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Panorama

Tribunal de San Juan condena a 25 años a hombre que explotó sexual y laboralmente a tres mujeres

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El Tribunal Colegiado de San Juan de la Maguana dictó este jueves 25 años de cárcel contra un hombre hallado culpable de trata de personas en perjuicio de tres mujeres a quienes “explotó sexual y laboralmente” con la promesa de darles empleos en Trinidad y Tobago, donde fueron llevadas las víctimas por el hombre.

La condena le fue impuesta a Francisco Luna Tavárez, alias “Franco” y/o “Chicho”, a pedido del Ministerio Público. El condenado deberá pagar una multa a favor del Estado dominicano de 175 salarios mínimos e indemnización a cada una de las víctimas, cuyos nombres se omiten por razones legales.

Una nota de prensa de la Procuraduría General de la República indica que se pidió la pena máxima contra este delito, “por haberse probado la presencia de circunstancias agravantes establecidas en el artículo 7 de la Ley 137-03, en la comisión de la infracción de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral”.

En torno a los hechos, el órgano del sistema de justicia indicó que el hoy condenado Luna Tavárez reclutó a las víctimas en zonas de San Juan y Santo Domingo y las engañó con la falsa promesa de que les daría un empleo en dos empresas de limpieza y construcción de su propiedad que operaban en Trinidad y Tobago.

Señaló que las denuncias fueron recibidas en marzo del año 2017, momento desde el cual se inició la investigación, recibiendo la victimas asistencia por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), para su retorno al país. Desde su retorno a la República Dominicana las víctimas han sido asistidas tanto en la parte legal, psicológica, así como en lo que tiene que ver con apoyo financiero para su reinserción laboral, esto por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Estableció que durante las indagatorias se logró reunir pruebas contundentes, tanto testimoniales, documentales, materiales y periciales, entre otras, que les permitieron lograr la condena contra Luna Tavárez, la cual deberá cumplir en la cárcel pública de San Juan.

Panorama

Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.

En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.

Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.

“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.

En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.

Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.

La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.

Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.

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Panorama

Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario

La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.

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Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.

A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.

La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.

Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.

Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.

El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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