Panorama
Cierran bar y apresan al propietario por secuestro de 11 venezolanas
SANTO DOMINGO. Once venezolanas, cinco de las cuales lograron escapar y seis fueron rescatadas por las autoridades, estuvieron secuestradas en el centro de diversión Pink Pony Bar, ubicado en el sector Los Prados, en donde se les obligaba a sostener relaciones sexuales con los clientes.
Así lo informó la Procuraduría General de la República, institución que detalló que durante la operación fue arrestado en su residencia del sector Bella Vista del Distrito Nacional el propietario del establecimiento, el dominico-americano Jarvis Guerra Rodríguez, de 39 años, mientras que la gerente, de nacionalidad dominicana, Ángela Isaura Campusano Santos, alias La Morena, La Negra o Deisy, de 33 años, fue apresada en el negocio.
“Ante una denuncia recibida el pasado mes de abril de parte de cuatro mujeres venezolanas, de cinco que habían escapado del centro de diversión Pink Pony Bar por presuntamente ser víctimas de los delitos de trata de personas y explotación sexual, el Ministerio Público inició una investigación de inteligencia que terminó la madrugada de ayer sábado con el desmantelamiento de una red dedicada a esas actividades ilícitas, el rescate de seis ciudadanas de esa nación suramericana, el cierre del negocio y el arresto del propietario”, dice el comunicado de prensa de la Procuraduría.
La institución informó que los dos arrestados serán sometidos a la justicia en las próximas horas y que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que le sea impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción.
Indicó que los integrantes de dicha organización criminal presuntamente se dedicaban a la captación, traslado, acogida y explotación sexual de mujeres de nacionalidad venezolana.
Respecto a la presunta red, señaló que por su vinculación a la misma también es perseguido el dominicano Leudy Rafael Martínez Valdez, de 28 años, quien según se ha establecido durante la investigación se encargaba de supervisar a las víctimas, desempeñaba labores de seguridad y en ocasiones en compañía del propietario del negocio recogía a las mujeres venezolanas cuando llegaban al aeropuerto.
El órgano a cargo de la investigación explicó que en la residencia de Guerra Rodríguez fueron ocupados varios pasaportes de las venezolanas, los contratos de trabajo, las cartas de invitación que les hacían desde la República Dominicana, sellos gomígrafos, tarjetas de presentación del negocio con imágenes de mujeres semidesnudas, laptops, celulares, computadoras de escritorio, varios cuadernos de registro del cobro de las salidas de las mujeres con los clientes y un carro marca Toyota Corolla del año 2000.
Igualmente, indicó que en el bar fueron ocupadas varias porciones de una sustancia que se presume es droga, incluyendo 45 gramos que se cree corresponden a cocaína y 16 gramos presumiblemente de marihuana. Se informó que las sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses(INACIF) para el análisis de rigor.
También, se dijo que confiscaron documentos donde se registraban las actividades del negocio, carteles de reglas para las chicas, entre otros objetos y documentos.
En los allanamientos practicados por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, también participaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Preventiva.
Engaños
El Ministerio Público explicó que en el transcurso de las pesquisas que lleva a cabo dicha Procuraduría Especializada se han obtenido informaciones de que las mujeres eran obligadas a sostener relaciones sexuales con los clientes y que luego de que las víctimas escaparon del lugar uno de sus victimarios intentó llevarse a una de ellas a la fuerza de un centro comercial donde se encontraba.
De acuerdo a las investigaciones, las mujeres habrían sido engañadas con falsas promesas para traerlas al país.
Panorama
Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.
En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
Panorama
Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario
La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.
Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.
A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.
La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.
Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.
Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.
El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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