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Alcalde Abel Martínez se querella contra CORAASAN
El alcalde de Santiago, Abel Martínez, se querelló ayer contra la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y de su director, el ingeniero Silvio Antonio Durán Martínez, por presunta violación del artículo 310 de la Ley 176-07, que establecen los delitos de desfalco, abstención o colusión en perjuicio de la alcaldía de ese municipio.
La querella fue depositada ayer ante la Procuraduría Especializada para la Corrupción Administrativa (PEPCA), a través del abogado Julio Cury.
En la instancia, la alcaldía solicita condenar a cinco años de prisión al director de CORAASAN, Durán Martínez, en la cárcel de Santiago, y al pago de una multa equivalente a tres veces la suma desfalcada.
También solicita imponerle una indemnización conjunta y solidariamente con CORAASAN, de 10 millones de pesos, a título de daños y perjuicios.
La querella está fundamentada en una deuda que el ayuntamiento alega le tiene CORAASAN, ascendente a RD$133,757,335.12, por concepto de retenciones del cobro de los servicios de recolección de desechos sólidos prestados por el querellante en el municipio de Santiago.
Un plazo para pagar
Precisa que el 11 de mayo del 2017, CORAASAN fue intimada a pagar esa deuda en un plazo de tres días francos, pero que su director le volvió la espalda y hasta la fecha no ha realizado el pago.
“Las retenciones arbitrarias de CORAASAN representan una seria amenaza para el municipio de Santiago, toda vez que la indisponibilidad de los recursos de que es titular el querellante han puesto en peligro el cumplimiento de sus obligaciones exclusivas, entre ellas la de gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas, la limpieza vial y del ornato público y sobre todo, la recolección y disposición final de residuos sólidos”, argumenta.
Dice que la Ley 247-12, obliga a los entes y órganos públicos comprometen su responsabilidad civil y penal “por los daños causados por la falta de sus órganos y servidores en el desempeño de la función administrativa”.
El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.
El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.
“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.
El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.
Planteamiento surgió durante entrevista del CNM
El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.
A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.
El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.
Vía Acento
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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
Detalles del hecho
De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.
Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.
Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.
Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.
La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.
Medidas administrativas
Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.
