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Familia de taxista dice que se bajó herido del vehículo y que la Policía lo mató

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“No entiendo cómo es que la Policía tiene un servicio de inteligencia dentro de la institución para investigar casos y ellos se equivocan tan fácilmente”, reclamó un hermano del taxista asesinado por una patrulla de la Policía Nacional, el pasado domingo en Baní.

José Luis Díaz aseguró que su hermano, Rubén Darío Díaz Pimentel, de 50 años, estaba trabajando y se desplazaba con su vehículo por la carretera Baní-Villa Sombrero, en la zona conocida como El Matadero, cuando los agentes, en una patrulla de la Policía, le rebasaron, se le atravesaron adelante y, sin mediar palabras, le dispararon varias veces con armas largas.

“La Policía, como siempre, cuando comete sus errores, y no encuentra cómo justificar las muertes, involucra a las personas, diciendo que pertenecen a una banda o que fue un intercambio de disparos. En este caso, no fue así. Mi hermano fue asesinado vilmente por la Policía”, expresó.

Agregó que 27 disparos impactaron el carro azul, marca Toyota Camry del año 1996, que tenía el letrero de taxi en la capota. De esos disparos, tres impactaron a su hermano, dos mientras todavía estaba en el vehículo y otro cuando se bajó herido, alrededor de las 9:00 de la noche del domingo.

Esa versión es corroborada por la esposa de Díaz Pimentel, Idia Estepan, quien manifestó que un testigo vio cuando los agentes mataron a su esposo aun estando fuera del vehículo.

En la misma escena se encontraba el mecánico Ramón Antonio Pérez Mejía, quien también murió durante lo que la Policía llama una persecución tras un intento de asalto al comerciante Roy Peña, residente en el sector José del Carmen, en Baní, provincia Peravia.

Sin embargo, Dagoberto Díaz, otro hermano del taxista asesinado, informó que Roy Peña es amigo de la familia y que le dijo que lleva su vida normal y que nunca ha recibido ningún tipo de amenazas.

“Nosotros hablamos con él y él ha dicho que él lleva su vida normal y que nunca ha recibido amenazas. No sé de dónde ellos sacaron esa información”, señaló.

“Ellos no pueden andar averiguando así, porque ellos tienen que tener la seguridad de qué tipo de vehículo y qué placa es. Porque no hay placas iguales, todas son diferentes”, indicó Dagoberto.

“Fue un crimen tan horrendo y tan abusivo. Le cayeron a tiros a dos vehículos donde no iban delincuentes. Dos personas que iban en sus vehículos totalmente desarmados. Mataron a dos personas inocentes, de trabajo y serias”, lamentó el hermano de Díaz Pimentel, quien llevaba 12 años como taxista.

De su lado, Gisselle Rosario, sobrina de Díaz Pimentel, aseguró que fueron los agentes quienes llevaron a su tío al hospital.

“Eran hombres de familia y de bien. No es lo que la Policía está diciendo. Mi tío acababa de dejar a una persona, escuchó los disparos de la Policía y había informado por la radio a los demás taxistas, para que no transitaran por el lugar”, indicó.

Justicia
Los familiares de Rubén Darío Díaz Pimentel, quien tenía tres hijos mayores de edad, piden que se haga justicia, porque consideran que la Policía no está diciendo la verdad.

“No entiendo como la Policía tiene la cachaza de decir que hubo un intercambio de disparos, donde nadie resultó herido, solo dos muertos, mi hermano y la otra persona que mataron”, señaló José Luis.

“Nosotros como familia queremos limpiar el nombre de mi hermano. Mi hermano era un taxista honesto y trabajador. Llevaremos a la justicia a los involucrados”, advirtió.

Dijo que más adelante la familia ofrecerá una rueda de prensa para ofrecer más detalles sobre el caso, donde mencionarán los nombres de los implicados en el asesinato, entre ellos agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), un general y un mayor de la Policía Nacional.

Explicó que poseen un certificado de no antecedentes penales, un papel de buena conducta y fotos del cuerpo de su hermano.

Listín Diario

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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VIDEO: Fuertemente armados seis hombres asaltan estación de gas

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A plena luz del día, con pasamontañas, en una camioneta doble cabina y con armas de distintos calibres. Así llegaron seis delincuentes y asaltaron una estación de expendio de Gas Licuado de Petróleo en el sector Los Mameyes en Santo Domingo Este.

Un video de la cámara de seguridad del establecimiento capta la acción de los asaltantes, mientras el tránsito continuaba normal, y los conductores estaban ajenos a lo que allí ocurría, publica el Listin Diario.

Llegan en la camioneta, el conductor permanece en ella y bajan cinco hombres con armas largas y cortas. Entran y solo se observa su movimiento sin captar el momento en que los empleados son atados con tairrá.

Primero sacan una bolsa plástica que se presume tenía dinero, luego uno de los hombres armados cierra a la mitad el portón de hierro y sacan una caja.

Mientras el asalto se escenificaba, en un colmado ubicado al frente, del otro lado de la calle, un grupo de personas que observó la acción salió despavorido. Cerraron el negocio y desaparecieron como por arte de magia.

Se dijo que hubo disparos en el interior de la estación de GLP, pero no hay informes de heridos.

El video tiene fecha del 21 de mayo, pero dicen que ocurrió ayer 23 en horas de la tarde.

Aunque la noticia es tendencia en las redes sociales, no hay informes de la Policía Nacional.

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Inspectoría MP pide suspensión de fiscal SFM solicitó cambiar coerción a acusado de matar a su pareja

El inspector del MP también solicitó la suspensión del procurador de la corte Antonio de Jesús Báez Tapia, de Montecristi

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La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de sus funciones del fiscalizador Engels Luis Polanco Henríquez de la provincia Duarte y del procurador de corte Antonio de Jesús Báez Tapia de Montecristi por incurrir en “faltas graves” y “muy graves”.

El procurador adjunto Juan Medina de los Santos, inspector general, presentó la solicitud a la procuradora general Miriam Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público.

“Engels Luis Polanco Henríquez ha ejercido sus funciones indebidamente al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Público”, explica la instancia relacionada con el caso de una mujer asesinada de 351 cuchilladas.

La petición se hace luego de que este solicitara la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica para Eusebio Rosario Hernández (Eddy), acusado de matar a cuchilladas a Carmen Paulino Gabriel (Rafelina) en un hecho ocurrido en junio de 2021 en San Francisco de Macorís.

La Inspectoría General del Ministerio indica que la postura del fiscalizador se «aleja aún más de la lógica cuando se toma en cuenta que el propio Polanco Henríquez, el pasado 22 de febrero, se opuso a la variación de la referida medida de coerción de prisión preventiva que cumple Rosario Hernández (Eddy), imputado, junto a un hijo menor de edad, del crimen.

Señala que, precisamente el 22 de febrero, el fiscalizador argumentaba sobre la falta de presupuestos que presentaba la defensa de Rosario Hernández y sostenía que se mantenían las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva contra el imputado.

Sin embargo, el 18 de este mes, el mismo fiscalizador varió su criterio “ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción oficiosa, en la que tampoco se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia de dicho imputado a los demás actos del proceso”.

El inspector Medina de los Santos señala además, en una nota enviada por Procuraduría General, que el caso no se acogía al artículo 241 del Código Procesal Penal, sobre el cese de la prisión preventiva. Sobre ese particular, indicó que el plazo de 12 meses para la prisión preventiva no había llegado a su término, sino que se cumplía el 07 de junio, “por lo que no se justifica que sea el fiscal que solicite la variación de la medida de coerción, por el vencimiento de un plazo que todavía no había vencido, máxime en un caso con una gravedad tal como el que nos ocupa”.

Caso Montecristi
En cuanto al procurador de corte de Montecristi, Antonio de Jesús Báez Tapia, el inspector Medina de los Santos solicitó el pasado 16 de mayo la suspensión de dicho representante del Ministerio Público, por ejercer sus funciones indebidamente, “al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución”.

Plantea que Báez Tapia incurrió en una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11), por “no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado”, por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña.

Báez Tapia retiró los cargos además contra el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como contra el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.

La exfiscalizadora y los cuatro agentes antinarcóticos son procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez, en agosto de 2019, un hecho que quedó registrado en un video conocido por casi toda la población.

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