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Panorama

Demanda colectiva a Uber por choferes «rastreros»

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Las pasajeras, que mantienen el anonimato, demandaron a Uber en el distrito norte de California en nombre de las mujeres que han sido objeto de «violación, agresión sexual, violencia física o acoso motivado por género» por parte de los conductores de la compañía en los últimos cuatro años.

«A tenor de la magnitud del número de pasajeras que han vivido acoso sexual y violencia de género, Uber debería haber hecho cambios drásticos en la manera en que revisa y controla a los conductores, así como avances en medidas de seguridad en su app y en los vehículos», expone la demanda, según recoge el portal Mashable.

Además de buscar una compensación por las supuestas agresiones sexuales de las que fueron víctimas, las denunciantes piden al juez que ordene a Uber implementar una verificación de antecedentes más estricta hacia sus conductores.

De acuerdo con ese medio, una denunciante fue agredida sexualmente tras quedarse dormida en el asiento trasero del auto, en Los Ángeles, y la otra fue violada en su apartamento por su conductor, tras lo cual él fue detenido y ella recibió un reembolso del trayecto, valorado en menos de 10 dólares.

Las mujeres alegan que no se trata de un caso de conductores «malvados», sino de que Uber ha permitido que personas peligrosas «logren acceso a víctimas vulnerables», y critican que no se ha hecho «nada significativo» para que los trayectos sean «seguros para los pasajeros, especialmente las mujeres».

«Uber ha hecho todo lo posible por seguir usando verificaciones de antecedentes de bajo coste y manifiestamente inadecuadas, y ha errado al controlar a sus conductores por conductas violentas o inapropiadas después de que son contratados», explicaron en el documento.

Christensen, dijo este martes que según la demanda presentada contra Uber, su «modelo de beneficios por encima de seguridad ha provocado que incontables números de pasajeras paguen el precio de la vergonzosa incapacidad para actuar» de la empresa.

En sus argumentación, la demanda también cita historias de agresión compartidas durante el movimiento «MeToo», que inundó las redes sociales tras las revelaciones sobre el historial de abuso del productor Harvey Weinstein, o el registro como conductor de Uber del autor del ataque terrorista del 31 de octubre en Nueva York.

Piden que Uber utilice medidas de seguridad basadas en huellas dactilares, a las que se opone; que revise cada seis meses el historial criminal de sus conductores y que vete a los delincuentes sexuales o a personas con condenas por violación o agresión.

En este sentido, la denuncia desgrana que Uber se autodenomina legalmente como «plataforma de tecnología» en lugar de «plataforma de transportes» para «eludir el escrutinio de los reguladores estatales y locales» en cuestiones de seguridad.

En los últimos meses, la plataforma se ha visto envuelta en una serie de polémicas relacionadas con su cultura sexista y discriminatoria en el entorno de trabajo, que fue objeto de investigación y resultó en la renuncia de su cofundador y exconsejero delegado, Travis Kalanick.

La elección del nuevo directivo de la firma, Dara Khosrowshahi, fue interpretada como una nueva etapa y tanto él como otros directivos se han pronunciado públicamente sobre los esfuerzos de la firma por «hacer las cosas bien» y transformar sus valores corporativos.

Vía Remolacha.net

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Presentan querella contra jefe PN por 87 muertes en supuestos intercambios

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La denuncia lo señala por la muerte de 87 personas en supuestos intercambios de disparos con agentes.

Entre los abogados que firman la acción están Cándido Simó, Valentín Medrano, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez y Manuel Sierra.

Quieren que el director sea procesado por cada una de esas muertes, cuyos nombres aparecen documentados en el expediente.

De acuerdo a Silvio Cabrera en El Nacional, el abogado Valentín Medrano, hablando en nombre del grupo, aseguró que no defienden a delincuentes, sino el derecho a la vida.

Sostuvo además que la Policía no tiene forma de justificar esas muertes con la versión de intercambios de disparos y que se estaría ejecutando a una centena de jóvenes sin seguir los protocolos.

Las armas y la escena del crimen, en el centro del reclamo

Medrano planteó una cuenta sencilla: si hubo 200 intercambios de disparos, tiene que haber 200 armas.

Según el grupo, esas armas deben pasar por cadena de custodia para determinar su numeración, algo que, a su juicio, no se está haciendo.

También cuestionó que la escena no esté siendo protegida como corresponde y que no se espere la llegada del médico legista antes de intervenir.

Por eso piden investigar tanto las armas como cada escenario donde se produjeron los hechos.

Qué pueden hacer los familiares

Medrano llamó a los familiares de las víctimas a acercarse a la Fiscalía, donde el fiscal Carlos Vidal recibe las quejas. Recomendó llevar documentos que demuestren el vínculo con las víctimas y su interés en acudir a la justicia.

 

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Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.

En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.

Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.

“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.

En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.

Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.

La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.

Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.

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