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Donald Trump prohibe a Ángel Rondón entrar a los Estados Unidos; bloquea sus bienes

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El departamento de Estado de los Estados Unidos informó que el presidente Donald Trump bloqueó a través de una orden ejecutiva la entrada a los Estados Unidos de quince personas entre ellas el empresario dominicano Ángel Rondón por corrupción o cometer actos que afectan los Derechos Humanos.

El Departamento de Estado en conjunto con el Presidente Donald J. Trump y el Departamento del Tesoro, tomaron hoy acciones contra las personas que han cometido abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción a nivel mundial. Incluido en estas acciones se encuentra el ciudadano dominicano Angel Rondón Rijo.

La acción también impone restricciones de visas a las personas designadas conforme la orden ejecutiva (decreto) e impide su acceso al sistema financiero estadounidense.

El documento indica: “El Departamento de Estado está comprometido a proteger y promover los derechos humanos y a combatir la corrupción con todos los recursos disponibles. Las acciones que se tomaron hoy, en conjunto con otros numerosos esfuerzos de los Estados Unidos, continúan promoviendo un orden mundial que refleje nuestros valores y aumente la seguridad de los Estados Unidos. Asimismo, demuestran que el gobierno de los Estados Unidos continuará aplicando medidas significativas y concretas contra las personas que cometan abusos en el campo de los derechos humanos o actos de corrupción”.

En el caso de Rondón, una de las personas con medidas de coerción en el caso de los sobornos por Odebrecht, el departamento de Estado cita su domicilio ubicado en la torre Caney, su lugar de nacimiento y número de pasaporte.

La orden ejecutiva indica también tiene implicaciones en las propiedades y bienes adquiridos en los Estados Unidos.

Orden ejecutiva también bloquea bienes de Ángel Rondón en Estados Unidos

El comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados indica que el empresario Ángel Rondón Rijo “es un hombre de negocios y cabildero políticamente conectado en la República Dominicana que canalizó dinero de Odebrecht, una empresa de construcción brasileña, a funcionarios dominicanos, quienes a su vez adjudicaron proyectos de Odebrecht para construir carreteras, represas y otros proyectos”.

En la información cita al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y señala que “Odebrecht es un conglomerado de construcción global con sede en Brasil que se declaró culpable de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y aceptó una multa penal de $ 4.5 mil millones”.

En 2017, Rondon fue arrestado por las autoridades dominicanas y acusado de corrupción por los sobornos pagados por Odebrecht.

“Hoy, Estados Unidos está tomando una posición firme contra el abuso de derechos humanos y la corrupción en todo el mundo al excluir a estos actores malos del sistema financiero de los Estados Unidos. El Tesoro está congelando sus activos y denunciando públicamente los atroces actos que han cometido, enviando un mensaje de que hay un alto precio para pagar sus fechorías “, dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento del Tesoro y nuestros socios interinstitucionales continuarán tomando medidas decisivas e impactantes para hacer rendir cuentas a aquellos que abusan de los derechos humanos, perpetran actos de corrupción y socavan los ideales estadounidenses”.

El Departamento del Tesoro indica que “como resultado de las acciones de hoy, todos los activos dentro de la jurisdicción de EE. UU. De las personas y entidades incluidas en el Anexo a la Orden o designadas por OFAC están bloqueadas, y se prohibe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos”.

La orden ejecutiva señala que todas las propiedades e intereses en la propiedad que están en los Estados Unidos, que de aquí en adelante Estados Unidos, o que están o en el futuro se encuentran dentro del posesión o control de cualquier persona de los Estados Unidos de la las siguientes personas están bloqueadas y no pueden ser transferidas”.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Abinader plantea eliminar término “doméstica” por considerarlo insultante

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El presidente Luis Abinader planteó este lunes eliminar el término “doméstica” para referirse a las personas que realizan labores del hogar, al considerar que la palabra tiene una connotación despectiva.

El mandatario hizo el planteamiento durante las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en medio de un intercambio sobre la protección laboral de quienes desempeñan este tipo de trabajo.

“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra”, expresó Abinader.

El presidente resaltó además la dimensión humana de estas labores y señaló que, en numerosos hogares, quienes las realizan también tienen una participación importante en el cuidado y la crianza de los hijos.

Planteamiento surgió durante entrevista del CNM

El comentario se produjo luego de una intervención de Úrsula Josefina Carrasco Márquez, quien abordó la necesidad de ampliar la protección laboral de las personas dedicadas al trabajo en los hogares.

A partir de ese planteamiento, Abinader consideró necesario revisar incluso la terminología utilizada tradicionalmente para identificar a quienes realizan esas funciones.

El intercambio se produjo durante la jornada de entrevistas desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de las evaluaciones de aspirantes a ocupar posiciones en el sistema judicial.

Vía Acento

 

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Tres meses de prisión preventiva inspector de migración dejó viajar dos con impedimentos de salida

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La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de permitir la salida del país de ciudadanos dominicanos que tenían impedimentos judiciales, en un hecho registrado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

La medida de coerción fue impuesta a Esteban Nohassis Mogena González, quien deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El arresto en flagrante delito y posterior sometimiento ante el Ministerio Público fue coordinado por la Dirección Jurídica de la DGM en conjunto con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El Ministerio Público acusa al encartado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración (No. 285-04), tipificando los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.

Detalles del hecho

De acuerdo con el expediente acusatorio, el incidente ocurrió el pasado jueves 24 en la terminal de salidas del AILA.

Las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales presentadas ante el tribunal señalan que Mogena González habría recibido miles de dólares a cambio de alterar los protocolos de seguridad.

Las autoridades explicaron que el inspector atendió a los dos viajeros en el puesto de control migratorio, donde omitió deliberadamente el escaneo de las huellas dactilares y no certificó la salida en el sistema de registro.

Esta maniobra irregular permitió que uno de los pasajeros lograra abordar exitosamente un vuelo con destino a Las Bahamas.

La DGM precisó que el funcionario ya se encontraba bajo un operativo de vigilancia e inteligencia desde hacía varios meses, luego de que se detectaran diversas inconsistencias en el desempeño de sus labores.

Medidas administrativas

Tras la imposición de la medida cautelar, la Dirección General de Migración informó el inicio del procedimiento legal correspondiente para suspender a Mogena González de sus funciones, con miras a proceder a su desvinculación definitiva, conforme a las normativas que rigen la administración pública.

Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reafirmó que la institución mantendrá una política de cero tolerancia y advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier inspector, agente o servidor público de la entidad que incurra en actos de corrupción.

 

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