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Unos 12 colegios del país han formalizado su cierre por falta de alumnos inscritos

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Imagen ilustrativa de un salón de clases (Pixabay).

Unos doce colegios del país se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas de forma indefinida, debido a la insuficiencia de alumnos inscritos para el próximo año escolar 2020-2021.

Indica la periodista Ambar Castillo, de Diario Libre que según una fuente confiable, la incertidumbre y el temor de los padres de enviar a sus hijos a clases en medio de la actual pandemia de coronavirus, mantiene a los centros de enseñanza del nivel preescolar en una situación crítica, en la que algunos han optado por fusionarse con otros centros o compartir el personal docente para poder subsistir.

Según la fuente, hay colegios con capacidad para 200 alumnos que al día de hoy solo tienen unos 20 o 30 niños inscritos para el próximo año escolar, mientras algunos preescolares no tienen ningún niño registrado.

Algunos de estos centros educativos han tenido que entregar sus locales, ante la imposibilidad de continuar cumpliendo con el pago del inmueble, de nómina de personal y todos los servicios que implica el mantenimiento de la planta física.

A la fecha el Ministerio de Educación (Minerd), no ha anunciado una decisión formal sobre la modalidad de docencia a implementar en el próximo año escolar, que inicialmente estaba pautado para iniciar el día 24 del mes en curso, por lo que la mayoría de los padres no han reinscrito a sus hijos en sus respectivas instituciones educativas.

Consultada por el mismo periódico sobre la situación que atraviesan estas instituciones, la presidente de la Unión de Instituciones Educativas Privadas (Udiep), Mercedes Coronado, sostuvo que, en caso de que se tomara la decisión de posponer el inicio del año escolar hasta el mes de enero, como han propuesto algunos sectores, los colegios no podrían sobrevivir.

“Estamos hablando de que tenemos cinco meses fuera de servicio, de aquí a enero son diez, es imposible, ninguna empresa aguanta diez meses pagando personal, pagando tarifas a costo fijo, impuestos y todos los gastos fijos que están ahí para la operatividad”, indicó Coronado.

Explicó que los colegios son empresas privadas con características de Mipymes y cumplen con toda la legislación dominicana que implica este tipo de empresa como el pago de la carga impositiva (TSS, Infotep, impuesto sobre la Renta, IPI, entre otros).

“En estos momentos, al igual que otros sectores, la educación privada ha sido impactada en todos los aspectos. Seguimos con la esperanza de continuar ofertando educación de calidad y en disposición de trabajar de la mano con las familias”, agregó la presidente de la Udiep, entidad conformada por 35 Asociaciones de centros educativos privados a nivel nacional.

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2019), en el país operan 3,858 colegios privados, incluyendo los colegios confesionales (evangélicos, católicos, adventistas, episcopales) y no confesionales.

Estas entidades ofrecen servicios a 637,725 estudiantes privados que representan el 23 % de la educación nacional.

 

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Fueron archivados de manera definitiva ocho expedientes de caso Odebrecht

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El procurador especializado en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reveló este lunes que los ocho imputados en caso Odebrecht que en junio del 2018, el exprocurador, Jean Alain Rodríguez, no le presentó acusación, fueron archivados de manera definitiva, no provisional como se informó al país.

“Al momento de nosotros llegar al Pepca hicimos un levantamiento de lo que existía en esa dependencia del Ministerio Público y nos encontramos que algunos investigados de este caso Odebrecht se habían archivado el proceso. Nosotros estamos en un proceso de investigación para analizar esos archivos y determinar qué acciones podemos tomar en relación a los mismos», dijo Camacho.

Precisó que cuando termine la investigación que se está realizando los responsables deberán responder ante la justicia.

Este lunes en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se inició de manera presencial el juicio de fondo a los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Conrado Pittaluga y el exsenador Tommy Galán Grullón.

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El Ministerio Público investigará declaraciones juradas

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El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, y la procuradora general, Miriam Germán Brito.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo que abrirá investigaciones preliminares a los funcionarios y exfuncionarios que incumplan con la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, que falseen datos o que exhiban un patrimonio injustificado.

La procuradora Miriam Germán Brito explicó que el Ministerio Público procederá conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promulgada el 8 de agosto de 2014.

El citado artículo dispone que la Procuraduría General de la República deberá actuar frente a los funcionarios y exfuncionarios que incurran en una violación a la ley, al dejar de presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de la Cámara de Cuentas.

“La información suministrada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana podrá ser utilizada por la Procuraduría General de la República para iniciar una investigación preliminar sobre dicho funcionario”, dice en su párrafo segundo la citada norma.

Añade que la Procuraduría puede, además, “iniciar investigaciones preliminares con la información o identificación de incrementos patrimoniales por parte de cualquier funcionario público”.

Germán Brito adelantó que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, reportó a la Procuraduría General los nombres de 392 funcionarios que permanecían “omisos” hasta el 17 de junio de 2020, con lo cual son pasibles de sanciones.

“Los órganos de investigación del Ministerio Público procederán a investigar los casos reportados por la Cámara de Cuentas y, al igual que los casos de los funcionarios salientes y entrantes, procederá conforme al mandato de la Ley 311-14”, dijo Germán Brito, previo a recordar que cada inobservancia del marco jurídico conlleva sanciones.

En ese sentido, el artículo 14 de la Ley 311-14 explica que el servidor público que omita presentar su declaración de patrimonio o deje de reportar algún bien “incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública”.

Una falta de tercer grado conlleva la destitución del funcionario que la cometa, según la citada norma.

La comunicación remitida por Álvarez Pérez a Germán Brito, el día 9 de septiembre de este 2020, explica que la Cámara de Cuentas entregó a la Procuraduría General, en formato digital, una lista con los nombres y cargos de los funcionarios designados, ratificados o que cesaron en sus cargos con posterioridad a la aplicación de la Ley 311-14.

Via Diario Libre

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