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Panorama

VIVA solicita medida cautelar contra INDOTEL y ALTICE en Tribunal Superior Administrativo

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Dr. Miguel Valerio, abogado de la telefónica VIVA.

La empresa de Telecomunicaciones VIVA depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una solicitud de medidas cautelares contra el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), respecto a la Resolución No.77-17 que aprobó la fusión de ALTICE y le asignó a título gratuito 20 MHz de espectro radioeléctrico en las bandas 1720-1730 MHz y 2120-2130 MHz.

La solicitud fue realizada por el jurista Miguel Valerio, abogado apoderado de VIVA, ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, en un extenso documento justificativo que solicita, entre otras medidas, la suspensión inmediata del otorgamiento y uso de los segmentos de frecuencias otorgados a ALTICE HISPANIOLA, S.A. por la resolución 077-17 del Consejo Directivo de INDOTEL, hasta tanto sea conocido el Recurso Contencioso Administrativo del cual ese tribunal ya se encuentra apoderado.

El escrito depositado explica que las medidas cautelares han sido solicitadas para evitar “de forma inminente graves perjuicios a VIVA por efecto de una competencia desleal e incentivada por una decisión del INDOTEL a todas luces desproporcionada, y en contra de principios básicos del mercado, como es el de igualdad de oportunidades en la libre competencia”.

Las medidas cautelares solicitadas incluyen igualmente el otorgamiento a favor de VIVA del uso de una frecuencia igual a la otorgada a favor de ALTICE, a la vez que se solicita que se disponga el pago de un astreinte de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) por cada día que transcurran sin darle cumplimiento a las órdenes cautelares a ser dispuestas.

La solicitud explica que las medidas cautelares se justifican por el peligro que existe en que el TSA se demore en la revocación de la resolución en cuestión, tomando en cuenta que “el Consejo Directivo del INDOTEL cedió de forma “graciosa” y arbitraria, en favor de una sociedad ALTICE HISPANIOLA, S.A. una frecuencia de 20 MHz, para servicios públicos finales de telecomunicaciones móviles a nivel nacional, perjudicando con ello los intereses legítimos de VIVA, mermando así su posibilidad de competencia justa y equitativa en el mercado, lo que provocaría, si este Tribunal no decidiera acoger la presente medida cautelar en el tiempo oportuno, pérdidas cuantiosas a la solicitante, pudiendo provocar eventualmente su salida del mercado y produciendo inmediatamente un monopolio a favor de ALTICE HISPANIOLA, S.A.”.

Igualmente, Valerio agregó que “esas frecuencias debieron ser ofertadas mediante un proceso de licitación pública, en el cual debieron participar todos los proveedores que pudieran haber estado interesados en la misma, por lo que con esa actuación irregular, el INDOTEL benefició y otorgó un privilegio a ALTICE HISPANIOLA, S.A. un beneficio de US$20,000,000.00, cuya suma al no haber sido pagada por esta última entidad, podía usarla en otros rubros comerciales para su desarrollo, como podría ser pagar publicidad y mercadeo, entre otras, en menoscabo de la realidad de sus competidores”.

Finalmente, Valerio explicó que “el otorgamiento gracioso en favor de ALTICE HISPANIOLA, S.A. de 20 MHz sin haber dado un trato igualitario a la sociedad VIVA y sin haber realizado licitación pública, resulta contrario al ordenamiento jurídico vigente en razón de que: i) el INDOTEL violentó el proceso de oferta de segmento de frecuencia radioeléctrica para uso de prestación de servicios públicos de servicios de telecomunicaciones móviles; y ii) la asignación irregular, en favor de ALTICE HISPANIOLA, S.A. de los segmentos de frecuencias comprendidos entre los 1720 MHz a 1730 MHz, y 2120 MHz a 2130 MHz, para su uso en la prestación de servicios públicos finales de telecomunicaciones móviles a nivel nacional, constituye una violación al Reglamento de Libre y Leal Competencia para el sector de las Telecomunicaciones, no pudiéndose considerar dicha situación una medida correctiva del mercado, sino todo lo contrario, una medida distorsionadora del mercado.”

Dr. Miguel Valerio deposita solicitud de medidas cautelares.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

Panorama

Milton Morrison respalda retirar agentes de DIGESETT en semáforos que funcionen correctamente

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) responde ante Senado y propone reformas a Ley de tránsito

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El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, respaldó la propuesta del senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, de que los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) no dirijan el tráfico en intersecciones donde los semáforos estén operando correctamente.

“Estoy de acuerdo con usted. Cuando un semáforo funciona, no se necesita la intervención humana porque el sistema ya está diseñado para operar de manera eficiente”, expresó Morrison durante su intervención en el Senado.

Indicó que esta inquietud ya la tenía antes de asumir su cargo y que es un aspecto en el que han estado trabajando. Explicó que desde el INTRANT diseñan e implementan el sistema integrado de transporte y, en ese proceso, colaboran con la DIGESETT para orientar sobre la ubicación de los agentes en calles, avenidas y puntos estratégicos.

“Nosotros les indicamos hasta dónde deben estar los agentes y en qué lugares no son necesarios”, puntualizó.

Morrison también se refirió a la estructura organizativa del tránsito en el país, señalando que la actual división de funciones entre el INTRANT y la DIGESETT ha generado ciertas limitaciones.

A su juicio, lo ideal sería contar con un sistema similar al que tenía la extinta Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), que regulaba, operaba y fiscalizaba el tránsito de manera unificada.

«El problema es que con la nueva ley se dividieron las funciones. Ahora, yo regulo y digo qué hay que hacer, pero otro organismo tiene que ejecutarlo. ¿Me sigue, senador?», comentó Morrison.

El planteamiento surgió en respuesta a la inquietud del senador Héctor Acosta, quien cuestionó la presencia de agentes de tránsito en semáforos operativos, al considerar que esto contribuye al congestionamiento vial. “O quitan el semáforo o quitan al agente de la DIGESETT”, sostuvo el legislador.

orrison, advirtió ante el Senado sobre la grave crisis de seguridad vial que enfrenta el país, calificando los accidentes de tránsito como una «pandemia silente» que ha cobrado más vidas que el coronavirus en 2020 y 2021.

Durante su intervención, Morrison destacó que el principal problema no es sólo la falta de aplicación de la ley, sino la necesidad de un régimen de consecuencia más severo para reducir las infracciones.

«Nosotros tenemos que atacar la raíz del problema. Es cierto que la sociedad nos pide y habla del tema de aplicar la ley, yo estoy de acuerdo, pero nos encontramos con una realidad operativa que es más grande que el Intrant», señaló.

Aboga por régimen de consecuencia y expone retos de Digesett
Morrison detalló que en el Distrito Nacional, donde circulan más de un millón de vehículos, sólo operan 150 agentes por turno. En Bonao apenas hay 17 agentes, mientras que en provincias como Bahoruco, Independencia y Santiago Oeste no hay dotación de Digesett. En otras localidades como Espaillat, La Romana, Haina y San Cristóbal, los números son igualmente insuficientes, con apenas entre 14 y 31 agentes. En total, el país cuenta con sólo 1,752 agentes de tránsito para regular todo el territorio.

«Para que tengan una idea de la realidad operativa de la DIGESETT, en Puerto Plata hay sólo 21 agentes por turno para cubrir la provincia completa. En Santiago, donde hay más de 500 mil vehículos, sólo hay 37 agentes disponibles en un turno. Por más que quieran, no hay forma humana de que la fiscalización sea efectiva», explicó Morrison.

Asimismo, criticó el actual sistema de multas, calificándolo de «totalmente inefectivo».

Señaló que las sanciones económicas no tienen un impacto real en la reducción de infracciones, ya que aunque la Ley 63-17 establece multas de hasta 10,000 pesos, en la práctica los infractores sólo pagan alrededor de 1,600 pesos. Además, la prescripción de multas en un año permite que los conductores evadan el pago sin mayores consecuencias.

Ante este panorama, Morrison propuso un endurecimiento de las sanciones y la implementación de un régimen de consecuencia más fuerte para quienes violen las normas de tránsito. «Aquí hay que poner orden, esto hay que arreglarlo. Yo voy a decir algunas verdades y aunque eso me acarreé voces detractoras, tergiversadoras, prefiero pagar el precio, porque no quiero seguir siendo cómplice por omisión de lo que está pasando», afirmó.

Entre sus propuestas, planteó declarar en rebeldía a los conductores que no paguen sus multas dentro del plazo estipulado, lo que podría llevar a la suspensión de su licencia de conducir; extender el tiempo de prescripción de las multas de un año a cinco años y aplicar sanciones más severas para las carreras clandestinas, con penas de hasta dos años de prisión.

El funcionario reiteró la urgencia de implementar estas medidas para reducir la alta tasa de muertes por accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad vial en el país.

Vía El Día y END

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Panorama

Antonio Marte someterá proyecto para congelar importación de vehículos por cinco años

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El senador del Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte, anunció este jueves que en los próximos días someterá un proyecto de ley para que por un período de cinco años se congele la importación de vehículos.

Esta propuesta tiene como objetivo descacharrizar en parque vehicular en el país, mismo que Marte afirmó ha colapsado.

El también presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), explicó que con esta iniciativa no se pretende prohibir la compra de vehículos sino que se mantenga el inventario que tiene la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

“No estamos prohibiendo que aquí se compren vehículos, ahora para tu tener un vehículo nuevo tiene que desmontar una chatarra del inventario que tiene impuestos internos. Este mercado ya explotó”, subrayó Marte.

El transportista agregó que es responsabilidad de todos los ciudadanos contribuir con la descacharrización vehicular que tiene el país a fin de mejorar el caos que se registra no solo en Santo Domingo, sino en otras provincias.

Indicó que cuando una persona vaya a adquirir un vehículo debe presentar en la DGII una matrícula y una placa para de esa manera “resolver el problema del país. Este es un problema que tiene el país entero y ya explotó entonces nosotros tenemos que resolverlo entre todos”.

De los países de América Latina, la República Dominicana ocupa en tercer lugar en vehículos por habitantes.

De acuerdo a la DGII el sector automotriz al cierre del 2024 alcanzó 6,194,052 unidades lo que representa un aumento significativo en comparación al año anterior que fue de 5,810,888 unidades.

En la distribución de tipos de vehículos el 56.5 % del total de las unidades corresponde a motocicletas. También en el país circulan más de 130,795 vehículos “alta gama”, de los cuales unos 92,684 son premium como Lincoln, Tesla, Porshe o Volvo.

Via El Nuuevo Diario

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