El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, y el abogado constitucionalista Namphi Rodríguez, expresaron ayer que el anuncio de la Policía Nacional de que investigará la propagación de informaciones falsas, manipuladas o descontextualizadas sobre la delincuencia a través de los medios digitales y redes sociales, puede vulnerar derechos e introducir prácticas abusivas.

Advierten que ese tipo de práctica puede introducir riesgos al ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento y al Estado social y democrático de derecho.

Además, coinciden que ese tema no compete a la Policía Nacional.

“La información no deja de ser preocupante por lo que pueda implicar en la práctica, que la Policía, pretendiendo llegar a determinadas situaciones, pueda incurrir en abusos y situaciones violatorias a derechos”, alertó el presidente de la Sociedad de Diarios.

Maldonado percibe que se pueden cometer abusos contra medios, pretendiendo evitar que alguna información, aunque sea cierta, se impida su divulgación para evitar generar pánico en la población.

Visualiza también que la Policía no tiene el derecho ni la capacidad para determinar la certeza o no de una información, porque tendría que partir de un supuesto.

El también director del periódico El Nuevo Diario, dijo que la función de la Policía es la lucha contra la delincuencia, lo cual observa es un problema que se ha desbordado.

Incapacidad
Afirmó que la medida puede ser más un estado de incapacidad para afrontar el tema de la delincuencia que una capacidad real de poder determinar lo que pretenden, de atacar el narcotráfico y el crimen organizado que pudiera estar detrás.

“La primera impresión que tuve es que es más una acción de desespero que un mecanismo para luchar contra la delincuencia, obviamente, en ese intento de desespero se pueden cometer abusos, se pueden cometer errores que serían más lamentables, que el propósito que se busca”, advirtió Maldonado.

Informó que para el próximo lunes, el presidente Luis Abinader convocó a los representantes de medios de comunicación a un encuentro, con el objetivo de presentar un plan contra la delincuencia.

Dijo que ojalá en ese espacio pueda aparecer algún mecanismo preventivo, para que no se empiece a dar patadas y al final se afecten derechos constitucionales.

Citó el último estudio de la agencia de noticias Reuters, del Reino Unido, que estableció que en América Latina alrededor del 50 por ciento de las informaciones que la gente recibe son falsas, pero se preguntó qué capacidad tiene la Policía para poder resolver un problema planetario.

Libertad de expresión
El jurista Namphi Rodríguez advierte que la medida podría violar la libertad de expresión y el Estado democrático de derecho establecido en el régimen constitucional.

“Lo más grave es que la libertad de expresión tiene como fundamento la no censura previa y si se establece un sistema de vigilancia policial sobre la libertad de expresión eso puede derivar en la censura previa, y afectar el núcleo esencial de ese derecho que establece el artículo 49 de la Constitución”, sostuvo Rodríguez.

Enfatizó que hay que tener en consideración que las redes sociales, con sus luces y sus sombras, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia TC-0092-19, son una forma de democratizar y una poderosa herramienta de denuncia y vigilancia de derechos humanos.

“Pretender establecer un sistema policial sobre las denuncias en las redes sociales puede derivar en serias restricciones a la libertad de expresión”, apuntó el jurista.

“Cuando se habla de noticias falsas se está hablando de un tipo penal de una extrema gravedad. Quién determina que es una noticia falsa, lo puede hacer una autoridad administrativa policial?, eso es un despropósito. Esa laxitud no le está dada a la autoridad policial. La libertad de expresión tiene sus propias garantías.”, apuntó el jurista.

Ni legal ni constitucional
Además, señala que a la Policía no le está dada esa facultad por la ley ni por la Constitución, sino al ministerio público, pero que tampoco ese órgano de persecución penal puede sancionar, sino someter un expediente ante la autoridad judicial.

Dijo que hablar de noticias falsas es un concepto vago, de extrema vaguedad.

A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de tres hombres, que bajo amenaza y a punta de pistola golpearon y atracaron a un joven que se desempeñaba como Empadronador del Censo Nacional 2022.

La medida de coerción le fue dictada por el juez Leomar Cruz Quezada, a Leoncio Peralta, Víctor de la Cruz y Alexander de Jesús Nepomuceno, en perjuicio del joven Jon Antoni Reyes Guzmán, de 20 años de edad, quien hacía las labores de empadronador para la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El hecho ocurrió en la zona Residencial Villa Laura, del sector Carretera Vieja de Sabana Perdida.

La acusación instrumentada por la fiscal investigadora Wilquenia Aquino Guillén, relata que el pasado martes 15 de noviembre, mientras la víctima realizaba su trabajo de campo en la zona antes mencionada, los tres imputados y otra persona que permanece prófuga, se le acercaron y bajo amenazas, a punta de pistola, le propinaron golpes y ejecutaron el atraco.

A la víctima le sustrajeron una Tablet propiedad de la ONE y su teléfono celular. Los asaltantes emprendieron la huida en un vehículo mara Toyota Corolla de color rojo.

Los atracadores fueron perseguidos por miembros de la Policía Nacional que, al momento de requisar a los imputados, le ocuparon un arma de fuego de marca no legible, la Tablet y el celular que le habían sustraído a la víctima.

Por los hechos, el Ministerio Público, le atribuye a los imputados cargos por asociación de malhechores para la comisión de robo con violencia y portabilidad de arma de fuego, contenida en la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 379, 385, del Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 sobre regulación de armas, en sus artículos 66 y 67.