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Donald Trump prohibe a Ángel Rondón entrar a los Estados Unidos; bloquea sus bienes

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El departamento de Estado de los Estados Unidos informó que el presidente Donald Trump bloqueó a través de una orden ejecutiva la entrada a los Estados Unidos de quince personas entre ellas el empresario dominicano Ángel Rondón por corrupción o cometer actos que afectan los Derechos Humanos.

El Departamento de Estado en conjunto con el Presidente Donald J. Trump y el Departamento del Tesoro, tomaron hoy acciones contra las personas que han cometido abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción a nivel mundial. Incluido en estas acciones se encuentra el ciudadano dominicano Angel Rondón Rijo.

La acción también impone restricciones de visas a las personas designadas conforme la orden ejecutiva (decreto) e impide su acceso al sistema financiero estadounidense.

El documento indica: “El Departamento de Estado está comprometido a proteger y promover los derechos humanos y a combatir la corrupción con todos los recursos disponibles. Las acciones que se tomaron hoy, en conjunto con otros numerosos esfuerzos de los Estados Unidos, continúan promoviendo un orden mundial que refleje nuestros valores y aumente la seguridad de los Estados Unidos. Asimismo, demuestran que el gobierno de los Estados Unidos continuará aplicando medidas significativas y concretas contra las personas que cometan abusos en el campo de los derechos humanos o actos de corrupción”.

En el caso de Rondón, una de las personas con medidas de coerción en el caso de los sobornos por Odebrecht, el departamento de Estado cita su domicilio ubicado en la torre Caney, su lugar de nacimiento y número de pasaporte.

La orden ejecutiva indica también tiene implicaciones en las propiedades y bienes adquiridos en los Estados Unidos.

Orden ejecutiva también bloquea bienes de Ángel Rondón en Estados Unidos

El comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados indica que el empresario Ángel Rondón Rijo “es un hombre de negocios y cabildero políticamente conectado en la República Dominicana que canalizó dinero de Odebrecht, una empresa de construcción brasileña, a funcionarios dominicanos, quienes a su vez adjudicaron proyectos de Odebrecht para construir carreteras, represas y otros proyectos”.

En la información cita al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y señala que “Odebrecht es un conglomerado de construcción global con sede en Brasil que se declaró culpable de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y aceptó una multa penal de $ 4.5 mil millones”.

En 2017, Rondon fue arrestado por las autoridades dominicanas y acusado de corrupción por los sobornos pagados por Odebrecht.

“Hoy, Estados Unidos está tomando una posición firme contra el abuso de derechos humanos y la corrupción en todo el mundo al excluir a estos actores malos del sistema financiero de los Estados Unidos. El Tesoro está congelando sus activos y denunciando públicamente los atroces actos que han cometido, enviando un mensaje de que hay un alto precio para pagar sus fechorías “, dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento del Tesoro y nuestros socios interinstitucionales continuarán tomando medidas decisivas e impactantes para hacer rendir cuentas a aquellos que abusan de los derechos humanos, perpetran actos de corrupción y socavan los ideales estadounidenses”.

El Departamento del Tesoro indica que “como resultado de las acciones de hoy, todos los activos dentro de la jurisdicción de EE. UU. De las personas y entidades incluidas en el Anexo a la Orden o designadas por OFAC están bloqueadas, y se prohibe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos”.

La orden ejecutiva señala que todas las propiedades e intereses en la propiedad que están en los Estados Unidos, que de aquí en adelante Estados Unidos, o que están o en el futuro se encuentran dentro del posesión o control de cualquier persona de los Estados Unidos de la las siguientes personas están bloqueadas y no pueden ser transferidas”.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Según el Gobierno, la ciudadanía aprueba que se exija tarjeta de vacuna

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La reunión con directores ins­titucionales y ministros con­vocada por el presidente Luis Abinader, de la cual los miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo argumentaron no conocer la agenda, re­sultó ser un consejo de mi­nistros que tuvo una dura­ción de poco más de una hora.

Según las declaraciones del vocero de la Presiden­cia, Homero Figueroa, se trataron varios temas en­tre ellos la recepción de la población a las medi­das especiales que tomó el Gobierno, incluida la que obliga a presentar la tarje­ta de vacunación contra el coronavirus Covid-19 con al menos de dos dosis.

“Evaluamos el gran éxi­to y acogida que han te­nido las últimas medidas del Ministerio de Salud con respecto a la presenta­ción de la tarjeta de vacu­nación. Hemos tenido de vuelta un récord de ciuda­danos vacunándose. Ayer tuvimos unos 71,000 y si seguimos con ese ritmo, tal vez en varias semanas podremos rebasar el reza­go que teníamos hace dos meses”, expresó Figueroa en declaraciones recogidas por el periodista Javier Flores, del Listín Diario.

Al ser cuestionado so­bre el rechazo de varios sectores de la sociedad ha­cia esas medidas tras con­siderarlas “obligatorias”, Figueroa explicó que las mediciones que tiene el Gobierno indican que un gran porcentaje de la po­blación se ha mostrado a favor de las nuevas medi­das.

“La mayoría de la po­blación ha aceptado como buenas y válidas estas medi­das y la muestra del apoyo es la cantidad de gente que ha decidido ir a vacunar­se en los últimos días. Esta­mos respetando la libertad individual, pero el beneficio colectivo del pueblo domi­nicano pide a todos que nos vacunemos para conseguir la inmunidad”, explicó el encargado de Comunicacio­nes del Poder Ejecutivo.

A inicios de esta semana, el ministro de Salud Públi­ca, Daniel Rivera, informó que desde el próximo lunes la institución contará con inspectores que estarán de manera “aleatoria” en va­rias instalaciones públicas, privadas de uso público y de transporte, para “moni­torear” el cumplimiento de las nuevas medidas especia­les que aplicará el gobierno.

A partir de esa fecha, las personas mayores de 12 años deberán presentar un documento de identidad y su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la vacuna contra el Co­vid-19, ambos en original y en copia legible (física o di­gital) a la autoridad pública o privada correspondiente, para asistir de manera pre­sencial a lugares de trabajo con espacios cerrados y de uso colectivo; para asistir de manera presencial a los centros de estudios de to­dos los niveles, sean públi­cos o privados; si desea uti­lizar medios de transporte, sea urbano o interurbano.

Lo mismo para ingresar bares, discotecas, colma­dos, restaurantes, clubes, centros comerciales, casi­nos, tiendas u otros centros de diversión.

El miércoles, Rivera acla­ró que también se aceptará en esos lugares a personas con una sola dosis si no han pasado 30 días de la inocu­lación.

Auditorías internas
En el encuentro se informó que la Contraloría General de la República está “lista, preparada y en capacidad” para realizar las auditorías internas de todas las institu­ciones gubernamentales y les solicitó a los incumben­tes de cada una de las enti­dades a habilitar un “espa­cio físico” para recibir los auditores.

“Este es un proceso trans­cendental importantísi­mo de control interno pa­ra poder poner a todos los ministerios y directores en capacidad de recibir las au­ditorías externas de la Cá­mara de Cuentas”, agregó Figueroa. También se tra­tó en dicha reunión la re­estructuración del departa­mento de comunicaciones.

La reunión de Abinader
y los miembros de su gabi­nete se produjo justo cuan­do el país se encuentra ba­jo el “aviso” de una posible reforma fiscal que ha cau­sado rechazo en gran parte de la población y del sector empresarial han propuesto que lo que se haga sea un “pacto fiscal”.

El gobierno ya envió el proyecto de Presupuesto de 2021 por más de un billón de pesos en el que se redu­cen las asignaciones a 12 ministerios.

De visita en el Palacio
Los representantes de la Asociación de Industriales de la República Dominica­na (AIRD) visitaron el Pa­lacio Nacional ayer, pero no ha trascendido el tema que trataron, tampoco si se reunieron con el presi­dente Luis Abinader.

Circe Almanzar y Celso Marranzini permanecie­ron por más de una hora con funcionarios del go­bierno, próximo al despa­cho del Presidente.

Evitaron conversar con la prensa y abandonaron la casa de gobierno utilizan­do la escalinata ubicada en el pasillo contiguo al despacho del presidente Abinader.

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Estos son los bienes incautados a Víctor Díaz Rúa, tras la sentencia de Odebrecht

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El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a ocho y cinco años de prisión a Ángel Rondón Rijo y a Víctor José Díaz Rúa, al declararlos culpables de corrupción en el caso por los US$92 millones de sobornos que distribuyó Odebrecht en República Dominicana para agenciarse la adjudicación de contratos de obras pagadas con fondos de los contribuyentes.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo condenaron además a Rondón Rijo y Díaz Rúa al pago de multas de 200 salarios mínimos y dispuso el decomiso de una serie de bienes que acumularon producto del enriquecimiento ilícito.

Entre los bienes incautados a Díaz Rúa figura una propiedad en Casa de Campo, en La Romana; el yate “Balbie” y un apartamento ubicado en la torre Caney en Bella Vista, Distrito Nacional.

Otras propiedades incautadas
La sociedad Albox, la sociedad Radio-Difusora Sky Land y la sociedad Inversiones Monttoba. De igual forma le fueron incautadas varias cuentas de ahorros en dólares del Banco de Reservas.

Condena
El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, fue condenado por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana, cuya sentencia calificó como un «disparate».

A Díaz Rúa lo encontraron culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Tanto el Ministerio Público como Díaz Rúa revelaron que apelarán. La lectura de la sentencia será el 25 de noviembre. A partir de entonces, las partes podrán recurrir a los tribunales.

FUENTE: Diario Libre

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