Panorama
Argenis verá a un juez EEUU dentro de seis semanas; el hombre no viene por ahora
Será dentro de seis semanas que Argenis Contreras, señalado como autor del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, comparecerá por ante un juez de inmigración de Estados Unidos para firmar el proceso de repatriación.
Así lo reveló el abogado de Contreras, Carlos Balcácer, quien fue convocado para esa fecha por la jueza de inmigración para firmar el proceso de deportación del imputado.
Se informó que Contreras se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos, ya que la autoridades de ese país le cancelaron la visa de turista, dos días después de haber llegado.
Balcácer coordinó con la Procuraduría General de la República y con la fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, la entrega del acusado dentro de un plazo de ocho a diez días, pero el mismo fue apresado antes de ese tiempo.
Contreras salió del país el 12 de octubre hacia la ciudad de Nueva York, tras huir después del crimen del catedrático universitario Ramírez.

Mientras que la esposa de Contreras, Heidy Carolina Peña, interpuso un recurso de apelación en contra de la decisión que la envía a prisión preventiva con el propósito de obtener su libertad.
El recurso fue interpuesto a través de Balcácer por ante el juzgado de Atención Permanente del Municipio de Santo Domingo Oeste.
Se espera ahora que el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, Eduardo Sánchez Ortiz, apodere a la sala penal que conocerá el recurso de apelación.
A Peña se le acusa de que se mantuvo custodiando la camioneta marca Ford, color azul cuando el cadáver de Ramírez estaba dentro de ese vehículo mientras su esposo planeaba como hacer desaparecer el cuerpo del extinto abogado y catedrático.
Continúa interrogatorios
La Fiscalía de la Provincia Santo Domingo interrogó ayer a dos auditores de la Contraloría General de la República en la continuación de la investigación que realiza en torno a presuntas irregularidades cometidas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Diná Llaverías y otros cinco fiscales interrogaron a Luisa Cruz Díaz y José Ramón Reyes, encargados de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría, asignados a la OMSA, quienes acudieron en compañía del abogado de la institución, Juan Castillo Severino.
Los auditores, quienes salieron por la parte trasera del despacho de la fiscal, ubicado en la primera planta del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle, forman parte de una lista de 16 que son investigados por el Ministerio Público.
Entre estos se encuentran Cristenes del Carmen Pérez, Isidro González, Mario Reyes, Ingrid Font y Altagracia Ynés López Almonte, quienes ya fueron escuchados por el ministerio público.
Listín Diario
Panorama
Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.
En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
Panorama
Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario
La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.
Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.
A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.
La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.
Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.
Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.
El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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