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Panorama

Prisión preventiva 5 agentes por muerte 3 internos intentaron fugarse CCR SPM

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San Pedro De Macorís.- Le fueron impuestas medidas de coerción a cinco agentes penitenciarios del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de esta provincia, que participaron el viernes de la pasada semana en la recaptura de cinco privados de libertad que intentaron fugarse de ese recinto, resultando tres de estos muertos y dos heridos.

La institución indicó que obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de los agentes Wilfredo Andújar Guzmán y Casimiro Elías Moreno, la cual deberán cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, del municipio de Higuey, provincia La Altagracia.

En tanto que a Ambiorix Valdez Barrientos, Kendy Santos Eusebio y Suari Ogando Encarnación les fueron impuestos a cada uno una garantía económica de RD$1 millón, presentación periódica los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país, indica El Caribe.

La decisión fue adoptada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís tras acoger las evidencias presentadas por el Ministerio Público en contra de los inculpados, las cuales los vinculan con la acción delictiva.

Mediante un comunicado de prensa, se informó que a este caso se le ha dado la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos de homicidio, así como la Ley No. 631-16 de Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, valoró la decisión del tribunal tras manifestar que continúan trabajando para procurar justicia y lograr con las pruebas correspondientes que los encartados reciban una sanción acorde a los graves hechos que se les imputan.

Al tiempo de reiterar el compromiso de llevar este caso hasta las últimas consecuencias, el magistrado Rodríguez dijo que no tolerarán que los miembros de la institución incurran en abuso de poder ni en actos de violación de los derechos humanos de ningún ciudadano, mucho menos de los que están privados de su libertad en los centros penitenciarios.

El máximo representante del Ministerio Público llamó a evitar la violencia y reiteró su llamado a la paz y a tomar conciencia sobre la importancia de solucionar los conflictos por la vía pacífica, destacando “que es la forma más idónea para resolver cualquier situación conflictiva

PERIODISTA/ PUBLICISTA

Panorama

Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.

En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.

Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.

“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.

En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.

Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.

La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.

Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.

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Panorama

Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario

La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.

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Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.

A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.

La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.

Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.

Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.

El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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