NUEVA YORK. El juez de la Corte Federal del Distrito de Boston, Mark Wolf, ordenó el viernes a la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) la liberación del dominicano Leandro Arriaga, quien tiene estatus ilegal y había aplicado para la residencia el 28 de marzo, pero fue arrestado y puesto en proceso de deportación para repatriarlo a la República Dominicana.

Arriaga, quien no tiene antecedentes penales criminales, excepto haber llegado ilegalmente a Puerto Rico en 2001 y de allí a Estados Unidos, tenía previsto a salir la mañana de este lunes de un centro de detención de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), para reunirse con su esposa la dominicana, Katherine Ramos y el hijo de la pareja.

Mientras tanto, la petición de su esposa para que se le otorgue la residencia legal en Estados Unidos será procesada, añade la orden del magistrado Wolf.

Arriaga tenía una orden de deportación pendiente desde hace 16 años y la decisión del juez es vista como un cambio brusco en la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, que ha prometido deportar a los 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos.

La decisión del juez se produjo después de un acuerdo entre la fiscalía y los abogados defensores de Arriaga, luego de una audiencia de seis horas.

Los defensores de Arriaga argumentaron que la orden final de expulsión contra él expiró 90 días después de que se publicó en 2001, debido a que la ICE Aduanas nunca la puso en ejecución, para deportarlo.

Los juristas Dan McFadden de la firma de Boston Foley Hoag y Susan Church, que preside la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Nueva Inglaterra, también alegaron que Arriaga debe ser puesto en libertad mientras espera su apelación contra la orden de expulsión porque no representa un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga.

Arriaga, de 43 años, viajó de Puerto Rico a los Estados Unidos a pesar de lo que era entonces una orden de salida voluntaria que se convirtió en deportación y desde entonces se ha casado dos veces, tuvo cuatro hijos, compró una casa en la calle Warren y comenzó un pequeño negocio de bienes raíces.

El juez Wolf no se pronunció sobre si la detención de Arriaga es legal o si él representaba un riesgo.

“Estoy feliz de que la ICE reconoció que esta persona merece una oportunidad de obtener su tarjeta verde y permanecer con su familia”, dijo la abogada Church después de la audiencia.

La ley federal requiere que los inmigrantes indocumentados regresen a sus países de origen y permanezcan fuera de los Estados Unidos por lo menos 10 años, antes de que puedan solicitar la residencia legal en los Estados Unidos.

El acuerdo
El acuerdo de los abogados de Arriaga con el gobierno federal el viernes dice que no puede ser deportado hasta que se adjudique su aplicación para la residencia legal.

El acuerdo también requiere que Arriaga sea supervisado por la ICE, después de su liberación y que lleve un brazalete electrónico para monitorear su ubicación.

Arriaga fue una de las cinco personas detenidas cuando estaban aplicando para la residencia permanente en la oficina de inmigración en Lawrence el 28 de marzo.

Diario Libre/Miguel Cruz Tejada