Panorama
Cierran bar y apresan al propietario por secuestro de 11 venezolanas
SANTO DOMINGO. Once venezolanas, cinco de las cuales lograron escapar y seis fueron rescatadas por las autoridades, estuvieron secuestradas en el centro de diversión Pink Pony Bar, ubicado en el sector Los Prados, en donde se les obligaba a sostener relaciones sexuales con los clientes.
Así lo informó la Procuraduría General de la República, institución que detalló que durante la operación fue arrestado en su residencia del sector Bella Vista del Distrito Nacional el propietario del establecimiento, el dominico-americano Jarvis Guerra Rodríguez, de 39 años, mientras que la gerente, de nacionalidad dominicana, Ángela Isaura Campusano Santos, alias La Morena, La Negra o Deisy, de 33 años, fue apresada en el negocio.
“Ante una denuncia recibida el pasado mes de abril de parte de cuatro mujeres venezolanas, de cinco que habían escapado del centro de diversión Pink Pony Bar por presuntamente ser víctimas de los delitos de trata de personas y explotación sexual, el Ministerio Público inició una investigación de inteligencia que terminó la madrugada de ayer sábado con el desmantelamiento de una red dedicada a esas actividades ilícitas, el rescate de seis ciudadanas de esa nación suramericana, el cierre del negocio y el arresto del propietario”, dice el comunicado de prensa de la Procuraduría.
La institución informó que los dos arrestados serán sometidos a la justicia en las próximas horas y que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que le sea impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción.
Indicó que los integrantes de dicha organización criminal presuntamente se dedicaban a la captación, traslado, acogida y explotación sexual de mujeres de nacionalidad venezolana.
Respecto a la presunta red, señaló que por su vinculación a la misma también es perseguido el dominicano Leudy Rafael Martínez Valdez, de 28 años, quien según se ha establecido durante la investigación se encargaba de supervisar a las víctimas, desempeñaba labores de seguridad y en ocasiones en compañía del propietario del negocio recogía a las mujeres venezolanas cuando llegaban al aeropuerto.
El órgano a cargo de la investigación explicó que en la residencia de Guerra Rodríguez fueron ocupados varios pasaportes de las venezolanas, los contratos de trabajo, las cartas de invitación que les hacían desde la República Dominicana, sellos gomígrafos, tarjetas de presentación del negocio con imágenes de mujeres semidesnudas, laptops, celulares, computadoras de escritorio, varios cuadernos de registro del cobro de las salidas de las mujeres con los clientes y un carro marca Toyota Corolla del año 2000.
Igualmente, indicó que en el bar fueron ocupadas varias porciones de una sustancia que se presume es droga, incluyendo 45 gramos que se cree corresponden a cocaína y 16 gramos presumiblemente de marihuana. Se informó que las sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses(INACIF) para el análisis de rigor.
También, se dijo que confiscaron documentos donde se registraban las actividades del negocio, carteles de reglas para las chicas, entre otros objetos y documentos.
En los allanamientos practicados por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, también participaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Preventiva.
Engaños
El Ministerio Público explicó que en el transcurso de las pesquisas que lleva a cabo dicha Procuraduría Especializada se han obtenido informaciones de que las mujeres eran obligadas a sostener relaciones sexuales con los clientes y que luego de que las víctimas escaparon del lugar uno de sus victimarios intentó llevarse a una de ellas a la fuerza de un centro comercial donde se encontraba.
De acuerdo a las investigaciones, las mujeres habrían sido engañadas con falsas promesas para traerlas al país.
Panorama
Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña
El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.
De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».
Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.
“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.
Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.
Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.
REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.
“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.
Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.
LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.
La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.
«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.
Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».
La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.
“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.
De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.
NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.
LD
Panorama
Diputados abandonan sesión en rechazo a agresión policial a legisladora
La diputada Millys Martínez utilizó este martes la sesión ordinaria del órgano legislativo para hablar sobre la “agresión policial” que recibió mientras participaba en las fiestas patronales de su pueblo, Elías Piña.
Tras más de 24 horas de silencio, la congresista compartió su versión sobre cómo fue “atropellada” el pasado domingo en las celebraciones realizadas en el municipio Comendador.
Diputada del PRM por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez.
Además, cuestionó el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien antes solía “hablar sobre derechos y calla”, ante la situación que le afectó.
Tras terminar sus declaraciones desde una de las curules del hemiciclo, los congresistas se pusieron de pie, levantaron sus manos y giraron las muñecas, simulando aplausos por las palabras de Martínez.
En cuestión de segundos, el salón situado en el Congreso Nacional se convirtió en un espacio grande vacío, ya que los diputados decidieron salir para utilizar sus ausencias como una muestra de solidaridad con la diputada “agredida”.
El presidente diputado, Alfredo Pacheco, no tuvo otra opción que suspender la sesión, ya que no contaban con el cuórum requerido por la Constitución para continuar conociendo los proyectos de resolución y de ley.
Únicamente, 23 de 190 diputados se mantuvieron presentes. La mayoría de los legisladores, sin importar partidos políticos, se unificaron.
“Esto es un vejamen a la Constitución. No creo que sea una política de la Policía Nacional, pero ese comportamiento no puede pasar por alto. Más allá de a la persona (la agresión policial a la diputada) es una violación a la Constitución”, expresó el diputado Wandy Batista.
Pacheco deploró que los diputados hayan abandonado la sesión, ya que, según considera, “ninguna situación que ocurra extra hemiciclo da razones para que se abandonen los trabajos legislativos”.
“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, dijo a los reporteros presentes en el Congreso.
Aseguró que en sus funciones como diputado siempre ha sido partidario “de que los trabajos del pleno nunca se abandonan por ninguna circunstancia”.
“Cuando fui vocero de bancadas del PRD y PRM, casi nunca marqué la retirada porque entiendo que ante cualquier circunstancia el trabajo debe prevalecer”, precisó.
Pacheco entiende que la prudencia debe regir la forma en que se reclaman los derechos.
“Hay muchas veces que uno, teniendo la razón en la forma como reclama, entonces puede perder la razón”, indicó.
¿Un diputado puede ser detenido por la policía?
Los 190 diputados y 32 senadores de la República Dominicana disponen de una inmunidad parlamentaria que les otorga la Carta Magna.
La protección está situada en el artículo 84, que establece únicamente dos causales para que estos puedan ser apresados por la Policía y el Poder Judicial.
La anteriormente mencionada: debe ser sorprendido cometiendo algún delito o enviar una misiva a la cámara legislativa que pertenece el representante solicitando el retiro de la protección.
No obstante, la norma suprema aclara en el artículo 87 que la intención no es ofrecerle al congresista un “privilegio personal”, sino garantizar el correcto desarrollo del período legislativo.
Vía Listín Diario
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