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Panorama

La Junta asignará apellidos a los menores con padres desconocido

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SANTO DOMINGO. La Junta Central Electoral (JCE) asignará un apellido de manera administrativa a los niños, niñas y adolescentes, que se determine la filiación de padres desconocidos y que son declarados en estado de abandono por los tribunales del país.

La medida fue adoptada mediante la resolución 03-2017, del 23 de mayo pasado, que dispone la creación de un glosario alfabético de apellidos, los cuales serán sorteados de manera electrónica entre los menores que carecen de identidad.

Para crear la base de datos del glosario fueron escogidos 128 apellidos, desde la A-Z, muchos de los cuales son pocos comunes. Entre ellos están Albornoz, Arboleda, Acero, Cástulo, Costas, Gaviota, Hurdes, Nardo, Veda, Trigo y Trillo.

La JCE instruyó a la Dirección de informática crear una aplicación electrónica que permita escoger un apellido de la base de datos, mediante sorteos realizados por la Consultoría Jurídica de la institución. Los apellidos podrán utilizarse en las cédulas de identidad y electoral.

“El apellido asignado administrativamente al menor declarado en estado de abandono, será incluido en el expediente u oficio de instrucción que autoriza la inscripción del registro de nacimiento, el mismo será enviado a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil para ser remitido a la Oficialía del Estado Civil correspondiente”, aduce la resolución.

Establece, además, que corresponderá a las direcciones de Informática y de Registro Electoral, verificar la base de datos sobre las cédulas de identidad y electoral, cuyos titulares no tengan apellidos para que procedan a su localización por las vías correspondientes y tramiten la asignación administrativa de un apellido.

Luego se procederá a realizarle el cambio de datos en su cédula de identidad y electoral.

También que, en el libro de registro, primer y segundo original de nacimiento se hagan las anotaciones marginales de la instrucción expedida de la asignación administrativa del apellido.

La decisión del organismo de elecciones aclara que, si un beneficiario es adoptado, se seguirá el procedimiento legal previsto para consignar el apellido del adoptante, según corresponda.

Asimismo, instruye a la Consultoría Jurídica y a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil orientar al personal encargado de procesar los expedientes de sentencia de declaración de abandono, para el cumplimiento de la presente resolución y de manera expresa a los oficiales del Estado Civil.

De la resolución
Se ordena la comunicación de la resolución a la Consultoría Jurídica, a la Oficina Central del Estado Civil, las direcciones de: Registro del Estado Civil, Informática, Cedulación, Registro Electoral, las Oficialías del Estado Civil, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud Pública, Educación y de Cultura.

Los apellidos disponibles para ser usados en los documentos oficiales como cédulas y actas
Albornoz Costa Guerra Mora Regalado Suero Aguasvivas

Costas Guerrero Mota Ríos Tapia Abad Del Bosque

Hurdes Nardo Robledo Torres Arboleda Del Campo Hurtado

Nevada Robles Trigo Acero De la Vega Iglesias Nieves

Romero Trillo Barranco De Lima León Oliva Rosa

Trinidad Blanco De León Lima Olivo Rosado Vaquero

Cabrera Del Monte Luna Olmedo Rosales Veda Cadena

Del Pozo Madera Olmos Rosario Villa Calzado Del Valle

Manzanero Palacios Rubio Viñas Canela Escudero Manzanillo

Paredes Rueda Zapata Castillo Espada Manzano Parra

Salas Zorrilla Cástulo Espino Marte Paz Sancho

Cerda Estrella Mata Persia Santo Cruz Evangelista

Mencía Pinales Santo Domingo Cuello Familia Mercado Pino

Santos Cuervo Flores Mesa Piña Santiago Cuevas

Gaviota Monción Puente Sevilla Cordero Gracia Montero

Pozo Silva Corrales Guante Montes Redondo Silvestre

PERIODISTA/ PUBLICISTA

Panorama

Presentan querella contra jefe PN por 87 muertes en supuestos intercambios

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La denuncia lo señala por la muerte de 87 personas en supuestos intercambios de disparos con agentes.

Entre los abogados que firman la acción están Cándido Simó, Valentín Medrano, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez y Manuel Sierra.

Quieren que el director sea procesado por cada una de esas muertes, cuyos nombres aparecen documentados en el expediente.

De acuerdo a Silvio Cabrera en El Nacional, el abogado Valentín Medrano, hablando en nombre del grupo, aseguró que no defienden a delincuentes, sino el derecho a la vida.

Sostuvo además que la Policía no tiene forma de justificar esas muertes con la versión de intercambios de disparos y que se estaría ejecutando a una centena de jóvenes sin seguir los protocolos.

Las armas y la escena del crimen, en el centro del reclamo

Medrano planteó una cuenta sencilla: si hubo 200 intercambios de disparos, tiene que haber 200 armas.

Según el grupo, esas armas deben pasar por cadena de custodia para determinar su numeración, algo que, a su juicio, no se está haciendo.

También cuestionó que la escena no esté siendo protegida como corresponde y que no se espere la llegada del médico legista antes de intervenir.

Por eso piden investigar tanto las armas como cada escenario donde se produjeron los hechos.

Qué pueden hacer los familiares

Medrano llamó a los familiares de las víctimas a acercarse a la Fiscalía, donde el fiscal Carlos Vidal recibe las quejas. Recomendó llevar documentos que demuestren el vínculo con las víctimas y su interés en acudir a la justicia.

 

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Panorama

Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.

En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.

Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.

“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.

En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.

Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.

La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.

Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.

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