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Panorama

Juez empieza a despachar notificación a imputados Odebrecht

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SANTO DOMINGO.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, empezó el pasado sábado a ejecutar el proceso de notificacion de la acusación presentada por la Procuraduría General de la República contra los siete implicados en el caso Odebrecht.

El primer acto notificado fue al dirigente perremeísta Andrés Bautista, que tuvo efecto en la sede principal de su partido.

En la pieza acusatorio del ministerio público, de 518 páginas, se solicita sea dictado auto de apertura a juicio en contra de los imputados, y tiene 1,700 pruebas documentales, materiales y testimoniales que deberán ser notificadas a cada uno de los imputados.

La secretaria general de la Suprema Corte de Justicia notificará el acta de acusación a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez Martínez, para que estos, a través de sus abogados, preparen su medio de defensa.

Al grupo se le acusa de incurrir, presuntamente, en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, por su vinculación con los US$92 millones de dólares en sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas.

La pieza acusatoria de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, consta de 1,368 pruebas documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas; 42 actos procesales y 9 interrogatorios. En el transcurso de la investigación fueron investigadas más de 400 personas y compañías y la revisión de más 800 mil transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre los que se encuentran cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados.

Igualmente, fueron interrogados todos los titulares de las instituciones públicas que habían contratado con Odebrecht, y personas que hacía 5, 10 y hasta 15 años habían estampado sus firmas en los documentos, incluyendo ministros, exministros, senadores y diputados de diversos partidos.

Asimismo, fueron investigados los registros de títulos del país, más de 500 inmuebles registrados a nombre de todas esas personas y sociedades, con el objetivo de verificar la naturaleza real del patrimonio de cada uno.

El procurador Jean Rodríguez dijo que el combate a la corrupción y la impunidad es uno de los temas centrales para la Procuraduría, indicando que una muestra de esto es “el esfuerzo y empeño para procesar judicialmente a los involucrados en los sobornos, sin importar las funciones públicas ejercidas, ni a qué partido pertenecen, ni su poder económico”.

LISTIN DIARIO

Panorama

Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.

En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.

Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.

“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.

En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.

Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.

La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.

Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.

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Panorama

Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario

La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.

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Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.

A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.

La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.

Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.

Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.

El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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