Panorama
Cierran bar y apresan al propietario por secuestro de 11 venezolanas
SANTO DOMINGO. Once venezolanas, cinco de las cuales lograron escapar y seis fueron rescatadas por las autoridades, estuvieron secuestradas en el centro de diversión Pink Pony Bar, ubicado en el sector Los Prados, en donde se les obligaba a sostener relaciones sexuales con los clientes.
Así lo informó la Procuraduría General de la República, institución que detalló que durante la operación fue arrestado en su residencia del sector Bella Vista del Distrito Nacional el propietario del establecimiento, el dominico-americano Jarvis Guerra Rodríguez, de 39 años, mientras que la gerente, de nacionalidad dominicana, Ángela Isaura Campusano Santos, alias La Morena, La Negra o Deisy, de 33 años, fue apresada en el negocio.
“Ante una denuncia recibida el pasado mes de abril de parte de cuatro mujeres venezolanas, de cinco que habían escapado del centro de diversión Pink Pony Bar por presuntamente ser víctimas de los delitos de trata de personas y explotación sexual, el Ministerio Público inició una investigación de inteligencia que terminó la madrugada de ayer sábado con el desmantelamiento de una red dedicada a esas actividades ilícitas, el rescate de seis ciudadanas de esa nación suramericana, el cierre del negocio y el arresto del propietario”, dice el comunicado de prensa de la Procuraduría.
La institución informó que los dos arrestados serán sometidos a la justicia en las próximas horas y que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que le sea impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción.
Indicó que los integrantes de dicha organización criminal presuntamente se dedicaban a la captación, traslado, acogida y explotación sexual de mujeres de nacionalidad venezolana.
Respecto a la presunta red, señaló que por su vinculación a la misma también es perseguido el dominicano Leudy Rafael Martínez Valdez, de 28 años, quien según se ha establecido durante la investigación se encargaba de supervisar a las víctimas, desempeñaba labores de seguridad y en ocasiones en compañía del propietario del negocio recogía a las mujeres venezolanas cuando llegaban al aeropuerto.
El órgano a cargo de la investigación explicó que en la residencia de Guerra Rodríguez fueron ocupados varios pasaportes de las venezolanas, los contratos de trabajo, las cartas de invitación que les hacían desde la República Dominicana, sellos gomígrafos, tarjetas de presentación del negocio con imágenes de mujeres semidesnudas, laptops, celulares, computadoras de escritorio, varios cuadernos de registro del cobro de las salidas de las mujeres con los clientes y un carro marca Toyota Corolla del año 2000.
Igualmente, indicó que en el bar fueron ocupadas varias porciones de una sustancia que se presume es droga, incluyendo 45 gramos que se cree corresponden a cocaína y 16 gramos presumiblemente de marihuana. Se informó que las sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses(INACIF) para el análisis de rigor.
También, se dijo que confiscaron documentos donde se registraban las actividades del negocio, carteles de reglas para las chicas, entre otros objetos y documentos.
En los allanamientos practicados por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, también participaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Preventiva.
Engaños
El Ministerio Público explicó que en el transcurso de las pesquisas que lleva a cabo dicha Procuraduría Especializada se han obtenido informaciones de que las mujeres eran obligadas a sostener relaciones sexuales con los clientes y que luego de que las víctimas escaparon del lugar uno de sus victimarios intentó llevarse a una de ellas a la fuerza de un centro comercial donde se encontraba.
De acuerdo a las investigaciones, las mujeres habrían sido engañadas con falsas promesas para traerlas al país.
Panorama
Clientes de Edesur denuncian alzas de hasta 200% en facturas
Clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica del Sur (Edesur) del Residencial Brisas de las Colinas 5, ubicado en la prolongación 27 de Febrero, denunciaron aumentos “arbitrarios e injustificados” en sus facturas eléctricas durante los últimos meses, lo que algunos atribuyen a un cambio masivo de contadores, sin que fuera notificado por la empresa y sin previa autorización.
Según testimonios ofrecidos al Listín Diario, la mayoría de apartamentos del residencial registraron incrementos de más del 200% en su consumo, pese a no haber modificado sus equipos eléctricos ni sus hábitos de uso.
“Subió casi un 200% mi factura después que sin mi autorización me cambiaran el contador. A mí me llegó de 13 mil y paro trabajando”, expresó Rosemery Ramírez, quien aseguró que al acudir a reclamar le indicaron que debía pagar el monto de la factura y luego reclamar”.
Otros residentes señalaron que les llegó un cargo adicional a su factura por supuestas irregularidades, “error de medición” o “recuperación de energía no facturada”, y cuando fueron a reclamar también les indicaron que sus quejas no proceden.
“Es una arbitrariedad, un abuso, y parece que no hay ninguna instancia que defienda a quienes queremos hacer las cosas bien. Estos apartamentos lo entregaron recientemente, cómo es posible que estemos viviendo esta película de terror con Edesur”, explicó Kemuel Sánchez, miembro de la Junta de Vecinos del Residencial.
“A mi me están cobrando RD$31,000 y eso que yo no vivo ahí, solo voy de vacaciones”, expresó Alexa Vizcaino.
Jonathan Acosta también mostró su enfado y preocupación pues en su caso la factura le aumentó a RD$10,000.00. “Antes de yo mudarme me llegaba de 200 y ahora en la primera factura me llegó de RD$10,327.57, mínimo es un colmado con 10 freezer. Es un abuso total”.
Igual inconformidad manifestó Carol Sánchez, quien indicó que “la factura de mi apartamento llegó al doble de como la pagaba, no obstante eso, aparezco con una multa de casi RD$7,000 que me la pusieron y listo, sin darme una explicación, ni enviarme un mensaje notificándome la situación”.
De 40 a 33,949.17 pesos
Julio César Moreno Durán, residente en Brisas de las Colinas 5 también denunció que igual le está pasando en una propiedad en construcción que tiene en Constanza, bajo los servicios de la Empresa Distribuidora de Energía del Norte (Edenorte) donde la primera factura le llegó de 35 pesos y la próxima de RD$33,949.17.
“Yo tengo una habitación en Constanza y no vivo allá. Hace dos meses saqué un contador para tener una neverita ejecutiva, un bombillo y poder cargar mi teléfono. La primera factura en julio me llegó de 40 pesos y ahora en agosto me llegó de 35,000.01 pesos. Es una casa que está en construcción y es una habitación sola”, apuntó Moreno Durán, quien realizó el reclamo a la distribuidora.
Un clamor generalizado
Las quejas por alta facturación se han convertido en un clamor diario que llena de impotencia a las y los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad, sin que sus reclamos encuentren oidos sensibles en las autoridades,
Dato de Protecom
Entre abril y junio de este año, la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) registró 15,042 reclamaciones, 7,283 por Edeeste, 4,947 por Edesur, y 2,800 por Edenorte. En los casos de empresas que ofrecen servicio privado de energía, las quejas que registra el organismo son escasas.
Gobierno No aumentará tarifa
Ante una información publicada en un medio de comunicación respecto un estudio que sugiere el reajuste de la tarifa eléctrica, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, descartó que el Gobierno trabaje actualmente en esto y afirmó que la prioridad es incrementar la oferta y reducir las pérdidas de las EDE.
“Nuestro enfoque está en aumentar la oferta energética y reducir las pérdidas del sistema. La inclusión de este tema en documentos de planificación no significa que exista una decisión ni un proceso en curso para su implementación”, aseguró Santos.
FUENTE: Listín Diario
Panorama
Millonaria deuda laboral mantiene en espera a exempleados y contratistas de Falcondo
Bonao, Monseñor Nouel. Decenas de exempleados y contratistas vinculados a Falconbridge Dominicana (Falcondo) continúan a la espera del pago de prestaciones laborales y servicios pendientes, una situación que mantiene en incertidumbre a numerosas familias de esta provincia. Referenciageográfica
De acuerdo con informaciones publicadas por Listín Diario, el reclamo involucra a unos 88 trabajadores y cerca de 50 contratistas que todavía esperan recibir los recursos que aseguran les corresponden.
Un conflicto que lleva meses
El problema no es reciente. Los afectados han denunciado durante meses que permanecen sin una solución definitiva, pese a las gestiones realizadas ante diferentes autoridades para conseguir el desembolso de los fondos.
En marzo de 2026, exempleados y contratistas denunciaron públicamente que habían sido desvinculados sin recibir los beneficios reclamados. En ese momento se informó que la deuda pendiente rondaba los RD$300 millones.
Los reclamantes han señalado además que su situación contrasta con la de más de 900 trabajadores desvinculados anteriormente, quienes sí habrían recibido sus prestaciones mediante un proceso en el que intervino el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).
Antecedentes de reclamos en Falcondo
La situación laboral alrededor de Falcondo se remonta al menos a 2024. En octubre de ese año se informó sobre un acuerdo alcanzado entre representantes de la empresa, dirigentes sindicales y autoridades gubernamentales para ejecutar un plan destinado al pago de prestaciones laborales.
Sin embargo, una parte de los trabajadores y contratistas asegura haber quedado fuera de esos pagos, razón por la cual el conflicto ha continuado y las reclamaciones se han mantenido durante 2026.
Esperan una solución definitiva
Los afectados reclaman la intervención de las autoridades para que finalmente sean entregados los recursos pendientes. Sostienen que la prolongación del conflicto ha provocado dificultades económicas para trabajadores, contratistas y sus respectivas familias en Bonao.
La expectativa ahora está puesta en que las gestiones realizadas permitan concretar el pago millonario de las prestaciones y obligaciones pendientes, poniendo fin a un proceso que se ha extendido por meses y que continúa generando preocupación entre los antiguos colaboradores y proveedores de la minera.
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