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Pro Consumidor multa a Blue Mall por mal manejo concurso yipeta

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Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) impuso una multa a la Administradora B-Max, operadora de Blue Mall, por incurrir en violación a la Constitución de la República y a la Ley 358-05, en el sorteo “Blue Mall Christimas Factory”.

En dicho concurso ofrecieron a los compradores de esa plaza comercial, que por cada RD$4,000 de consumo en cualquiera de sus establecimientos, incluyendo restaurantes, cine y parque infantil, el cliente recibiría un ticket electrónico para participar en el sorteo de una Land Rover Discovery Sport 2016.

La promoción de ese concurso indicaba que el sorteo se realizaría el 14 de febrero, y de manera unilateral, sin comunicarlo a los clientes, que habían confiado en la transparencia de la plaza, ni a PRO CONSUMIDOR, se informó de un ganador de dicho concurso dos semanas antes de la fecha establecida.

La directora de Pro Consumidor, doctora Anina Del Castillo, indicó que un concurso tiene como finalidad atraer a clientes a comprar en sus establecimientos, por lo que la entidad, con el fin de llevar transparencia a esta actividad y garantizar que lo prometido como premio se le entregue a los consumidores, mediante la Resolución No. 09/2011 reguló los Concursos, Rifas y Sorteos, estableciendo que de manera obligatoria sus bases, sean registradas en ese organismo gubernamental.

Asimismo, Del Castillo sostuvo que los concursos deben enmarcarse en la legalidad respetando los valores y derechos consagrados en la Constitución, ya que ellos orientan todo el ordenamiento jurídico; entre dichos principios constitucionales, se encuentran a) el artículo 39 Derecho a la igualdad ante la Ley; b) articulo 40.15 en cuanto a que la Ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica; artículo 53, Derechos del Consumidor, en virtud del cual se debe otorgar a toda persona una información objetiva, veraz y oportuna, sobre los productos y servicios en el mercado, lo que incluye la publicidad.

Informó también que la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio, escrito, radial, televisivo, por las redes o de manera personal, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio, se considera publicidad y se interpreta como una obligación del proveedor con sus clientes, por tanto, el anunciante debe garantizarlas hasta el momento de celebrar el concurso.

Previo a la imposición de la sanción, la entidad gubernamental, comunicó a la operadora de BLUE MALL, B-Max, las posibles violaciones detectadas en este concurso, dándole la oportunidad de que explicara las razones por las que ocurrieron, a lo que dicha operadora alego que el cambio de fecha se debió a una errónea interpretación de la Ley y que no hubo mala fe de su parte; sin embargo, no le suministró a Pro Consumidor ninguna evidencia de que los usuarios fueron informados de estos cambios ni hubo una modificación del registro de las bases del concurso en el Instituto.

En cumplimiento a la Ley 107-13 sobre Derechos y Deberes de las Personas en sus relación con la Administración Publica, esta multa podrá ser sujeta a revisión mediante los recursos que dicha Ley establece guardando el debido proceso, ya sea siguiendo la vía administrativa o por ante el TSA.

Pro Consumidor garantiza que continuará ejerciendo sus funciones de vigilante de buenas prácticas en las relaciones del mercado y exhorta a los consumidores y usuarios a que verifiquen que los concursos, rifas y sorteos que promuevan los establecimientos comerciales estén registrados en este Instituto, porque de esa forma es que se garantizan los derechos de los ciudadanos a una información transparente y se protegen sus intereses económicos.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Juez dice no hay ley castigue “violación” del toque de queda

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El juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, afirmó que en el país no hay legislación que permita sancionar a una persona por violación al toque de queda.

Para el juez Vargas, lo que sí existe es una ley de salud, que no es lo mismo que una legislación de sanciones para los que violenten el toque de queda.

Indica El Nacional que por tal razón, propuso q ue el Poder Ejecutivo o la Procuraduría General de la República sometan al Congreso Nacional un proyecto de ley para perseguir y judicializar las violaciones del toque de queda por parte de algunos ciudadanos.

“No hay legislación para condenar a una persona que incumpla la disposición implementada para frenar el contagio por el coronavirus en el país”, manifestó el juez Vargas, en referencia al toque de queda.

Sostuvo que cuando las personas salen a las calles en el horario restringido para la circulación, incurren en la violación del toque de queda, no así en la Ley de Salud.

“Cuando las personas salen a las calles en horarios restringidos para la circulación incurren en la transgresión del toque de queda, no en la violación de la Ley de Salud, por lo que lo sensato sería que los legisladores se aboquen a aprobar una norma con sanciones rigurosas, delito de contravención, pero que logre su cometido”, manifestó Vargas.

El olvido
Hace poco, El Nacional publicó un reportaje bajo la firma del autor de esta información, en la que advertía que en el país no existe una ley de sanción a los violadores del toque de queda.

Este redactor en esa ocasión, tuvo acceso a datos relativos a la última reforma que se hizo a la Constitución de la República, en donde se consignó la creación de los estados de excepción, entre ellos, el estado de emergencia mediante el cual, el Gobierno dispuso el toque de queda.

Se supo que cuando se aprobó la reforma constitucional con la creación de los estados de excepción, se acordó también aprobar más tarde una ley orgánica para el castigo de los violadores de dichos estados, pero nunca se hizo.

Estados de excepción
Los estados de excepción contemplados en el artículo 262 de la Constitución de la República, son tres: Estado de Defensa, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia. En este último es en el que se encuentra el país y por el cual, el Gobierno dispuso el toque de queda.

El fallo
Sin embargo, no existe una legislación que contemple los castigos a imponer a los violadores de estos tres estados, consignados en la Constitución de la República.

Los Estados de Excepción son regulados por la Constitución y por la Ley 21-18, de fecha 25 de mayo del año 2018.

El artículo 262 de la Constitución Dominicana define los estados de excepción como, “aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias”. La Constitución establece las circunstancias en que se decretan dichos estados.

Ilegalidad
De lo expresado por el juez José Alejandro Vargas, se desprende que no existe un marco de legalidad para que un juez de paz le imponga una multa a una persona por violar el toque de queda. La Procuraduría General de la República dispuso que las multas a los violadores del toque de queda sean puestas por los juzgados de paz.

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Abel Martínez a fiscal: “Sus palabras no me bastan para resarcir el agravio y atropello contra mí”

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, expresó este viernes que las palabras del fiscal titular de esa ciudad, Francisco Núñez, “no bastan para resarcir el agravio y atropello incalificables” cometidos hacia su persona durante un allanamiento ejecutado en horas de la mañana en una casa de su propiedad, donde funciona su oficina política.

“Fiscal: sus palabras no me bastan para resarcir el agravio y el atropello perpetrados contra mí, en una acción abusiva e ilegal. Mi indignación y repudio. Así no”, escribió Martínez a través de su cuenta de Twitter.

La mañana del viernes, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto al Ministerio Público allanaron la residencia del alcalde Abel Martínez, donde es inquilino desde hace 15 años y que utiliza como comando político.

El fiscal títular de Santiago, Francisco Núñez, informó que el operativo fue realizado en busca de Carlos Edelmiro Rossó Peña y Amílcar Rafael Soto Candelario, ambos exmiembros de la Armada Dominicana desde hace más de diez años, quienes residían en el inmueble requisado, el cual es la oficina política de Abel Martínez.

«El allanamiento no es contra la familia Martínez, es contra esas dos personas que entran y salen con frecuencia de esa residencia», aclaró Núñez.

En la operación se ocuparon dos armas largas y varias pistolas, indicó el magistrado.

«Nos llevamos las armas para depurarlas y establecer si tienen todos sus documentos», expuso.

FUENTE: Diario Libre

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