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Panorama

VIVA solicita medida cautelar contra INDOTEL y ALTICE en Tribunal Superior Administrativo

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Dr. Miguel Valerio, abogado de la telefónica VIVA.

La empresa de Telecomunicaciones VIVA depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una solicitud de medidas cautelares contra el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), respecto a la Resolución No.77-17 que aprobó la fusión de ALTICE y le asignó a título gratuito 20 MHz de espectro radioeléctrico en las bandas 1720-1730 MHz y 2120-2130 MHz.

La solicitud fue realizada por el jurista Miguel Valerio, abogado apoderado de VIVA, ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, en un extenso documento justificativo que solicita, entre otras medidas, la suspensión inmediata del otorgamiento y uso de los segmentos de frecuencias otorgados a ALTICE HISPANIOLA, S.A. por la resolución 077-17 del Consejo Directivo de INDOTEL, hasta tanto sea conocido el Recurso Contencioso Administrativo del cual ese tribunal ya se encuentra apoderado.

El escrito depositado explica que las medidas cautelares han sido solicitadas para evitar “de forma inminente graves perjuicios a VIVA por efecto de una competencia desleal e incentivada por una decisión del INDOTEL a todas luces desproporcionada, y en contra de principios básicos del mercado, como es el de igualdad de oportunidades en la libre competencia”.

Las medidas cautelares solicitadas incluyen igualmente el otorgamiento a favor de VIVA del uso de una frecuencia igual a la otorgada a favor de ALTICE, a la vez que se solicita que se disponga el pago de un astreinte de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) por cada día que transcurran sin darle cumplimiento a las órdenes cautelares a ser dispuestas.

La solicitud explica que las medidas cautelares se justifican por el peligro que existe en que el TSA se demore en la revocación de la resolución en cuestión, tomando en cuenta que “el Consejo Directivo del INDOTEL cedió de forma “graciosa” y arbitraria, en favor de una sociedad ALTICE HISPANIOLA, S.A. una frecuencia de 20 MHz, para servicios públicos finales de telecomunicaciones móviles a nivel nacional, perjudicando con ello los intereses legítimos de VIVA, mermando así su posibilidad de competencia justa y equitativa en el mercado, lo que provocaría, si este Tribunal no decidiera acoger la presente medida cautelar en el tiempo oportuno, pérdidas cuantiosas a la solicitante, pudiendo provocar eventualmente su salida del mercado y produciendo inmediatamente un monopolio a favor de ALTICE HISPANIOLA, S.A.”.

Igualmente, Valerio agregó que “esas frecuencias debieron ser ofertadas mediante un proceso de licitación pública, en el cual debieron participar todos los proveedores que pudieran haber estado interesados en la misma, por lo que con esa actuación irregular, el INDOTEL benefició y otorgó un privilegio a ALTICE HISPANIOLA, S.A. un beneficio de US$20,000,000.00, cuya suma al no haber sido pagada por esta última entidad, podía usarla en otros rubros comerciales para su desarrollo, como podría ser pagar publicidad y mercadeo, entre otras, en menoscabo de la realidad de sus competidores”.

Finalmente, Valerio explicó que “el otorgamiento gracioso en favor de ALTICE HISPANIOLA, S.A. de 20 MHz sin haber dado un trato igualitario a la sociedad VIVA y sin haber realizado licitación pública, resulta contrario al ordenamiento jurídico vigente en razón de que: i) el INDOTEL violentó el proceso de oferta de segmento de frecuencia radioeléctrica para uso de prestación de servicios públicos de servicios de telecomunicaciones móviles; y ii) la asignación irregular, en favor de ALTICE HISPANIOLA, S.A. de los segmentos de frecuencias comprendidos entre los 1720 MHz a 1730 MHz, y 2120 MHz a 2130 MHz, para su uso en la prestación de servicios públicos finales de telecomunicaciones móviles a nivel nacional, constituye una violación al Reglamento de Libre y Leal Competencia para el sector de las Telecomunicaciones, no pudiéndose considerar dicha situación una medida correctiva del mercado, sino todo lo contrario, una medida distorsionadora del mercado.”

Dr. Miguel Valerio deposita solicitud de medidas cautelares.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

Panorama

Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.

En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.

Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.

“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.

En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.

Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.

La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.

Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.

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Panorama

Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario

La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.

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Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.

A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.

La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.

Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.

Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.

El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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