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Cancelan hermano de Abel Martínez en CORAASAN

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SANTIAGO.- Se acrecentaron las desavenencias entre el alcalde Abel Martínez y Silvio Durán, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) cuando, a pedido esta mañana del cabildo, del pago de más de 100 millones de pesos que alega le retiene de forma ilegal, a horas se produjo la cancelación de un hermano Atuey Martínez, del cargo de gerente de Aguas Residuales, con fecha del martes.

La separación del cargo de Martínez le fue comunicada a través de una escueta correspondencia, en donde Hilario Paulino, gerente de Recursos Humanos de la empresa acuífera, le informa que se ha puesto término al contrato de trabajo.

El alcalde, a través de su portavoz Fernando Ramírez, exigió el desembolso de esa cantidad de dinero, por concepto de la recogía de basura en lo que va de la actual gestión municipal.

Ramírez explicó que el dinero retenido por CORAASAN, es la suma de las facturas cobradas por concepto de recogida de la basura en el recibo del agua que pagan los munícipes y que hasta la fecha se han venido acumulando las sumas que pertenecen al Ayuntamiento de Santiago.

“Esta situación creada por el director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago CORAASAN, ingeniero Silvio Durán, va en perjuicio de la población de Santiago, del Ayuntamiento y en perjuicio de la salud de la población de Santiago de los Caballeros”, dijo Fernando Ramírez.

Y que, de continuar esa “retención arbitraría” por parte de CORAASAN de los recursos del Ayuntamiento, no garantizan mantener la ciudad de Santiago limpia “lo que pondría en riesgo la salud de los santiagueros”.

“Si en los próximos días se produjera una crisis en la recogida de basura y por consiguiente esto trajera a la población los males que acarrean los desperdicios sólidos acumulados, el agravamiento de la salud, las epidemias, hay un solo culpable y es Silvio Durán, porque el Ayuntamiento de Santiago, no tiene los fondos que no sean los que la gente de Santiago, pagan para que le recojan la basura”, informó Ramírez.

Con relación a un supuesto acuerdo entre la Alcaldía y CORAASAN, el vocero del alcalde Abel Martínez, Fernando Ramírez, confirmó que nunca hubo acuerdo y lo que se aprobó en la última reunión del Consejo de directores fue una resolución para que CORAASAN, desembolsara en 72 horas los fondos retenidos ilegalmente al Ayuntamiento de Santiago, lo que no se ha producido.

Asimismo, informó que el Ayuntamiento hizo un levantamiento de los terrenos utilizados por CORAASAN y que son propiedad del Municipio de Santiago de los Caballeros y que si se toma en consideración la cantidad de metros ocupados y precios por cada año que deben pagar por concepto de arrendamiento, la deuda de CORRASAN con el Ayuntamiento sería cuantiosa.

El Nacional

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Diputada aclara está separada de hombre apresado por supuestos vínculos con narcotráfico

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La diputada de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández, informó la noche de este viernes que está separada de Ethian Vásquez, quien está detenido, supuestamente por vínculos con el narcotráfico.

A través de un comunicado de prensa, la legisladora confirmó que tiene conocimiento de la detención de Vásquez, aunque no precisó el lugar donde se encuentra ni las razones.

Fernández explicó que desde hace un tiempo ambos tomaron caminos distintos y que no mantienen ningún tipo de convivencia ni responsabilidades comunes.

“Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual”, señala el documento.

La diputada manifestó su respeto al debido proceso y a las investigaciones a cargo de las autoridades competentes, «quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley».

En el comunicado, Fernández agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por su comunidad y cumpliendo con las responsabilidades legislativas que le fueron confiadas por los electores de La Romana.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de Vásquez ni de los cargos contra él.

Informaciones extraoficiales indican que estaría detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A continuación el comunicado de la diputada Jacqueline Fernández:

La diputada Jacqueline Fernández informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación que tiene conocimiento de la detención del señor Ethian Vásquez, quien en el pasado fuera su cónyuge.

La legisladora Fernández aclara responsablemente que, desde hace un tiempo, ambos se encuentran separados de hecho y tomaron cominos distintos, por lo que no mantienen vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en su vida personal.

Reitera que las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual y expresa su total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley.

La diputada agradece a la ciudadanía su comprensión, y afirma que se mantendrá enfocada en continuar trabajando por su comunidad y en la responsabilidad legislativa que los ciudadanos de La Romana le han confiado.

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Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre y mujer planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente en Santiago

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Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre y una mujer que planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente.

Los imputados Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, son imputados de violar la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

La medida fue impuesta debido a la amenaza colectiva que representan para la población de niños, niñas y adolescentes, por cuanto planificaban y coordinaban captar menores de edad a los fines del hombre obtener gratificación sexual y sostener relaciones sexuales con estos menores de edad, y la mujer obtener valores económicos.

El escenario que dio lugar al arresto y posterior judicialización de los imputados se originó en un video, difundido a través de plataformas y redes sociales, donde Peña Henríquez ofrecía una cantidad de dinero de entre RD$15,000 a RD$20,000 pesos, para que Stfrent, quien se dedica a captar personas adultas y menores de edad, para ofrecer servicios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago, le ubicara y cediera menores de edad, a fin de abusarlas sexualmente.

En la audiencia de medidas de coerción, las fiscales María Dolores Rojas, Martha González y Wendy Sánchez, presentaron a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, las evidencias de que existe un latente peligro y amenaza contra esta población vulnerable, por cuanto se debía imponer la prisión preventiva, al ser considerada la medida idónea para proteger a las potenciales víctimas y permitir la continuidad del proceso.

Además de imponer la medida solicitada por el órgano acusador, el tribunal también autorizó la extracción de información que pueda resultar de interés para la investigación, del teléfono celular que le fue ocupado a la imputada.

Peña Henríquez, dominicano, y Stfrent, de nacionalidad haitiana, fueron arrestados mediante las órdenes tramitadas ante el tribunal competente 2025-AJ0071635 y 2025-AJ0071634.

De manera provisional, la Fiscalía de Santiago ha imputado contra los procesados la violación a los artículos 1, 3, y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, principios V, VI y VII y el artículo 14 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que tipifican la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y por violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano.

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