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Juez federal libera dominicano de lista de deportación

NUEVA YORK. El juez de la Corte Federal del Distrito de Boston, Mark Wolf, ordenó el viernes a la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) la liberación del dominicano Leandro Arriaga, quien tiene estatus ilegal y había aplicado para la residencia el 28 de marzo, pero fue arrestado y puesto en proceso de deportación para repatriarlo a la República Dominicana.
Arriaga, quien no tiene antecedentes penales criminales, excepto haber llegado ilegalmente a Puerto Rico en 2001 y de allí a Estados Unidos, tenía previsto a salir la mañana de este lunes de un centro de detención de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), para reunirse con su esposa la dominicana, Katherine Ramos y el hijo de la pareja.
Mientras tanto, la petición de su esposa para que se le otorgue la residencia legal en Estados Unidos será procesada, añade la orden del magistrado Wolf.
Arriaga tenía una orden de deportación pendiente desde hace 16 años y la decisión del juez es vista como un cambio brusco en la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, que ha prometido deportar a los 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos.
La decisión del juez se produjo después de un acuerdo entre la fiscalía y los abogados defensores de Arriaga, luego de una audiencia de seis horas.
Los defensores de Arriaga argumentaron que la orden final de expulsión contra él expiró 90 días después de que se publicó en 2001, debido a que la ICE Aduanas nunca la puso en ejecución, para deportarlo.
Los juristas Dan McFadden de la firma de Boston Foley Hoag y Susan Church, que preside la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Nueva Inglaterra, también alegaron que Arriaga debe ser puesto en libertad mientras espera su apelación contra la orden de expulsión porque no representa un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga.
Arriaga, de 43 años, viajó de Puerto Rico a los Estados Unidos a pesar de lo que era entonces una orden de salida voluntaria que se convirtió en deportación y desde entonces se ha casado dos veces, tuvo cuatro hijos, compró una casa en la calle Warren y comenzó un pequeño negocio de bienes raíces.
El juez Wolf no se pronunció sobre si la detención de Arriaga es legal o si él representaba un riesgo.
“Estoy feliz de que la ICE reconoció que esta persona merece una oportunidad de obtener su tarjeta verde y permanecer con su familia”, dijo la abogada Church después de la audiencia.
La ley federal requiere que los inmigrantes indocumentados regresen a sus países de origen y permanezcan fuera de los Estados Unidos por lo menos 10 años, antes de que puedan solicitar la residencia legal en los Estados Unidos.
El acuerdo
El acuerdo de los abogados de Arriaga con el gobierno federal el viernes dice que no puede ser deportado hasta que se adjudique su aplicación para la residencia legal.
El acuerdo también requiere que Arriaga sea supervisado por la ICE, después de su liberación y que lleve un brazalete electrónico para monitorear su ubicación.
Arriaga fue una de las cinco personas detenidas cuando estaban aplicando para la residencia permanente en la oficina de inmigración en Lawrence el 28 de marzo.
Diario Libre/Miguel Cruz Tejada

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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