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Panorama

Le salió en RD$300 mil trompada que le dio a coronel de la PN

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- En medio de fuertes medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional, el Tribunal de Servicio Permanente del distrito judicial Duarte, impuso 300 mil pesos, como medida de coerción, a un chofer que agredió a un coronel durante un operativo en esta ciudad.

El sub director del Comando regional Nordeste, Eusebio Escolástico recibió el golpe la semana pasada en medio de una protestas que montaron los choferes de la ruta Nagua, Villa Riva, y demás zonas, frente al Ayuntamiento Municipal para condenar la prohibición de una parada vehicular.

Contra el agresor José Manuel Cáceres, conocido como Pirulo, también se impuso visitas periódicas a ese tribunal.

La decisión del citado tribunal se produjo luego que la Policía enviara a Cáceres a la justicia para que respondiera por el hecho, donde el oficial recibió una “trompada” cayendo al pavimento de inmediato, acto que fue grabado en video.

El abogado Víctor Rojas al hablar en nombre de su defendido Manuel Cáceres, dio a conocer la disposición, donde anunció que el tribunal había dispuesto de 300 mil pesos de fianza y visita periódica e impedimento de salida del país según informa elCaribe.

Expresó que la jueza que conoció el caso no tenía la mínima condición para que al chofer se le colocara una medida que no fuera la que se le impuso.

De su parte el coronel Eusebio Escolástico no quiso referirse al dictamen del tribunal negándose hablar con los periodistas a su salida del Palacio de Justicia.

Durante el proceso, el Palacio De Justicia estuvo fuertemente rodeado por agentes de la Policía para evitar se produjera alteración del orden público.

El transporte de pasajeros en las rutas San Francisco-Villa Tapia y Nagua y San Francisco-Santiago quedó paralizado este lunes, en solidaridad con el chofer Cáceres.

El presidente la Federación de Trabajadores del Transporte del Cibao (FESITRAPU), Cristino Rodríguez (Villa), dijo al salir del tribunal “nosotros estamos complacidos con la medida del tribunal, al indicar que no había otra cosa que hacer ya que los choferes y la policía son siempre amigos, y nuestro compañero nunca tuvo la intensión de golpear al oficial”.

Cientos de choferes de toda la provincia Duarte se mantuvieron pendientes del conocimiento de la medida que se desarrolló por más de cinco horas.

Panorama

Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.

En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.

Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.

“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.

En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.

Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.

La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.

Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.

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Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario

La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.

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Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.

A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.

La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.

Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.

Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.

El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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