Panorama
Dictan prisión a dos empresarios del restaurante Neptuno’s por fraude tributario
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, presidida por el magistrado José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, como medida de coerción, contra dos empresarios que en asociación con asesores fiscales, montaron un millonario esquema fraudulento contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La administración tributaria identificó a los imputados como Jesús Alberto Tavárez y Wisler Ramón Aracena Lantigua, quienes en sus calidades de representantes y administradores de las empresas Casa Club Neptunos y Grupo Ventura Lantigua reportaban a la agencia recaudadora compras y ventas no fehacientes para disminuir el pago de impuestos.
Indica una nota publicada por el diario 7dias.com.do que el mecanismo delictivo también consistía en reportar transacciones con compañías inoperantes y en otros casos con empresas reales no compatibles con su actividad comercial, con el fin de deducirse mediante estas compras y ventas el pago de los impuestos correspondientes; incurriendo en violación a los artículos 236, 237, 238, y 239 del Código Tributario dominicano.
La DGII explica que las actuaciones de Tavárez y Aracena además, violan los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 3, de la Ley 72-02, artículo. 3 de Ley 155-17 y artículo 18 que tipifican la asociación de malhechores, falsedad de documentos, uso de documentos falsos, defraudación tributaria, estafa, lavado de activos y delito de alta tecnología.
El Ministerio Público, conjuntamente con la DGII, durante varios meses desarrollaron arduas labores de investigación por denuncias interpuestas por contribuyentes afectados con sumas millonarias por los ilícitos en lo que incurrían los imputados.
Sobre estos hechos, el mismo tribunal el pasado 28 de febrero, impuso contra otros dos imputados, la medida de coerción de prisión preventiva al asesor fiscal Franklin Rosario Vicente y garantía económica, impedimento de salida, presentación periódica y brazalete electrónico limitado a Santo Domingo y Distrito Nacional, contra la contable Marlenys Sánchez Pérez.
La DGII valoró que esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial.
Panorama
Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.
En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
Panorama
Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario
La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.
Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.
A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.
La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.
Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.
Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.
El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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