remesas piden que la entrega a destino sea en dólares y no pesos.

Una señora contó que ha vivido la experiencia en dos ocasiones en una re­conocida empresa de re­mesas en República Do­minicana. Ella relata que durante el periodo de emergencia por la pan­demia del coronavirus ha recibido dos envíos des­de Estados Unidos.

La pri­mera vez, después de una larga fila, cuando llegó su turno, la joven que le aten­dió le informó que solo podría entregarle en pesos dominicanos. “Lo siento, no tenemos dólares, ten­drá que volver luego o ir a otra sucursal”, le dijo.

En la segunda ocasión, que fue el miércoles de la semana pasada, justo cuando entró en vigencia la primera fase de la reac­tivación económica, en la misma sucursal a donde acudió la primera vez, la señora pidió el dinero en dólares, pero la respuesta fue que las papeletas que tenía de esta divisa eran viejas, dinero que al final aceptó al notar que los dó­lares estaban en buen es­tado.

Envíos a domicilio
En este tipo se servicio, las remesadoras tampoco es­tán entregando el dine­ro en dólares, pese a que el usuario insiste en que no desea el cambio de di­visa.

Un señor que regu­larmente recibe remesas, contó que otra remesadora le informó que solo pueden entregar en pesos domini­canos en los envíos a casa y que para recibirlos en dóla­res debía ir a una sucursal.

El hombre le dijo que los quería en dólares y mandó a una persona a la sucursal a buscarlos.

No obstante, para su sor­presa estando en la sucursal de la remesadora le dijeron que no podían entregar dó­lares porque quien enviaba el dinero había puesto que se lo entregaran en pesos dominicanos y que para re­cibir el efectivo en la mone­da extranjera debía hacerse el envío otra vez a Estados Unidos y quien manda de­be especificar que el desem­bolso sería en dólares.

Las quejas de otros
En la red social Twitter tam­bién se observaron las que­jas de personas que etique­taban en sus publicaciones a las remesadoras insistién­doles en que “si mi dinero llega en dólares, ¿por qué me lo quieren dar en pe­sos?”.

A este tweet, otra persona respondió: “Tienen un lío con eso no le quieren entre­gar dólares a nadie con el cuento de que están raya­dos y que el banco no los va aceptar”.

“Quien envía el dinero es quien tienen la potestad”

El Banco Central dijo a Lis­tín Diario que en el merca­do internacional, las regu­laciones establecen que el remesador (quien envía el dinero) tiene la potestad y la libertad de elegir el tipo de moneda en la que se en­trega el envío.

De acuerdo con la entidad financiera, lo que prevalece es la volun­tad del remesador de en­tregar en dólares o en pesos dominicanos, considerando la tasa de cambio vigente al momento de la entrega de las divisas.

El Banco Central explica es­to con el siguiente ejemplo: Un dominicano que trabaja en Estados Unidos quiera en­viar a un pariente en Repú­blica Dominicana US$100; lo primero que debe hacer es ir a una agencia de envío de remesas y llenar un formula­rio en el cual debe especificar con claridad si quiere que ese dinero se entregue al domini­cano en dólares o en su equi­valente pesos dominicanos, considerando la tasa de cam­bio publicada por el organis­mo financiero.

En este caso, el banco o el agente de cambio, o el agente de remesas y cam­bios tiene la obligatoriedad de entregarlos en dólares, aun­que ahí mismo en la ventani­lla el receptor de la divisa los venda a la tasa de cambio vi­gente al momento de la re­cepción de las divisas.

Respuesta de un agente
Ante las quejas de la gente de que las agencias remesa­doras no quieren entregar los envíos en dólares, el ge­rente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Cari­be Express y del Grupo Ca­ribe, Heddel Cordero, in­formó que esto se debe a la escasez de dólares que se registra en el mercado, por lo que en algunos casos no se le ha podido entregar demanera inmediata las re­mesas en esa moneda a los clientes.

El vocero de la institución indicó que fruto de la caí­da de los ingresos divisas a consecuencia del cierre de la economía por la pande­mia del COVID-19, desde hace cerca de un mes se ha estado experimentado un problema en la disponibili­dad de dólares, pero aclaró que esa situación no es per­manente sino que “se da de manera puntual en algunas sucursales cuando se ago­tan el monto disponible en el momento”.

Refiere que cuando ha ocurrido esa situación, no se le niega la entrega del en­vío al cliente, sino que se le da la opción de recibirlo en pesos o regresar al otro día cuando ya tengan dólares en caja.

“Lo que se hace es que se retrasa la entrega cuando se agota la divisa que tiene disponible la sucursal”, en­fatiza Cordero.

Manifestó que al caer la actividad tu­rística y el dinamismo de las exportaciones, la economía dominicana ha dejado de percibir divisas y por eso se dan niveles de escasez en el mercado.

DENUNCIAS

¿Dónde reclamar?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad a donde se pueden hacer las reclamaciones relacio­nadas con el sistema finan­ciero de República Domi­nicana

En respuesta a este tipo de reclamaciones, la ins­titución supervisora del sistema financiero indi­có a este medio de comu­nicación que la SIB reci­be todas las denuncias o reclamaciones que tenga cualquier usuario y que le brinda una respuesta.

Los usuarios del sistema fi­nanciero pueden hacer sus reclamaciones a través de su Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (Prousuario), departamento de la SIB, en el correo electrónico consultasprousuario@sib.gob.do.

Su objetivo es proporcio­nar servicios de atención, consultas, denuncias y re­clamaciones que requieran los usuarios de las entida­des de intermediación fi­nanciera a través de su co­rreo o teléfonos.

FUENTE: JHENERY RAMÍREZ / PATRIA REYES RODRÍGUEZ/Listín Diario

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Reportaje Huesped

Lo que contenían los kits licitados por Inaipi y que provocaron destitución de siete funcionarios

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Una denuncia sobre la adjudicación de un contrato a una empresa que no participó en la licitación, provocó este miércoles, después de una investigación oficial, la destitución de siete funcionarios del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) y la renuncia de su directora, Berlinesa Franco.

Todo comenzó por la denuncia hecha por Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Zeta S.R.L, la cual participó en el concurso para la adquisición de 40,000 kits de alimentos para ser distribuidos a nivel nacional a 25,000 familias de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia durante el periodo de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.

Una comisión designada por el presidente Danilo Medina investigó el proceso de urgencia de Inaipi marcado como INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002 y encontró que se “se cometieron violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones».

Según la petición que se hizo a los interesados, esto es lo que debería contener uno de los 40 mil kits que fueron adjudicados por un valor de 2,500 pesos cada uno y que según Pablo Cabrera, estos se podían armar con solo RD$600:

– Una caja de tabletas de chocolate (10/1).

– Dos paquetes de avena de 300 g.

– Dos paquetes de harina de maíz 14 oz.

– Dos paquetes de maizena 70 g.

– Seis unidades de jugos de 200 ml UHT.

– Cinco unidades de compotas 113 g.

– Cinco libras de arroz.

– Dos libras de habichuelas.

– Una caja de galletas de soda 20/1.

– Dos paquetes de espaguetis 400 g.

– Tres latas de salchichas 10 oz.

– Cuatro latas de sardinas 10 oz.

– Una lata de cereal 270 g.

– Una leche en polvo 360 gr.

(Esos precios incluían el empacado y distribución a nivel nacional)

Tras determinarse que hubo irregularidades, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo anunció la noche de este miércoles que fueron destituidos por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, el director de operaciones, Ricardo Guzmán; la directora de Compras, Maira Martínez; Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública.

Sobre el estado y las compras de emergencia
El 26 de febrero, el presidente Danilo Medina, declaró de emergencia, a través del decreto 87-20, las compras y contrataciones para la preparación, la prevención y la respuesta ante el ingreso al país de personas afectadas por coronavirus.

En este documento solo se faculta al Ministerio de Salud Pública realizar dichas compras y contrataciones.

Cuatro días después de dado a conocer el decreto, se anunció el primer caso importado. En la actualidad, en el país ya hay 2,111 personas contagiadas y 108 muertes por COVID-19.

Ya el 19 de marzo, el mandatario declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional, en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la resolución 62-20.

La disposición del Poder Ejecutivo está contenida en el decreto 134-20, en el cual se basó el Inaipi para realizar las compras de los kits alimenticios.

Ese mismo 19 de marzo, Medina emitió el decreto 133-20, que amplía la declaratoria de emergencia a cinco instituciones, para ejecutar iniciativas de prevención, asistencia médica y construcción de infraestructura de salud pública ante el coronavirus.

Las instituciones son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Otros cuestionamientos surgieron en la adjudicación de contratos durante el estado de emergencia por parte del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Se denunció que las licitaciones fueron adjudicadas a empresas que recién fueron creadas, que no cuentan con el inventario de almacén para cumplir con lo contratado y que no se dedican al área de insumos médicos, sino de construcción.

Pero en este caso, la directora general de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, aseguró en un comunicado que los procedimientos de compras y contrataciones, bajo el esquema de emergencia, realizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) cumplieron con los principios de publicidad y participación establecidos.

«En los casos denunciados, y dado que los proveedores no cumplieron con el plazo de entrega, el SNS y el MISPAS, notificaron la rescisión de las adjudicaciones, iniciaron el procedimiento para solicitar la inhabilitación por incumplimiento y se está procediendo a realizar nuevamente la publicidad de los requerimientos», dice un comunicado de prensa de la Presidencia.

Tras esto, el presidente creó la Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19, para dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y contrataciones llevados a cabo bajo el esquema de compras de emergencia.

La comisión estará integrada por un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), un representante de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Medianas Empresas (Codopyme), un representante de la Iglesia católica, un representante de las iglesias evangélicas y uno de la Asociación Dominicana de Diarios.

FUENTE: Diario Libre

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Reportaje Huesped

La historia de un permiso para un hotel en zona protegida

Conflicto por el proyecto hotelero de Globalia en República Dominicana

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REPORTAJE DE DIARIO LIBRE.-Hace unos días Juan José Hidalgo (Pepe Hidalgo), presidente de Globalia y dueño del proyecto hotelero Leaf Bayahibe, inició el proceso de “desmonte” en la parcela 24-A dentro del área protegida Guaraguao-Punta Catuano, catalogada como Área de Recreo, según la Ley Sectorial de Áreas Protegidas del 2004.

Es una zona protegida que colinda con el Parque Nacional Cotubanamá y ambas formaban parte del antiguo Parque del Este.

Pepe Hidalgo en un audio publicado por un medio nacional el 22 de enero, arremete contra ambientalistas dominicanos por la denuncia de la supuesta ilegalidad del proyecto que aseguran viola la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Hidalgo se defiende con el argumento de que posee un certificado del Ministerio de Medio Ambiente de que su propiedad está fuera del área protegida y un decreto del presidente Hipólito Mejía que autoriza su proyecto hotelero.

El decreto de Hipólito

En un artículo del periódico Hoy con fecha 11 de febrero de 2004 se publicó la comunicación enviada a Pepe Hidalgo el 14 de enero de 2004 por el entonces presidente Hipólito Mejía, quien otorgó el permiso para la construcción del Gran Palace Bayahibe Beach Resort.

Pocos días después, el 23 de enero, mediante el oficio número 61, dirigido al general de brigada Luis Rodr[iguez Florimón, se ordenaría la protección al empresario español para tomar posesión de la parcela 24-A.

“Como no escapará a su entendimiento, a tono con una definida política de promoción y desarrollo del turismo que desde sus inicios ha sido rasgo identificatorio de la administración que me honro en presidir, en fecha 26 de septiembre del año 2000 tuve a bien emitirle el decreto número 850-00, que excluye la parcela 24-A del Distrito Catastral número 10 segunda, del municipio de Higüey, de las declaratorias de utilidad pública y de parque nacional contenidas respectivamente en los decretos 722 de fecha 4 de abril de 1975 y 1311 de fecha 16 de septiembre del mismo año.

En ese mismo respecto, me complace igualmente, comunicarle que en esta fecha le autorizo al inicio de los trabajos de construcción del proyecto correspondiente para que el proyecto denominado Gran Palace Beach Resort patrocinado por la razón social bajo su rectoría conforme a la legislación que rige la materia y aprobado por la Secretaría de Estado de Turismo, se pueda desarrollar exitosamente en la región Este de nuestro país”, expresó Hipólito Mejía en la carta.

Dentro del recuadro amarillo se puede ver el área de recreo Guaraguao-Punta Catuano que fuera separada de lo que hoy es el Parque Nacional Cotubanamá. El punto rojo marca la zona de la parcela 24-A.


La certificación en tiempos de Leonel

Durante el primer mandato del entonces presidente Leonel Fernández (1996-2000), Omar Ramírez fungía como director de Áreas Protegidas. Pepe Hidalgo estaba interesado en adquirir la parcela 24-A, la cual pertenecía a la empresa Corsario, que a su vez la había adquirido de otros propietarios a través de procedimientos de compra y venta.

El entonces director de Áreas Protegidas emitió un certificado que hacía constar que la parcela estaba fuera del Área Protegida.

Globalia cerró en octubre del 2000 la compra de la parcela 24-A del distrito catastral 10 del municipio de Higüey por 3,7 millones de dólares, un terreno de más de 240,000 metros cuadrados perteneciente a entonces Parque Nacional del Este.

Pocos días después del decreto del presidente Hipólito Mejía:

DECRETO NÚMERO: 850-00

ARTICULO 1.- Queda excluida de la declaratoria de utilidad pública e interés social dispuesta mediante el decreto No. 722 del 4 de abril del 1975, y del área declarada Parque Nacional del Este mediante decreto No.1311 del 16 de septiembre del 1975, la parcela que se describe a continuación:

“Parcela No. 24-A, del Distrito Catastral No. 10/2da, del municipio de Higüey, sitio de Bayahibe, provincia La Altagracia, la cual tiene un área superficial de veinticuatro (24) hectáreas, sesenta y cinco (65) áreas, sesenta y nueve (69) centiáreas”.

ARTICULO 2.- Envíese al Administrador General de Bienes Nacionales, al Abogado del Estado, a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Registrador de Títulos correspondiente, para su conocimiento y fines correspondientes.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año dos mil, años 157 de la Independencia y 138 de la Restauración.”

Según otro artículo del periódico Hoy con fecha 14 de febrero de 2004 el entonces procurador para la Defensa del Medio Ambiente, José Antonio Trinidad Sena, comenzó a investigar a la empresa Globalia que anunció sus planes para construir un hotel en área protegida.

El empresario español fue citado para comparecer ante el procurador, pero se hizo representar por la entonces ejecutiva local de Air Europa y Globalia en República Dominicana, Sonia Cambronero, y el abogado José Manuel Alburquerque Prieto.

Para entonces la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente fue apoderada por el secretario de Estado Medio Ambiente para iniciar una investigación sobre el caso.

Además, el procurador solicitó al Abogado del Estado por ante el Tribunal de Tierras la suspensión del otorgamiento de la fuerza pública que autorizó en virtud del certificado de título que se le había depositado hasta tanto la Secretaría de Medio Ambiente tomara una decisión al respecto.

El entonces procurador argumentó que para reducir el área de un parque nacional era necesario una ley, haciendo referencia al decreto 850-00 del presidente Hipólito Mejía.

La Ley Sectorial de Áreas Protegidas del 2004.

El 30 de julio de 2004 fue promulgada dicha ley, que oficializaba la separación del Área de Recreo Guaraguao-Punta Catuano del entones Parque Nacional del Este, hoy Cotubanamá.

Mediante nota de prensa enviada por el entonces regidor (PLD) por el Distrito Nacional y exdirector de Parques Nacionales, Omar Ramírez, el PLD fijó posición sobre el tema del “desguace de las áreas protegidas para favorecer negocios depredadores de la biodiversidad dominicana”.

“En un funesto martes 13 para los recursos naturales, senadores del PRD aprobaron en primera lectura, el informe rendido por la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Asuntos Ecológicos de esa cámara, del Proyecto de Ley Sectorial de Áreas Protegidas; así los senadores oficialistas dieron fiel cumplimiento al oficio No.334 del 14 de enero de este año del Poder Ejecutivo, que solicitaba al Congreso la exclusión de las parcelas 24-A y 20-A, del Distrito Catastral 10/2 de Higüey, las cuales son parte integral del Parque Nacional del Este, como se establece en el Decreto 1311 del 1975. Aunque ese proyecto había perimido en dos legislaturas, en la sesión de fecha 9 de marzo de este año fue reintroducido por la titular de dicha comisión, la senadora perredeísta por Santiago Rodríguez, Celeste Gómez”, expresó Ramírez.

Para Ramírez fue una manipulación infame la que hizo la comisión senatorial, al asignar nuevos límites al Parque Nacional del Este y otras áreas protegidas, como el Parque Nacional Jaragua, las Cuevas del Pomier, las Dunas de las Calderas, la Vía Panorámica Costa Azul y la Reserva Padre Miguel Fuertes o Bahoruco Oriental.

Según argumentó, en el proyecto de ley original la superficie terrestre del Parque Nacional del Este era de 430 kilómetros cuadrados, mientras que en el proyecto aprobado la superficie total alcanza los 510 kilómetros cuadrados, queriendo dar la impresión de que incrementaba el área del parque en 80 kilómetros cuadrados. Pero de área marina.

“El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por intermedio de su Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le expresa al País, que asume una posición militante conjuntamente con todas las organizaciones defensoras del medio ambiente y los recursos naturales, para que el Gobierno del PRD y el PPH no logren destruir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en beneficio de su grupo político, que con tanto esfuerzo le ha costado construir a la Sociedad Dominicana”, concluyó.

Para entonces, ambientalistas a través de los medios denunciaban que el empresario Pepe Hidalgo había influenciado para que se aprobara a su favor la Ley Sectorial del Áreas Protegidas.

Pepe Hidalgo reaccionaría a estas acusaciones negando ante los medios que el Gobierno de la República Dominicana le haya dispensado trato de favor al modificar la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y recalificar de facto una parcela de su propiedad situada en el Parque Natural del Este.

«Yo he sido la persona peor tratada de la isla. Soy un perjudicado. Allí todo el mundo está en contra de mí», expresó airado.

Greenpeace

A pocos días de entregar el poder Hipólito Mejía a Leonel Fernández en 2004, la organización medioambiental internacional Greenpeace, publicó un artículo sobre la situación del empresario español y el Parque Nacional del Este que tituló: “Juan José Hidalgo no cumple su promesa de renunciar a su proyecto hotelero en el Parque Nacional del Este”.

En el artículo, Greenpeace dice haber tenido acceso a un carta fechada el 4 de agosto en la que el apoderado especial de Globalia Dominicana S.A., por instrucciones expresas de Juan José Hidalgo Acera, solicitó permiso a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para demoler la casa de la guardería del parque (Centro de Visitantes del Parque Nacional del Este).

Según la organización ecologista este hecho contradijo un anuncio realizado por Juan José Hidalgo, a principios del mes de julio de 2004, durante un almuerzo ofrecido por empresarios hoteleros españoles al presidente electo de la República Dominicana, Leonel Fernández, durante su visita a España.

La organización ecologista también tuvo acceso a varias cartas remitidas entre el 9 y el 11 de agosto por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales a Globalia en las que informa al grupo empresarial español que de persistir en su actitud de demoler el centro de visitantes del Parque Nacional violaría la legislación ambiental del país y recomienda reforzar la vigilancia de este sector con miembros de la policía ambiental para impedir que la compañía realice ningún tipo de actividad que degrade esta área protegida.

Asimismo, las autoridades ambientales reiteran que cualquier violación de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales por parte de Globalia Dominicana S.A. o cualquiera de sus representantes en la República Dominicana serán sometidos a la justicia por delito ambiental.

Según la nota de Greenpeace, la Secretaría de Estado de Cooperación del Gobierno español compartió la preocupación de la organización ecológica y aprovecharía la siguiente Comisión Mixta para expresar dicha preocupación.

“Greenpeace está tratando de fijar una reunión urgente con la Secretaría de Estado de Cooperación para exponerle la gravedad de los hechos protagonizados por esta empresa española con el fin de que se tomen las medidas oportunas para paralizar este proyecto”, concluyeron.

El regreso del PLD al poder

Ya con Leonel de regreso en el poder y Omar Ramírez como secretario de Medio Ambiente, en agosto de 2007, se ratifica la condición del Parque del Este.

«La posición de la Secretaría anterior y actualmente es que ahí están los terrenos de un parque nacional y deben ser respetados», declaró Ramírez ante Diario Libre.

Para el 2014 fue aprobado el proyecto de ley que aprobó el cambio de nombre de Parque del Este a Cotubanamá.

Según una fuente consultada por el periódico Diario Libre, uno de los opositores dentro del Ministerio de Medio Ambiente al proyecto de Globalia en el Parque del Este fue el viceministro de Áreas Protegidas, Daneris Santana, designado durante el tercer período de Leonel Fernández y ratificado en la posición durante el primer período de Danilo Medina.

Además de grupos ecologistas que manifestaron su oposición a cualquier intervención del empresario español dentro del área protegida.

Durante el periodo de Francisco Domínguez Brito como ministro de Medio Ambiente se emitió una resolución prohibiendo cualquier tipo de intervención dentro del Área de Recreo Guaraguao-Punta Catuano, basado en un informe de los asesores técnicos Adolfo López y Eleuterio Martínez sobre una solicitud de Globalia a través de una constructora para el proyecto hotelero en la parcela 24-A. Ambos asesores también son miembros de la Academia de Ciencias.

A principios de 2018 entregaron dicho informe a Domínguez Brito donde explican:

“En relación con la solicitud de la empresa Constructora Interamericana SRL para construir un hotel de 396 apartamentos con un total de 978 habitaciones, que suponen una superficie edificada de 123,200 metros cuadrados, sobre una parcela de 248,579 metros cuadradados, dentro del área protegida denominada Área Nacional de Recreo Guaraguao-Punta Catuano, debemos hacer las siguientes consideraciones:

El solar donde se pretende edificar el complejo hotelero se encuentra dentro de un área protegida denominada Área Nacional de Recreo Guaraguao-Punta Catuano. Esta unidad de conservación, además, forma parte del conjunto natural y cultural constituido por el Parque Nacional Cotubanamá (antes Parque Nacional del Este).

Parcela 24-A en el momento de la compra realizada por Globalia. Las estructuras corresponden al Centro de Recepción de Visitantes y las oficinas del Parque. Los objetos de conservación que contiene el área protegida Área Nacional de Recreo Guaraguao Punta-Catuano son los siguientes: arrecifes coralinos, praderas marinas, playa arenosa, arrecife costero bajo, dunas, vegetación costera, manglar, bosque latifoliado húmedo, humedales, conjunto cárstico con cavernas, dolinas y manantiales y restos arqueológicos prehispánicos.

Además de los que detallados anteriormente, se consideran objetos de conservación a todas las especies terrestres y marinas asociadas a los ecosistemas presentes dentro de la unidad de conservación que nos ocupa.

Especialmente a las tortugas marinas que desovan en las playas, los manatíes que pastan en las praderas submarinas, los moluscos y crustáceos presentes en el arrecife costero, las aves marinas que anidan en la vegetación costera, las especies de mamíferos endémicos en peligro de extinción como la hutía y el solenodonte, etc.

Los ecosistemas presentes en el Área Nacional de Recreo Guaraguao Punta-Catuano, forman parte indisoluble de los ecosistemas presentes dentro del Parque Nacional Cotubanamá y de su interacción en condiciones prístinas depende la funcionalidad ecológica de ambas unidades de conservación.

Por este motivo, a pesar de que actualmente tengan denominaciones diferentes y categorías teóricas de conservación distintas, a efectos prácticos, ambas áreas protegidas constituyen una misma unidad de conservación y, por tanto, deben ser tratadas como conjunto ecológico y cultural uniforme a la hora de valorar las actividades que pueden realizarse en el seno de cualquiera de ellas”, explica el informe.

En base a esto, la resolución 0009-2018 prohíbe expresamente cualquier tipo de hoteles o apartamentos turísticos, construcción de infraestructuras no desmontables, camping, realizar fogatas, entre otras actividades dentro del Área de Recreo.

El permiso de construcción

Según los grupos ambientales, Globalia aprovecharía la salida de Domínguez Brito del Ministerio de Medio Ambiente en abril de 2018 para solicitar el permiso de construcción que había sido denegado varias veces.

Denuncian que en octubre de 2019 el ministro de Medio Ambiente actual, Ángel Estévez, y algunos representantes de Globalia visitaron el terreno donde se construiría el proyecto, visita en la cual Estévez supuestamente dio permiso verbal para “marcar los puntos” del proyecto.

Esta información, aseguran, fue suministrada por una fuente interna del Ministerio, que admitió incluso que la empresa constructora intentó conseguir un permiso para “abrir una trocha” en la dirección provincial de Higüey del Ministerio de Medio Ambiente.

Para el 8 de noviembre, el Ministerio de Medio Ambiente convocaría, vía publicación de prensa, la vista pública del proyecto Leaf Bayahibe código 17823, en las instalaciones del hotel BeLive Canoa, propiedad de Pepe Hidalgo en Bayahibe.

En una comunicación enviada a Diario Libre por los grupos ambientalistas, explican que contactaron a una persona nativa de Bayahibe que participó en la única vista pública realizada para dar a conocer el proyecto.

Esta dijo ser la única de esa comunidad que estuvo presente.

También dijo que con la información presentada entendió que el proyecto iba a realizarse “entre los hoteles Canoa y el Cadaqués” y no en el área protegida.

Envió una foto tomada a la presentación en que sólo se decía la parcela catastral en que se encontraba, sin precisar lugar claramente.

El 29 de noviembre de 2019 fue designado de manera interina el ingeniero José Enrique Báez Ureña, como viceministro de Áreas Protegidas, dejando sin funciones a Daneris Santana, quien tenía objeciones al proyecto. Diario Libre intentó contactarle pero no fue posible.

En diciembre de 2019 el Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) advirtió sobre la ilegalidad de cualquier proyecto en esta área protegida mediante sendas cartas al ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, y a la compañía Globalia entregadas por vía de alguacil.

La Coalición para Defensa de la Áreas Protegidas, comprendida por varias organizaciones ambientales nacionales, incluyendo a Acción Verde, Asamblea Nacional Ambiental (ANA), la Comisión Ambiental de la UASD, SOSAmbienteRD y Grupo Jaragua, apoyaron esta acción mediante una nota de prensa.

El 14 de enero, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó el permiso ambiental (3771-19) a Globalia para el proyecto Leaf Bayahibe, firmado por el ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez.

El permiso ubica al proyecto con coordenadas dentro de la parcela 24-A y comprende 96 villas “ecológicas” así como la infraestructura de soporte correspondiente.

En el siguiente gráfico se puede observar en el recuadro rojo el área del proyecto Leaf Bayahibe dentro de área protegida así como otro proyecto turístico.

Luego del inicio del desmonte de la parcela 24-A el día de la Virgen de la Altagracia, Pepe Hidalgo anunciaba un día más tarde en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, oficialmente el proyecto Leaf Bayahibe, con el apoyo del ministro de turismo Francisco Javier García, que enfatizó desde dicha feria que “todos los proyectos con un concepto ecológico, de preservación y convivencia con el medio ambiente siempre serán bienvenidos a la República Dominicana”.

Mientras tanto, la Coalición para Defensa de la Áreas Protegidas está desarrollando una serie de estrategias para impedir que se realice la obra en el área protegida.

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