Panorama
VIVA solicita medida cautelar contra INDOTEL y ALTICE en Tribunal Superior Administrativo
La empresa de Telecomunicaciones VIVA depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una solicitud de medidas cautelares contra el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), respecto a la Resolución No.77-17 que aprobó la fusión de ALTICE y le asignó a título gratuito 20 MHz de espectro radioeléctrico en las bandas 1720-1730 MHz y 2120-2130 MHz.
La solicitud fue realizada por el jurista Miguel Valerio, abogado apoderado de VIVA, ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, en un extenso documento justificativo que solicita, entre otras medidas, la suspensión inmediata del otorgamiento y uso de los segmentos de frecuencias otorgados a ALTICE HISPANIOLA, S.A. por la resolución 077-17 del Consejo Directivo de INDOTEL, hasta tanto sea conocido el Recurso Contencioso Administrativo del cual ese tribunal ya se encuentra apoderado.
El escrito depositado explica que las medidas cautelares han sido solicitadas para evitar “de forma inminente graves perjuicios a VIVA por efecto de una competencia desleal e incentivada por una decisión del INDOTEL a todas luces desproporcionada, y en contra de principios básicos del mercado, como es el de igualdad de oportunidades en la libre competencia”.
Las medidas cautelares solicitadas incluyen igualmente el otorgamiento a favor de VIVA del uso de una frecuencia igual a la otorgada a favor de ALTICE, a la vez que se solicita que se disponga el pago de un astreinte de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) por cada día que transcurran sin darle cumplimiento a las órdenes cautelares a ser dispuestas.
La solicitud explica que las medidas cautelares se justifican por el peligro que existe en que el TSA se demore en la revocación de la resolución en cuestión, tomando en cuenta que “el Consejo Directivo del INDOTEL cedió de forma “graciosa” y arbitraria, en favor de una sociedad ALTICE HISPANIOLA, S.A. una frecuencia de 20 MHz, para servicios públicos finales de telecomunicaciones móviles a nivel nacional, perjudicando con ello los intereses legítimos de VIVA, mermando así su posibilidad de competencia justa y equitativa en el mercado, lo que provocaría, si este Tribunal no decidiera acoger la presente medida cautelar en el tiempo oportuno, pérdidas cuantiosas a la solicitante, pudiendo provocar eventualmente su salida del mercado y produciendo inmediatamente un monopolio a favor de ALTICE HISPANIOLA, S.A.”.
Igualmente, Valerio agregó que “esas frecuencias debieron ser ofertadas mediante un proceso de licitación pública, en el cual debieron participar todos los proveedores que pudieran haber estado interesados en la misma, por lo que con esa actuación irregular, el INDOTEL benefició y otorgó un privilegio a ALTICE HISPANIOLA, S.A. un beneficio de US$20,000,000.00, cuya suma al no haber sido pagada por esta última entidad, podía usarla en otros rubros comerciales para su desarrollo, como podría ser pagar publicidad y mercadeo, entre otras, en menoscabo de la realidad de sus competidores”.
Finalmente, Valerio explicó que “el otorgamiento gracioso en favor de ALTICE HISPANIOLA, S.A. de 20 MHz sin haber dado un trato igualitario a la sociedad VIVA y sin haber realizado licitación pública, resulta contrario al ordenamiento jurídico vigente en razón de que: i) el INDOTEL violentó el proceso de oferta de segmento de frecuencia radioeléctrica para uso de prestación de servicios públicos de servicios de telecomunicaciones móviles; y ii) la asignación irregular, en favor de ALTICE HISPANIOLA, S.A. de los segmentos de frecuencias comprendidos entre los 1720 MHz a 1730 MHz, y 2120 MHz a 2130 MHz, para su uso en la prestación de servicios públicos finales de telecomunicaciones móviles a nivel nacional, constituye una violación al Reglamento de Libre y Leal Competencia para el sector de las Telecomunicaciones, no pudiéndose considerar dicha situación una medida correctiva del mercado, sino todo lo contrario, una medida distorsionadora del mercado.”

Dr. Miguel Valerio deposita solicitud de medidas cautelares.
Panorama
Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña
El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.
De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».
Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.
“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.
Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.
Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.
REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.
“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.
Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.
LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.
La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.
«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.
Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».
La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.
“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.
De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.
NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.
LD
Panorama
Diputados abandonan sesión en rechazo a agresión policial a legisladora
La diputada Millys Martínez utilizó este martes la sesión ordinaria del órgano legislativo para hablar sobre la “agresión policial” que recibió mientras participaba en las fiestas patronales de su pueblo, Elías Piña.
Tras más de 24 horas de silencio, la congresista compartió su versión sobre cómo fue “atropellada” el pasado domingo en las celebraciones realizadas en el municipio Comendador.
Diputada del PRM por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez.
Además, cuestionó el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien antes solía “hablar sobre derechos y calla”, ante la situación que le afectó.
Tras terminar sus declaraciones desde una de las curules del hemiciclo, los congresistas se pusieron de pie, levantaron sus manos y giraron las muñecas, simulando aplausos por las palabras de Martínez.
En cuestión de segundos, el salón situado en el Congreso Nacional se convirtió en un espacio grande vacío, ya que los diputados decidieron salir para utilizar sus ausencias como una muestra de solidaridad con la diputada “agredida”.
El presidente diputado, Alfredo Pacheco, no tuvo otra opción que suspender la sesión, ya que no contaban con el cuórum requerido por la Constitución para continuar conociendo los proyectos de resolución y de ley.
Únicamente, 23 de 190 diputados se mantuvieron presentes. La mayoría de los legisladores, sin importar partidos políticos, se unificaron.
“Esto es un vejamen a la Constitución. No creo que sea una política de la Policía Nacional, pero ese comportamiento no puede pasar por alto. Más allá de a la persona (la agresión policial a la diputada) es una violación a la Constitución”, expresó el diputado Wandy Batista.
Pacheco deploró que los diputados hayan abandonado la sesión, ya que, según considera, “ninguna situación que ocurra extra hemiciclo da razones para que se abandonen los trabajos legislativos”.
“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, dijo a los reporteros presentes en el Congreso.
Aseguró que en sus funciones como diputado siempre ha sido partidario “de que los trabajos del pleno nunca se abandonan por ninguna circunstancia”.
“Cuando fui vocero de bancadas del PRD y PRM, casi nunca marqué la retirada porque entiendo que ante cualquier circunstancia el trabajo debe prevalecer”, precisó.
Pacheco entiende que la prudencia debe regir la forma en que se reclaman los derechos.
“Hay muchas veces que uno, teniendo la razón en la forma como reclama, entonces puede perder la razón”, indicó.
¿Un diputado puede ser detenido por la policía?
Los 190 diputados y 32 senadores de la República Dominicana disponen de una inmunidad parlamentaria que les otorga la Carta Magna.
La protección está situada en el artículo 84, que establece únicamente dos causales para que estos puedan ser apresados por la Policía y el Poder Judicial.
La anteriormente mencionada: debe ser sorprendido cometiendo algún delito o enviar una misiva a la cámara legislativa que pertenece el representante solicitando el retiro de la protección.
No obstante, la norma suprema aclara en el artículo 87 que la intención no es ofrecerle al congresista un “privilegio personal”, sino garantizar el correcto desarrollo del período legislativo.
Vía Listín Diario
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