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Panorama

Procuraduría y USAID trazan estrategias conjuntas para ofrecer protección a víctimas de trata

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El procurador general de la República Jean Alain Rodríguez al hablar en el acto.

SANTO DOMINGO- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), anunciaron la implementación de estrategias conjuntas, con la finalidad de ofrecerles mayor protección a las víctimas de trata de personas en el país.

La institución dijo que las acciones están enfocadas en la defensa de los derechos de las víctimas de trata de personas, tanto en las labores de prevención y persecución, así como durante los procesos penales que se llevan a cabo en los diferentes distritos judiciales.

Mediante un comunicado de prensa, la PGR informó que con la iniciativa que están poniendo en marcha con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a través de la USAID, buscan garantizar la integridad y seguridad de las víctimas, y lograr mayor cooperación por parte de las mismas para obtener sanciones contra sus victimarios en los tribunales.

Igualmente, detalló que buscan combatir la comisión de ese delito a través del uso de la tecnología, para evitar que delincuentes cibernéticos recluten y exploten en línea, tanto a menores de edad como a mujeres y hombres adultos.

Como preámbulo a la puesta en marcha de las estrategias, expertos en el tema expusieron en el panel “Retos en el combate de la Trata de Personas en la República Dominicana: Miradas Hacia el Futuro”, el cual sirvió de espacio de discusión y reflexión sobre las aristas que tiene la problemática de la trata de personas, para un abordaje más efectivo.

En la actividad, que estuvo encabezada por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, y el director interino de la USAID, Mark Kerr, participaron como panelistas la procuradora adjunta contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, Roxanna Reyes; la coordinadora de Asistencia a Población Vulnerable de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), María Paredes, y el director en funciones de International Justice Mission (IJM) en República Dominicana, Johnny Bidó.

Igualmente, fue impartida la conferencia “Búsqueda de justicia para las víctimas de la trata de personas: la República Dominicana frente a las experiencias internacionales”, la cual estuvo a cargo de Linda Eriksson, de nacionalidad sueca, especialista internacional en materia de trata y tráfico de personas.

La información destaca que, en el transcurso de esos eventos, realizados en la Procuraduría General de la República como parte de la reciente conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas, fueron abordados temas relativos a la importancia del fortalecimiento de la cooperación interinstitucional para combatir esos delitos y sobre los aportes de las nuevas tecnologías al sector justicia y a los proveedores de servicios en la lucha contra la trata de personas.

En torno a las estrategias conjuntas con USAID, el procurador Jean Rodríguez declaró que vienen a fortalecer el plan integral que ejecutan contra la trata de personas, el cual dijo que tiene dentro de sus prioridades garantizar que las víctimas de esos graves delitos reciban la asistencia y el acompañamiento necesario.

“Estamos procurando ofrecerle una respuesta integral a la problemática de la trata de personas, por ello, seguimos sumando esfuerzos y recursos, tanto con las instituciones locales como con los organismos internacionales, para combatir con efectividad este mal y ofrecerles a las víctimas atención y protección oportuna”, expresó el jefe del Ministerio Público.

Explicó que para lograr mayor eficacia en las labores de prevención y persecución de ese delito han fortalecido la capacidad de respuesta de la Procuraduría Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, con más apoyo logístico y recursos humanos capacitados.

La PGR recordó que en una acción conjunta con la USAID, el pasado mes de junio también presentaron el Proyecto para la Prevención de la Trata y el Tráfico Internacional de Personas Adolescentes.

Explicó que dicho proyecto incluye un programa de capacitación dirigido a 32 fiscales, quienes son formados para que multipliquen sus conocimientos y participen en un programa de sensibilización sobre el tema, que impactará a 252 orientadores de escuelas públicas, más de 40 técnicos del Ministerio de Educación (MINERD) y del Ministerio de la Mujer, así como a más de 25 vicealcaldes y 55 funcionarios municipales, con el fin de que éstos a su vez puedan orientar al menos a 12,600 líderes estudiantiles sobre cómo evitar ser víctimas de esos delitos, siendo ésta la meta final del esfuerzo.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

Panorama

Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.

En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.

Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.

“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.

En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.

Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.

La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.

Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.

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Panorama

Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario

La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.

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Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.

A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.

La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.

Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.

Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.

El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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