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Hipólito Mejía «no tengo nada que ocultar»

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SANTO DOMINGO. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo este lunes que no tiene nada que ocultar sobre su conducta como figura pública.

En una alocución al país, a través de una cadena de medios, manifestó que “estaría dispuesto a retirarse de la vida política y entregar todo su patrimonio al Estado” si alguien le prueba la comisión de algún acto de corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Mejía habló para explicar al país cómo su gobierno trabajó con la empresa brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo internacional y local, por el pago de sobornos a funcionarios.

Según reveló la empresa a la justicia de los Estados Unidos, en República Dominicana pagó US$95 millones en sobornos a funcionarios públicos desde 2001 al 2014.

El exmandatario detalló que durante su gobierno (2000-2004) contrató con Odebrecht la construcción del acueducto de la Línea Noroeste y la presa de Pinalito, en Constanza.

“Aunque ese proyecto no se ejecutó durante mi presidencia (Pinalito) considero imperativo explicar los pasos dados por mi gobierno para su formulación y búsqueda de financiamiento”, subrayó Mejía.

Dijo que se obtuvieron dos préstamos por montos de US$101,460 millones con el Banco Nacional de Desarrollo y Social de Brasil, y el segundo fue de US$30,260,000 con el ABN AMRO Bank, de Holanda.

“Eso significa que durante mi gobierno no se desembolsaron fondos para la Central Hidroeléctrica de Pinalito”, subrayó Mejía.

Según Mejía, “no es la primera vez que, de manera irresponsable, se ha insinuado que he estado involucrado en actos de corrupción. Se me atribuyó la propiedad de la Finca Aguayo; del Proyecto de Mango de Fundación, en Baní; y de la Finca Ganadera de YSURA, en Azua, entre otras. En todos esos casos, el tiempo demostró que tales aseveraciones eran infundadas”.

“Hoy, también de manera irresponsable, se dice que, en el caso de Odebrecht, podría haber actuado al margen de la ley, lo cual también es incierto”, señaló Mejía.

El exmandatario expresó que la “lucha contra la corrupción siempre ha sido parte fundamental de mis posiciones políticas”, y en ese sentido retó “a cualquier persona que, si puede demostrar de manera cierta y veraz, que en el ejercicio de mis funciones públicas o en mis actividades privadas, tanto mi esposa, mi hermana y mis hijos, como yo, cometimos algún acto de corrupción, estaría en disposición de retirarme de la vida política y entregar mi patrimonio al Estado”.

Caso Odebrecht es una oportunidad para la Justicia
El exmandatario consideró que el caso Odebrecht es una oportunidad para que la justicia dominicana ponga “freno a la impunidad”. También entiende que es necesario que la ciudadanía se movilice, manifestaciones que dijo apoyar.

“En nuestro país, el maridaje de la corrupción y la impunidad es lo que explica que nuestra nación ocupe el lugar número diez entre los países más corruptos del mundo, y el lugar número ocho en América Latina, tal como reporta el Foro Económico Mundial en su informe sobre competitividad y corrupción del año 2016”, destacó.

En su discurso, Mejía también sacó los casos de corrupción que se le atribuyen a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), desde el 1996, cuando asumió las riendas del Estado por primera vez.

Mencionó que “los gobiernos del PLD se encargaron de destruir” el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

De los más recientes, mencionó la compra de los aviones Super Tucano, OISOE, e Inapa. En cambio, defendió la forma en que durante su gobierno enfrentó el colapso de varias entidades bancarias.

“Me siento con la conciencia tranquila de que mi gobierno actuó con responsabilidad en el caso Baninter”, dijo Mejía.

Diario Libre

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Juez dice no hay ley castigue “violación” del toque de queda

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El juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, afirmó que en el país no hay legislación que permita sancionar a una persona por violación al toque de queda.

Para el juez Vargas, lo que sí existe es una ley de salud, que no es lo mismo que una legislación de sanciones para los que violenten el toque de queda.

Indica El Nacional que por tal razón, propuso q ue el Poder Ejecutivo o la Procuraduría General de la República sometan al Congreso Nacional un proyecto de ley para perseguir y judicializar las violaciones del toque de queda por parte de algunos ciudadanos.

“No hay legislación para condenar a una persona que incumpla la disposición implementada para frenar el contagio por el coronavirus en el país”, manifestó el juez Vargas, en referencia al toque de queda.

Sostuvo que cuando las personas salen a las calles en el horario restringido para la circulación, incurren en la violación del toque de queda, no así en la Ley de Salud.

“Cuando las personas salen a las calles en horarios restringidos para la circulación incurren en la transgresión del toque de queda, no en la violación de la Ley de Salud, por lo que lo sensato sería que los legisladores se aboquen a aprobar una norma con sanciones rigurosas, delito de contravención, pero que logre su cometido”, manifestó Vargas.

El olvido
Hace poco, El Nacional publicó un reportaje bajo la firma del autor de esta información, en la que advertía que en el país no existe una ley de sanción a los violadores del toque de queda.

Este redactor en esa ocasión, tuvo acceso a datos relativos a la última reforma que se hizo a la Constitución de la República, en donde se consignó la creación de los estados de excepción, entre ellos, el estado de emergencia mediante el cual, el Gobierno dispuso el toque de queda.

Se supo que cuando se aprobó la reforma constitucional con la creación de los estados de excepción, se acordó también aprobar más tarde una ley orgánica para el castigo de los violadores de dichos estados, pero nunca se hizo.

Estados de excepción
Los estados de excepción contemplados en el artículo 262 de la Constitución de la República, son tres: Estado de Defensa, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia. En este último es en el que se encuentra el país y por el cual, el Gobierno dispuso el toque de queda.

El fallo
Sin embargo, no existe una legislación que contemple los castigos a imponer a los violadores de estos tres estados, consignados en la Constitución de la República.

Los Estados de Excepción son regulados por la Constitución y por la Ley 21-18, de fecha 25 de mayo del año 2018.

El artículo 262 de la Constitución Dominicana define los estados de excepción como, “aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias”. La Constitución establece las circunstancias en que se decretan dichos estados.

Ilegalidad
De lo expresado por el juez José Alejandro Vargas, se desprende que no existe un marco de legalidad para que un juez de paz le imponga una multa a una persona por violar el toque de queda. La Procuraduría General de la República dispuso que las multas a los violadores del toque de queda sean puestas por los juzgados de paz.

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Abel Martínez a fiscal: “Sus palabras no me bastan para resarcir el agravio y atropello contra mí”

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, expresó este viernes que las palabras del fiscal titular de esa ciudad, Francisco Núñez, “no bastan para resarcir el agravio y atropello incalificables” cometidos hacia su persona durante un allanamiento ejecutado en horas de la mañana en una casa de su propiedad, donde funciona su oficina política.

“Fiscal: sus palabras no me bastan para resarcir el agravio y el atropello perpetrados contra mí, en una acción abusiva e ilegal. Mi indignación y repudio. Así no”, escribió Martínez a través de su cuenta de Twitter.

La mañana del viernes, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto al Ministerio Público allanaron la residencia del alcalde Abel Martínez, donde es inquilino desde hace 15 años y que utiliza como comando político.

El fiscal títular de Santiago, Francisco Núñez, informó que el operativo fue realizado en busca de Carlos Edelmiro Rossó Peña y Amílcar Rafael Soto Candelario, ambos exmiembros de la Armada Dominicana desde hace más de diez años, quienes residían en el inmueble requisado, el cual es la oficina política de Abel Martínez.

«El allanamiento no es contra la familia Martínez, es contra esas dos personas que entran y salen con frecuencia de esa residencia», aclaró Núñez.

En la operación se ocuparon dos armas largas y varias pistolas, indicó el magistrado.

«Nos llevamos las armas para depurarlas y establecer si tienen todos sus documentos», expuso.

FUENTE: Diario Libre

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