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Movimiento pide no tocar el dinero del 30% de Fondos de Pensiones

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El Movimiento “con mi Cualto No” proclamó este domingo que los fondos de pensiones no son negociables ni están en pública subasta, tras anunciar que surgió en defensa de ese patrimonio de la clase trabajadora que debe ser preservado para asegurar el derecho a retiros seguros al final de la vida laboral activa.

En una conferencia de prensa, la directiva de la entidad dijo que fue creada como un frente para llamar a la conciencia sobre la necesidad de detener cualquier intento de usar el 30% de los fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) para asistencia económica coyuntural y efímera a los trabajadores suspendidos por la crisis sanitaria del COVID-19.

“Como lo que está en juego es algo tan sagrado como la suerte y el futuro de la clase trabajadora, nos mantendremos vigilantes para evitar que con patrañas, malas artes y triquiñuelas sigan adelante con la aprobación de un proyecto que le daría un duro golpe a quienes han nutrido los fondos de pensiones con sus aportes y ahorros”, afirmó Verónica Rodríguez, presidenta del movimiento de “Con mi Cualto”, indica una nota de prensa.

Rodríguez, quien estuvo acompañada Juan Gabriel Mercedes, secretario general, afirmó que decidieron formar el movimiento como respuesta a la campaña que algunos legisladores han emprendido hasta con acciones violatorias del orden y del momento tan delicado que vive el país, en su afán de impulsar el citado proyecto en la Cámara de Diputados, donde aún está en una fase preliminar tras ser aprobado en primera lectura.

“Estamos vigilantes y el país consciente también lo está con la compra de diputados, como se evidenció en la Cámara de Diputados de forma tan notoria que los propios participantes tuvieron que admitir que hubo una negociación con Pedro Botello a la cabeza, impulsor de ese engendro y quien arrastra un historial de incoherencias y descrédito personal”, aseveró Rodríguez.

Agregó que “también es penoso que un aspirante nuevamente a la Presidencia de la República como Leonel Fernández se haya mantenido con una postura ambivalente, luego de que en un pronunciamiento público dijera que los fondos de pensiones no podían ser tocados”.

Asimismo, consideró necesario llamar la atención del país sobre los efectos perjudiciales que deliberadamente ignoran sus promotores del proyecto, aunque confían que finalmente no pasará por las ponderaciones que se han hecho desde diferentes sectores de la sociedad sobre los efectos negativos que tendría para la clase trabajadora y la economía nacional.

“Nuestro movimiento surge como una expresión auténtica y sentida en el seno de los afiliados a la Seguridad Social, que somos los que con nuestros aportes hemos nutrido un fondo que debe ser preservado y del que ahora se quieren apropiar con el falso pretexto de ayudar a los trabajadores, cuando en realidad tendría todo el efecto contrario”, sostuvo el movimiento.

Además, recordó que como se ha dicho y repetido con mucho sentido desde diferentes ámbitos de la sociedad que piensan en el bien común, no se puede permitir que estos fondos “sean asaltados y que se ponga a los trabajadores a pagar el costo de la actual crisis sanitaria”.

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La JCE realiza primera prueba regional del cómputo electoral

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La Junta Central Electoral (JCE) realizó este sábado la primera prueba regional del cómputo electoral de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo de 2024.

En esta jornada se lograron instalar en el tiempo programado los equipos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos (EDET); escanear las actas de votaciones y transmitir y divulgar los resultados electorales comprobando así la efectividad del proceso y el buen funcionamiento del sistema que se empleará.

La prueba se realizó en 1,700 colegios electorales de 90 demarcaciones en 50 municipios de las 32 provincias del territorio nacional y se involucraron cerca de cinco mil personas, entre las que destacan supervisores de informática y técnicos de soporte, supervisores de elecciones, técnicos de recintos, sustitutos de secretarios, presidentes de colegios, seguridad militar y civil, responsables del cómputo electoral en la JCE y miembros de 50 Juntas Electorales.

Esta primera prueba regional del cómputo electoral de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo contó con la presencia a nivel nacional de los delegados de las organizaciones políticas observando el desarrollo de la prueba.

Johnny Rivera, director nacional de Informática de la JCE y responsable de dirigir la prueba del cómputo electoral, informó que a las 2:30 de la tarde, al concluir el ejercicio en un esquema 360 que puso a prueba en un estrés extremo todo el sistema, se alcanzó el 100 % del ejercicio al procesarse la digitalización, transmisión y cómputo de las 5,100 relaciones de votaciones de los niveles presidencial, senatorial y de diputaciones desde los 1,700 colegios electorales en prueba. También se puso a prueba la eficiencia de la Mesa de Ayuda, responsable de ir dando soluciones a las incidencias que se van presentando.

Rivera resaltó la integración de los delegados de las organizaciones políticas y refirió el trabajo de los auditores del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)/Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), que estuvieron verificando la incorporación al sistema de las recomendaciones de la auditoría realizada por ellos a los EDET.

Pleno de la JCE supervisa prueba del cómputo desde los colegios electorales

Durante toda la mañana los miembros titulares del Pleno de la Junta Central Electoral se desplazaron por distintas partes del país para supervisar el montaje y desarrollo de la primera prueba del cómputo electoral con miras a las elecciones del 19 de mayo próximo.

El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, recorrió varios recintos en los cuales operaron numerosos colegios de votaciones del Gran Santo Domingo.

Visitó el liceo Víctor Garrido Puello, del barrio Invi, del Distrito Nacional; el liceo Pedro Henríquez Ureña, de La Guáyiga, en Pedro Brand; y los colegios en prueba instalados en el liceo Hermanas Mirabal, de Pantoja, en Los Alcarrizos.

En tanto que la miembro titular Dolores Altagracia Fernández, supervisó la provincia Duarte iniciando su recorrido en el recinto 33, ubicado en el Liceo Secundario Ercilia Pepín, de San Francisco de Macorís, corroborando que el montaje y la transmisión se realizaron de manera exitosa.

Luego se trasladó al recinto electoral 136 al Centro Educativo Camila Henríquez en el Distrito Municipal de Cenoví, donde se realizó la segunda prueba de manera exitosa igualmente en seis colegios electorales.

En la región Este la miembro titular del Pleno de la JCE, Patricia Lorenzo Paniagua, supervisora de la zona Este, recorrió los recintos de San Pedro Macorís, habilitados para la prueba y confirmó que durante la prueba no se registraron fallas en la primera evaluación a los equipos EDET.

En tanto que los miembros titulares Rafael Vallejo Santelises y Samir Chami Isa, estuvieron en desde la sede de la JCE, comprobando la recepción de la transmisión de los resultados de la prueba.

Mientras que a la provincia Santiago de los Caballeros se desplegó una comisión encabezada por Prado López e Hirayda Fernández, miembros suplentes, quienes supervisaron diversos recintos de la zona

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Inician los trabajos de Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria

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La Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria informó que concluyó la primera reunión de trabajo para la habilitación del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, cuyo objetivo principal es disminuir la sobrepoblación de la Penitenciaria Nacional de La Victoria, además de dignificar las condiciones de los privados de libertad que se encuentran recluidos en este recinto.

La comisión, creada por el decreto 186-24, está conformada por el Expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, así como el Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, además de los decanos de las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Subero Isa, quien preside la comisión, detalló que no tuvo lugar ninguna objeción para que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) inicie los trabajos de licitación relativos al proyecto de Las Parras, todo esto bajo previa comprobación de los términos de referencia por parte de los miembros.

“Creo que la República Dominicana ha salido ganando con esta decisión, es una muestra más de transparencia y del compromiso que muchos dominicanos tenemos con nuestro país; igualmente valoro este hecho como un paso de avance importantísimo, por lo cual agradezco la buena voluntad y el empeño de cada uno de los comisionados” sostuvo Subero Isa.

Durante la reunión, el titular del MIVED, el Ministro Carlos Bonilla se comprometió a cumplir las decisiones emanadas de la comisión para la habilitación del Centro de Corrección Las Parras e, igualmente, acordó llevar adelante las acciones necesarias para la puesta en marcha de este histórico proyecto.

Sobre la comisión
El Presidente de la República, Luis Abinader, emitió el pasado 5 de abril el decreto 186-24, el cual establece que la comisión colaborará con las autoridades correspondientes para la culminación de los trámites legales, administrativos y logísticos necesarios para la habilitación del nuevo recinto Las Parras, la adecuación de la infraestructura rescatable de La Victoria y otras tareas específicas que le sean asignadas por la Presidencia de la República.

Entre las tareas de la comisión se incluyen la colaboración con las autoridades correspondientes para finalizar los procedimientos legales, administrativos y logísticos necesarios para la habilitación del nuevo recinto penitenciario “Las Parras” y la adecuación de la infraestructura de la penitenciaría nacional de La Victoria, de forma tal que en los mismos existan las condiciones para la corrección, reeducación reinserción en la sociedad de las personas privadas de libertad

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