Panorama
En Cotuí tribunal condena a 30 años de prisión al padrastro y asesino de Dioskairy Gómez
El Tribunal Colegiado de Sánchez Ramírez encontró culpable a Alberto Sánchez Reynoso de matar a su hijastra de 17 años de edad en un hecho ocurrido
el 31 de agosto de 2017 en Fantino
El Tribunal Colegiado de Sánchez Ramírez condenó a 30 años de prisión a Alberto Sánchez Reynoso el cual fue hallado culpable de asesinar a su hijastra Dioskairy Gómez Ovalle de 17 años de edad, en un hecho ocurrido el 31 de agosto de 2017 en Fantino, municipio de la Provincia Sánchez Ramírez.
La sentencia contra el confeso asesino de la joven universitaria se produjo tras el ministerio público demostrar que el imputado cometió el hecho con todas las agravantes.
Dioskairy residía en Rincón, La Vega y tras haber sido asesinada por su padrastro Alberto Sánchez Reynoso, este llevó su cuerpo a Sierra Prieta Fantino y, le prendió fuego, siendo quemado parcialmente solamente su rostro, debido a la rápida intervención de unos lugareños.
Luego sería descubierto por la grabación de una cámara de seguridad recién instalada en el Parque Municipal de Fantino que filmó el momento en que esta se montaba en el vehículo de quien resultara su verdugo.
El asesino de la joven resultó ser la pareja sentimental de la madre de esta, la señora Bernarda Ovalle Jiménez, quien en esos momentos la definió como una joven con mucho interés de llegar a ser una profesional, razón por la cual iniciaba sus estudios en la Universidad Tecnológica de Cotuí (Uteco), hacia dónde se dirigía cuando fue asesinada.
Se recuerda que este hecho, que consternó y llenó de dolor a toda la provincia de Sánchez Ramírez y al país, se produjo en
los días posterior a la desaparición de la también malograda Emely Peguero, lo que trajo mucha confusión por la cercanía de la zona donde había desapareció Emely, llevándose a pensar que se trataba de su cadáver.
“Nunca pensé que él iba a hacerle esta cosa tan terrible a mi hija, no encuentro, no entiendo la explicación. Nosotros compartíamos, convivíamos en el hogar diariamente (…). Yo espero que la justicia le cante la pena máxima porque mi hija no era una persona que se merecía esta muerte. Nadie merece esta muerte como la que él me le dio a mi hija sin ninguna razón”, dijo en aquellos días Bernarda Ovalle, madre de Dioskairy, refiriéndose a su pareja sentimental y asesino de su hija.
FUENTE: El Nuevo Diario
Panorama
Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.
En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
Panorama
Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario
La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.
Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.
A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.
La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.
Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.
Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.
El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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