Panorama
Aplazan medida de coerción de mujeres vinculadas a los US$1.5 millones decomisados en puerto de Haina
SANTIAGO. El juez Cirilo Salomón, de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de aquí, aplazó para este jueves a las 9:00 de la mañana, la medida de coerción a dos mujeres vinculadas a los US$1.5 millones que fueron decomisados la pasada semana en el puerto de Haina, en Santo Domingo Oeste.
El magistrado Salomón aplazó la medida para que los abogados de las imputadas Luisa Amelia Fermín Hernández, de 68 años, y Miguelina Franco, se presenten al Tribunal.
No obstante, parientes de las damas indicaron que los defensores legales no se presentaron a la audiencia debido a que desde la secretaría de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente supuestamente les habían informado que el caso no se iba a conocer en ese momento, por lo que decidieron salir a almorzar.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Luisa Amelia Fermín Hernández y Miguelina Franco pertenecen a una red internacional de narcotráfico y lavado de activos, indica Diario Libre.
Las damas fueron apresadas el pasado lunes durante un allanamiento realizado en un apartamento propiedad de la señora de 68 años, donde las autoridades hallaron 17 paquetes de una sustancia que presumen es cocaína y un vehículo con una caleta electrónica dentro en la cual se encontraron otros 31 paquetes con la misma sustancia.
Luisa Amelia Fermín Hernández y Miguelina Franco son madre y esposa, respectivamente, de uno de los presuntos cabecillas de la organización, identificado como Fernando José Esteffani Fermín, quien es perseguido producto de una orden de arresto y captura internacional que obtuvo el Ministerio Público en su contra.
Además de Esteffani Fermín, también son perseguidos, en virtud de una orden de arresto y captura internacional, los presuntos cabecillas de la red Josuan Enmanuel Fernández Fernández, Marcos Freiki Peña y Francisco Vargas.
Asimismo, el venezolano Diego Fernando Gutiérrez Delgado, y el colombiano Luis Carlos Gutiérrez Morales.
Además de la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado complejo.
Otras acusaciones
Además de la cantidad de US$1,458,570.00 que le fue confiscada la pasada semana en el puerto de Haina, al grupo se le vincula a otros US$745,180 que igualmente fueron ocupados en el mismo lugar, este martes primero de mayo.
Panorama
Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.
En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
Panorama
Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario
La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.
Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.
A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.
La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.
Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.
Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.
El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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