Reportaje Huesped
La economía dominicana crece pero hay mucha gente que todavía «ca..» en letrinas
MARIELA MEJÍA/DIARIO LIBRE. El crecimiento económico de la República Dominicana en los últimos 25 años ha sido uno de los más fuertes en América Latina y el Caribe, afirma el Banco Mundial. El año pasado fue de 4.6 % y la proyección es que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca cerca del 5 % este 2018.
Pero esas cifras no han evitado que Miladys Florián, allá en Tábara Abajo de la provincia Azua, salga de su casa al patio si llueve, hace frío o deba alumbrarse con una linterna, para hacer sus necesidades sanitarias en una letrina.
“Bueno, hija, qué vamo’ a hacer (…) Hay que ser conforme”, dice Florián, de 66 años, a la periodista de Diario Libre cuando conversan sobre la diferencia de su baño con “los de la capital”.
En su patio, en el interior de una caseta de zinc, hay una taza de inodoro sin tanque para almacenar agua. Las heces y la orina caen al vacío. Un tubo en el exterior que sale a la superficie libera el hedor.
Es la segunda letrina que la familia levanta para el uso de todos en las dos décadas que lleva residiendo en el lugar. En 2012 se clausuró la vieja y sellaron el hoyo de 18 pies de profundidad porque se llenó.
Una fundación católica le ayudó a construir la de ahora. Al esposo de Florián, de 65 años, le tomó como tres días cavar los 22 pies de la nueva.
La familia ha pensado construir un sanitario convencional en el interior del hogar pero los medicamentos para controlar el azúcar y la presión de Florián se llevan parte de sus ingresos económicos.
Cuando el costo de construir una letrina con taza de inodoro llega hasta los RD$23,000, un baño con inodoro, lavamanos y pileta, va entre los RD$50,000 y RD$100,000.
De 562 hogares en Tábara Abajo, el 73 % disponía de letrinas con losa o piso y tubo de ventilación, según compila una base de datos recabada entre 2014 y 2018 por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa). La vecina de Florián tiene una pero en peor estado.
Está protegida con una oxidada y destartalada caseta de zinc y, a diferencia de la de Florián, la sentadera es un montículo circular hecho de cemento, de pocas pulgadas de alto.
Del levantamiento realizado por el Inapa en una muestra de comunidades rurales, se facilitó a Diario Libre de lo encontrado en las provincias Azua, San Pedro de Macorís, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Duarte, El Seibo, Elías Piña, Hato Mayor Hermanas Mirabal, Independencia La Altagracia, La Vega, Montecristi y Monte Plata, y el Distrito Nacional. De 55,761 hogares, se contó que el 56 % tenía una letrina, algunas mejoradas con ventilación y otras más encerradas y malolientas.
En el Inapa se reportó que en el sector capitalino Los Praditos hay hogares cuyo sanitario es una taza de inodoro pero la descarga es al vacío, como las letrinas. Lo mismo ocurre en El Dique, en Santo Domingo Este, un barrio ubicado a orillas del río Ozama donde se diagnosticaron casos de cólera en un brote detectado en el país en 2010.
En un estrecho callejón de El Dique hay una pequeña sala de tareas donde la profesora a cargo improvisó una letrina en un estrecho cuadrante dentro del salón de clases, que descarga al subsuelo. Al frente del centro escolar hay una vivienda que tiene una taza de inodoro cuyas descargas corren por un tubo con salida a una cañada o canal que desemboca en el río Ozama.
“En nuestro país los sectores crecen y después es que el Gobierno interviene y ellos hacen las cosas según sus recursos, es más barato para muchos simplemente tener una letrina”, dice Carlos Perkings, de la Fundación Ozama RD Verde.
Solo el 18 % de las viviendas censadas por el Inapa tenía un inodoro con descarga hidráulica. Se encontró también que muchos hogares no cuentan con ningún sistema de saneamiento y sus habitantes defecan al aire libre.
Esta práctica se verificó en pueblos cercanos a la capital, ubicados entre Guerra y Bayaguana, otros son de El Seibo, Elías Piña, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, y otras provincias. Ocurre en comunidades habitadas solo por criollos y en bateyes de mayoría haitiana.
La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2016) estimó que 2.5 % de la población del país no tiene servicio sanitario.
En uno de sus informes se destaca que el hecho de disponer de letrinas, algunas muy precarias, con solamente una plancha de hormigón, si bien aíslan los deshechos, no dejan de ser fuente de contaminación.
Si no cuentan con respiraderos, conservan mal olor y atraen moscas, y pueden ser vectores de enfermedades que se reproducen en los huecos.
Para la Enhogar aplicada en 2006, el 21 % de los domicilios en el país usaba una letrina privada con cajón y 8.5 % una compartida con cajón, siendo más usual en la zona rural. Para la versión 2016 de la misma encuesta el porcentaje se redujo a 9.6 % y 5.1 % respectivamente.
En 2006 apenas el 56.2 % tenía inodoro privado y en 2016 subió a 76 %.
“En el tema de excretas es donde uno puede argumentar que mayor progreso ha habido porque la proporción de sanitarios ha aumentado”, dice el economista Pavel Isa, especialista en desarrollo humano.
“Pero todavía la brecha que queda son brechas duras, es decir, la población rural es la que tiene menos disponibilidad y la población más pobre. Lo otro es que, si no tienes sistema de agua disponible, aunque tú tengas sanitarios, aunque digas que tienes sanitario, el sanitario no funciona bien si no tienes agua corriente”.
En 2015 el Ministerio de Economía estimaba que el 76 % de las viviendas tenía acceso a agua potable, el porcentaje aumentó y hoy se considera que solo el 20 % de la población carece de cobertura de agua potable.
Si se desagrega por zona de residencia, la población urbana que disfruta de agua potable pasó de 83.2 % en 2012 a 87 % en 2016, y la rural de 51.7 % a 61.8 % en el mismo período, informó el ministro de Economía Isidoro Santana.
En una época en la que se habla de colonizar marte y construir carros voladores, el 7.93 % (aproximadamente 4.1 millones de personas) en Centroamérica y República Dominicana carecen de un sistema básico de saneamiento.
La cifra la reporta el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento que también registra que apenas el 32.42 % (16.9 millones) tiene acceso a un sistema de alcantarillado, generalmente localizados en las zonas urbanas.
“Hay que elevar el nivel de inversión en agua (y alcantarillado) y eso ha sido descuidado de manera importante a lo largo de los últimos años”, dice el economista Isa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que un saneamiento deficiente va asociado a la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis.
El año pasado, en la Región de las Américas, se notificaron más de 13,500 casos sospechosos de cólera en toda la isla La Española, 99 % de estos en Haití, reporta en un boletín la Dirección General de Epidemiología de Salud Pública.
A pesar de que se registró la incidencia más baja desde octubre de 2010, la OMS recomendó a los Estados Miembros (entre estos la República Dominicana) que se continúen los esfuerzos para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico y acceso al agua potable para reducir el impacto del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua.
El Observatorio Político Dominicano destaca que los sistemas de alcantarillado del país son obsoletos, en su mayoría construidos durante la dictadura de Rafael L. Trujillo (1930-1961).
En el Gran Santo Domingo, donde viven más de 3 millones de habitantes, solo hay una cobertura de alcantarillado sanitario de 18 %, de acuerdo con la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).
La ausencia de un adecuado servicio de alcantarillado ha motivado a que la población disponga de sus desechos a través de pozos sépticos y filtrantes que pueden contaminar el subsuelo.
Cuando se excava para construir el hoyo de una letrina se corre el riesgo de llegar a una corriente de agua subterránea y contaminarla. Si se defeca al aire libre, las bacterias pueden alcanzar aguas cercanas y también comprometerlas.
El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), Olgo Fernández, informó a Diario Libre que el año pasado se detectó una amenaza de contaminación en el canal de riego Marcos A. Cabral de la provincia Peravia.
Cuando se investigó, se determinó que provenía de familias haitianas residentes en la ribera que defecaban a cielo abierto y en letrinas. Con ayuda de la fuerza militar, se eliminaron las letrinas, informó el funcionario, y se formaron 27 comités de vigilancia en todo el trayecto del canal (34 kilómetros).
“La construcción de letrinas es incompatible con la construcción de pozos de agua para consumo humano o para producción agrícola”, afirma Fernández.
Según reporta el Indhri, las aguas subterráneas representan el 60 % de la disponibilidad de los recursos hídricos en el país.
Al no disponerse de estudios recientes terminados sobre la pureza en general de las aguas subterráneas del país, la Caasd facilitó a Diario Libre análisis de pozos de 50 puntos específicos de Santo Domingo.
En las pruebas se midió la presencia de bacterias coliformes fecales, que se encuentran en los intestinos y excrementos humanos y animales. Estas se toman como parámetro en indicadores de pruebas de agua porque su existencia puede causar enfermedades.
Los resultados en su mayoría fueron negativos, pero los positivos fueron considerables. Cuando la norma establece un máximo de 3 NMP/100 ml de coliformes fecales, en una salida de pozo en Herrera, en Santo Domingo Oeste, se midió en enero del presente año 2,400 NMP/100 ml.
Otro análisis hecho en marzo a aguas subterráneas próximas al municipio Guerra en Santo Domingo Este, encontró 430,000 NMP/100 ml de coliformes fecales. En abril se midió en un pozo en El Millón, del Distrito Nacional 460 NMP/100 ml de las mismas bacterias.
En las aguas superficiales también se han encontrado valores que sobrepasan los parámetros. Cuando la norma en este caso establece un máximo de 400 NMP/100 ml de coliformes fecales, del Laboratorio de Calidad de Agua del Indrhi midieron en febrero del año pasado 24,000 en el río Jimenoa, por el puente de la carretera Jarabacoa.
Asimismo, midieron 4,900 NMP/100 ml en el río Yaque del Norte, a la altura de la Ciénaga de Manabao; 3,300 en el río Jimenoa, por Pozo Bajito y 2,300 en el Arroyo Los Dajaos, en Arroyo Dulce.
Aunque lo ideal es que se construyan sistemas sanitarios formales, en 2014 el Ministerio Administrativo de la Presidencia entregó RD$4,600,000 para la construcción de 2,500 letrinas dentro de un programa de saneamiento ambiental de la Fundación de Desarrollo Azua, San Juan y Elías Piña (Fundasep).
El diácono Juan Boció Cabral, coordinador del Departamento de Desarrollo Comunitario de la Fundasep, cuenta que para 1992 se determinó que 60,000 hogares de Azua, San Juan y Elías Piña no tenían sanitario.
En 27 años se desarrollaron proyectos de saneamiento; solo la fundación ha construido 18,000. Él estima que la cifra de 60,000 se redujo a 12,000, recurriendo muchos de ese restante a defecar al aire libre.
Boció defiende la necesidad de construir letrinas pese a las críticas que puede generar en las grandes ciudades. “A veces es muy fácil si tú tienes tu solución dada comentar los problemas del otro como que no son nada.
La realidad por la que nosotros pasamos cuando vamos a las comunidades, de lomas sobre todo, es tremenda porque no tienen dónde hacer sus necesidades.
«Hay una realidad de pobreza en nuestras comunidades que realmente contradice muchos numeritos”, dice.
El diácono reporta que tiene solicitudes de comunidades que se aproximan a las 4,000 para que les construyan sanitarios o letrinas.
“Los sistemas sanitarios del Estado solamente abarcan algunas ciudades, los cascos urbanos principales, las cabeceras de las provincias o de los municipios, pero después de las comunidades no tienen ningún sistema que les pueda permitir defecar o echar los desechos, entonces tienen que ser a través de letrinas”, afirma.
Cuando se mantiene la letrina como opción, hay diseños ecológicos amigables al medioambiente, que además permiten aprovechar los excrementos como abono.
“Pero a la gente no le gustan”, lamenta Esther Reyes, del departamento de Desarrollo Rural del Inapa (conozca más sobre esto en el siguiente reportaje).
“Aquí hay un rezago en cuanto al saneamiento”, dice Reyes. “Hay como cinco proyectos de alcantarillado en construcción y en la CAASD también”.
Se refiere a unos proyectos en San Cristóbal, Villa Vásquez, Montecristi, Azua, San José de Ocoa y Neiba que comprenden la construcción de redes de alcantarillado sanitario para beneficiar a una población de 309,000 habitantes hasta el año 2038.
“Hay necesidad de invertir más en agua”, dice el economista Isa, “y el Estado tiene que tener más recursos; para eso tendríamos que sanear el gasto público, reducir la corrupción, reducir las ineficiencias y elevar las recaudaciones”.
Reportaje Huesped
Le crean un perfil en Tinder y termina condenada a 12 años de prisión
El caso de Yokairi Julian Sosa Asensio, una joven de 24 años condenada a 12 años de prisión, ha reavivado el debate sobre el debido proceso, la valoración de las pruebas y la suplantación de identidad en el sistema judicial dominicano.
Su defensa sostiene que la joven fue condenada sin pruebas suficientes y que su identidad fue utilizada por una banda criminal para cometer un atraco.
Una identidad utilizada sin su conocimiento
Según explicó el abogado Jean Christopher Pérez, quien actualmente asume la defensa de la joven, Yokairi Sosa fue víctima de una suplantación de identidad.
Fotografías extraídas de su cuenta de Instagram habrían sido utilizadas por una red delictiva para crear un perfil falso en la aplicación Tinder, con el cual contactaban a víctimas bajo la apariencia de encuentros sexuales.
A través de ese perfil, los delincuentes coordinaban citas que terminaban en asaltos armados. En uno de esos hechos, ocurrido en el sector María Auxiliadora, las víctimas fueron interceptadas por una banda de atracadores, resultando en un accidente de tránsito, heridos y la pérdida total del vehículo involucrado.
Una condena sustentada en un solo testimonio
La condena de Yokairi Sosa se basó, principalmente, en el testimonio de una de las víctimas, quien aseguró que ella era la persona con la que se comunicaba.
Sin embargo, la defensa sostiene que no se presentaron pruebas corroborativas que vincularan a la joven con el hecho.
No se aportaron grabaciones de llamadas, audios, videos ni evidencia técnica que demostrara que el número telefónico utilizado perteneciera a la imputada.
De hecho, una certificación oficial estableció que dicho número estaba registrado a nombre de un extranjero, sin vínculo alguno con Yokairi Sosa.
Asimismo, los peritajes realizados a su teléfono móvil no lograron ubicarla en el lugar del hecho ni evidenciar el uso de la aplicación Tinder.
Pruebas excluidas y deficiencias en la defensa inicial
La defensa actual también cuestiona el manejo del caso por parte de los abogados anteriores. Fotografías y pruebas que situaban a Yokairi Sosa en Barahona, a más de 200 kilómetros del lugar del atraco, fueron excluidas por el tribunal de primer grado.
Según Pérez, esa exclusión debió ser impugnada oportunamente, pero no ocurrió.
Además, se estipularon pruebas audiovisuales sin ser reproducidas en el juicio, lo que, según el abogado, viola principios fundamentales como el de inmediación y el derecho a la defensa.
El testimonio del verdadero autor del delito
Un elemento relevante del caso es que uno de los condenados por el atraco, sentenciado a 15 años, confesó su participación y afirmó que no conocía a Yokairi Sosa, asegurando que la vio por primera vez cuando el Ministerio Público la presentó en audiencia.
Esta declaración refuerza la tesis de que no existía vínculo alguno entre la joven y la banda criminal.
Un recurso ante la Suprema Corte de Justicia
Tras la ratificación de la condena por la Corte de Apelación, la defensa de Yokairi Sosa presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, última vía legal disponible.
El objetivo es lograr la anulación de la sentencia o la celebración de un nuevo juicio con mayores garantías procesales.
Un llamado a revisar el caso
Desde el centro penitenciario de Anamuya, donde cumple su condena —lejos de su provincia de origen y de su familia—, Yokairi Sosa envió una carta a la Procuraduría General de la República solicitando únicamente que su caso sea revisado.
No pidió privilegios ni liberación automática, sino una investigación objetiva que permita esclarecer la verdad.
Su defensa insiste en que el caso evidencia fallas graves en el sistema y advierte que situaciones como esta pueden afectar a cualquier ciudadano si no se corrigen a tiempo.
Reportaje Huesped
Iglesias fueron exoneradas de casi RD$300 millones en impuestos por vehículos
LISTÍN DIARIO: En los últimos cuatro años, importaron más de RD$713 millones en unidades, incluyendo modelos de lujo, sin pagar impuestos gracias a un régimen fiscal vigente
Más allá de la creencia generalizada de que las exoneraciones fiscales para la importación de vehículos benefician principalmente a funcionarios públicos, legisladores, diplomáticos o grandes concesionarios, los datos oficiales revelan una realidad menos visible pero igualmente significativa: las iglesias figuran entre los sectores con mayor acceso a este tipo de privilegio tributario en la República Dominicana.
Entre 2020 y 2024, diversas congregaciones religiosas importaron cientos de vehículos —incluidos modelos de lujo— sin pagar un solo centavo en impuestos, amparadas en un régimen fiscal que ha permanecido prácticamente inalterado por décadas.
De acuerdo con registros de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), analizados por el periódico Listín Diario, las instituciones religiosas adquirieron vehículos por un valor superior a RD$713 millones durante ese período, lo que implicó una pérdida fiscal de RD$294,746,725.31 en concepto de impuestos aduanales e internos cuya cifra representa una merma significativa para las finanzas públicas, especialmente en un contexto donde se debaten posibles reformas fiscales y la necesidad de racionalizar el gasto del Estado.
El marco legal que sustenta estas exoneraciones es el Concordato entre la Santa Sede y el Estado dominicano, firmado en 1954. Este acuerdo otorga a la Iglesia Católica —y, por extensión, mediante decisiones administrativas, a otras denominaciones religiosas— beneficios fiscales para la adquisición de bienes vinculados a su labor espiritual, educativa y comunitaria. Sin embargo, el uso actual de estas prerrogativas plantea dudas sobre su alineación con ese propósito original.
Durante el período analizado, decenas de entidades religiosas hicieron uso de este mecanismo. La Iglesia de Dios Inc. lideró la lista con 58 vehículos importados, seguida por la Unión Asociación Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día, con 56 unidades.
También figuran el Obispado de San Francisco de Macorís (12 vehículos), el Obispado de Santo Domingo (6), así como el Instituto Politécnico Loyola y la Compañía de Jesús, con entre dos y cuatro unidades cada una.
Mientras que la Iglesia Católica se beneficia directamente del Concordato de 1954, las iglesias evangélicas gestionan sus exoneraciones a través del Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID), conforme a lo dispuesto en la resolución 5941. La entidad, reconocida oficialmente por el Estado dominicano, es la encargada de tramitar las solicitudes de exoneración de impuestos aduanales en nombre de las congregaciones evangélicas.
El procedimiento está regulado por la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE-RD) y requiere que el SSID participe en varias etapas del proceso, desde la validación inicial hasta la coordinación con las autoridades aduaneras. A través de este mecanismo, decenas de iglesias no católicas acceden cada año al beneficio de importar vehículos sin pagar impuestos, bajo el supuesto de que serán utilizados en funciones pastorales, sociales o comunitarias.
Datos importadores
En el siguiente cuadro puede visualizar los datos de todos los importadores que trajeron vehículos con exoneraciones bajo las disposiciones de iglesia católica o evangélica.
En caso de no poder verlo, puede presionar aquí.
Empresas privadas detrás de exoneraciones sin fines de lucro
Aunque en teoría las exoneraciones son solicitadas por las instituciones religiosas, en la práctica, la mayoría de los vehículos aparece a nombre de concesionarios privados. Delta Comercial S.A., por ejemplo, figura como el principal proveedor, con 185 unidades vendidas a iglesias, superando incluso a las propias entidades religiosas en número de registros.
Este hecho revela fallas estructurales en el sistema de control estatal. Idealmente, las listas deberían estar encabezadas por las instituciones religiosas que gestionan directamente las exoneraciones, y no por intermediarios comerciales. Esta situación evidencia la necesidad de que el Estado depure los registros, identifique a los beneficiarios reales y determine con claridad el uso final de los vehículos importados.
A ello se suma la ausencia de auditorías públicas y mecanismos de verificación efectivos. No hay constancia de que las autoridades fiscales realicen inspecciones sistemáticas para confirmar que los vehículos se utilizan en actividades religiosas, educativas o sociales, como establece el marco legal. Este vacío en la supervisión ha permitido que el régimen de exenciones evolucione hacia un mecanismo de consumo privilegiado, más que un verdadero instrumento de apoyo comunitario.
Lujo sin justificación
La naturaleza de los vehículos importados refuerza esta percepción. Entre las unidades figuran modelos de alta gama como el BMW X7, Mercedes-Benz GLE 350, Volvo XC90, Lincoln Corsair y diversos todoterrenos Jeep, con precios que superan los tres millones de pesos. Aunque también se registran vehículos de trabajo como camionetas Toyota Hilux, SUV Honda CR-V y minibuses Toyota Hiace, la creciente presencia de modelos recientes —incluso de los años 2024 y 2025— sugiere un patrón de renovación de flota alejado del perfil de necesidad básica.
Este escenario plantea un dilema para la administración pública.
El régimen vigente —legítimo en su origen— carece hoy de filtros actualizados o criterios diferenciados que permitan evaluar la pertinencia de cada exoneración. Como resultado, ha perdido su orientación original y se ha convertido en un instrumento vulnerable al uso indebido.
Hacia un régimen más transparente
Más que eliminar los incentivos fiscales para las instituciones religiosas, el reto consiste en reformarlos y fiscalizarlos con rigor para que cumplan su propósito. Es fundamental establecer un registro público de beneficiarios, definir criterios objetivos de elegibilidad y aplicar auditorías periódicas.
Estas medidas permitirían garantizar un uso responsable de los recursos fiscales y restaurar la integridad del sistema tributario.
El actual esquema ha derivado en una pérdida fiscal multimillonaria sin una justificación clara en términos de retorno social. Ante esta realidad, urge avanzar hacia un sistema más transparente, equitativo y funcional, que limite el privilegio y priorice el verdadero interés público.
¿Cómo lo hicimos?
A través de una solicitud por libre acceso a la información pública realizada a la Dirección General de Aduanas (DGA) obtuvimos una base de datos que contiene todos los detalles sobre las importaciones de vehículos al país que aplicaban para alguna exención fiscal.
Limpiamos, organizamos, extrajimos y analizamos todos los datos que contenía el dataset, permitiendo luego encontrar esta y el resto de las historias que agrupan esta serie de trabajos.
Si desea acceder a la base de datos completa, puede presionar aquí o escribir a nuestro periodista de datos paul.mathiasen@listindiario.com para cualquier información relacionada.
En caso de querer manipular los datos o hacer búsquedas más exactas, recomendamos descargar el archivo y abrirlo con un programa compatible.
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