Por Cesar Amadeo Peralta.-Atención país ¡!!!!, para que luego no aleguen que no lo sabían !!!, a partir del seis (6) de agosto del año 2026, entrará en vigencia en nuevo Código Penal en la República Dominicana y a unos 11 millones de dominicanos y un chin más, no les ha preocupado ni tampoco les ha llamado la atención el nuevo régimen de consecuencias que entrará en vigencia con severas penas de prisión y multas, en este caso solo por publicar o difundir por cualquier vía una nota de voz, un audio, un video o una foto de cualquier persona sin que ella te haya dado su autorización escrita.

Los medios de comunicación en sentido general, las plataformas digitales, programas de YouTube, etc., etc., tendrán que reorganizar la transmisión de sus informaciones y contenidos, porque ya no podrán transmitir publicar o difundir por cualquier vía una nota de voz, un audio, un video o una foto de cualquier persona sin que ella te haya dado su autorización escrita, porque de hacerlo se estarían enfrentando a una pena de 6 meses a un 1 año de prisión, y a una multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público y una demanda en daños y perjuicios. ( a mayo de 2026, el salario mínimo en el sector público en la República Dominicana se ha mantenido en RD$10,000.00 pesos mensuales).

Así lo dispone el artículo 192 del nuevo Código Penal ley 74-25.

Articulo 192.- Difusión de audios o imágenes sin consentimiento. Quien publique o difunda por cualquier medio audios, imágenes o videos de otra persona sin su consentimiento, será sancionado con seis meses a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público.

La pena puede aumentar a 5 años si el audio, imagen o videos son alterados o falsos.

Párrafo I.- La difusión de la imagen, vídeos o audios falsos o alterados por medio de montajes o por cualquier otra forma sin el consentimiento de la persona que dañen o ataquen el honor, el buen nombre o la propia imagen y reputación personal será sancionado con 2 a 5 años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público

La pena puede aumentar a 10 años si el audio, imagen o videos son alterados o falsos.

Párrafo II.- La pena será de 5  a 10 años de prisión mayor y multa diez a veinte salarios mínimos del sector público, si concurre cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Si el contenido o difundido tiene carácter íntimo, sexual o compromete gravemente la dignidad de la persona;

2) Si se realiza con la intención de chantaje, extorsión, venganza o descrédito público;

3) Si la víctima es menor de edad, adulto mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad;

4) Si la difusión de audios, imágenes o videos sin consentimiento fue realizada por una persona con autoridad o relación de poder respecto de la víctima;

5) Si la publicación se realizó a través de redes sociales, páginas web o plataformas digitales de acceso masivo.

Párrafo III.- La tentativa de esta infracción será sancionada con las mismas penas del hecho consumado.

Como abogado y ciudadano comprometido con el conocimiento, reitero mi exhortación a todo el que tenga un celular con Whatsapp, Instagram, Facebook, twitter, YouTube y TikTok, Telegram, Signal, Snapchat, LinkedIn, Pinterest,     Twitch, Discord y demás redes sociales, para que se mantengan atentos a la nueva legislación en la República Dominicana, porque también existe la ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, con otras penas muy severas de hasta 7 años de prisión, que bajo la figura del cúmulo de penas, le permite al Ministerio Público agregar en una acusación varios artículos de esta ley, así como la asociación de malhechores y las penas pueden aún más grandes, aún se cometan fuera del territorio dominicano.

El autor de este artículo es el Lic. Cesar Amadeo Peralta, de la Oficina de Abogados Peralta & Peralta y Asociados, Abogados Consultores, S.R.L.

 Ley Núm. 74-25 (Código Penal RD).pdf

El Palacio de Justicia de El Seibo, usualmente un escenario de solemnidad y protocolos rígidos, se convirtió este viernes en el epicentro de un espectáculo tan dantesco como escatológico.

Lo que debía ser una audiencia rutinaria de medida de coerción terminó siendo una escena sacada de un guion de realismo sucio, cuando el imputado Richard Mejía Gómez decidió que el peso de la ley no era nada comparado con el estigma de sus propios desechos.

​Mejía Gómez, quien aguardaba en el pasillo de acceso a las salas de audiencia, no esperó a que el juez dictara sentencia para tomar la justicia y su propia biología en sus manos.

Ante la mirada atónita de los agentes de seguridad y los ciudadanos que transitaban por el recinto, el hombre se bajó los pantalones y, sin mediar palabra, realizó una necesidad fisiológica en pleno espacio público.

​Sin embargo, el acto no terminó en la simple deposición, pues en un intento desesperado por boicotear el proceso legal, el imputado procedió a embadurnarse el rostro y el cuerpo con sus propias heces.

Lo que buscaba no era solo el asco ajeno, sino la parálisis absoluta del sistema judicial a través de un «escudo» biológico que nadie se atrevía a tocar.

​Fue un verdadero caos sanitario que armó en el tribunal
​La reacción en el Palacio de Justicia fue inmediata, pues el desconcierto fue total, mientras los custodios, acostumbrados a lidiar con la agresividad física pero no con la guerra química, retrocedieron ante el fétido olor.

La seguridad huían de la pupú del reo, que amenazaba con lanzar heces por doquier.

​Evacuación parcial: El personal administrativo y los abogados presentes tuvieron que abandonar el área debido a que el ambiente se volvió insoportable.

​Personal de limpieza y seguridad tuvo que aplicar protocolos sanitarios estrictos para desinfectar el área y trasladar al detenido a una zona aislada.

​¿Estrategia o desesperación?
​Este tipo de incidentes, aunque impactantes, no son ajenos a la zona Este del país, donde se han reportado tácticas similares de «retraso por inmundicia».

Al convertir su propia humanidad en un residuo sanitario, Mejía Gómez logró, al menos momentáneamente, que el foco de la justicia se desviara hacia una manguera de agua y desinfectante.

​»Es un desafío a la dignidad del sistema», comentó un testigo en el lugar.

«No es solo un acto de locura, es una táctica calculada para que nadie quiera acercársele a menos de diez metros, mucho menos para sentarlo en un banquillo».

​El saldo del día
​Hasta el cierre de esta edición, las autoridades judiciales no han confirmado la nueva fecha para el conocimiento de la medida de coerción.

Lo que sí es seguro es que Mejía Gómez no solo enfrentará los cargos originales por los que fue detenido, sino posiblemente nuevas sanciones por desacato y alteración del orden público.

​En El Seibo, el aire hoy se siente más pesado, y el Palacio de Justicia queda marcado por un episodio donde la ley fue temporalmente derrotada por el instinto más básico y desagradable del ser humano.

Vía El Caribe