Panorama
Designan a Yeni Berenice y Olga Diná procuradoras de corte de apelación
SANTO DOMINGO. El Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) designó a procuradoras generales de corte de apelación a las exfiscales Yeni Berenice Reynoso, Olga Diná Llaverías, Luisa Liranzo y Johanna Reyes, quienes ejercían como fiscales titulares del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago y La Vega, respectivamente.
Al ofrecer la información mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público explicó que los ascensos y nuevas designaciones fueron aprobados mediante resoluciones, dictadas en las sesiones del Consejo Superior del Ministerio Público celebradas los días viernes 21 y martes 25 de septiembre, destacando que la posición de Procurador General de Corte de Apelación es la de más alta jerarquía dentro de la carrera del Ministerio Público.
La institución indicó que Yeni Berenice Reynoso ejercerá sus funciones en la Procuraduría Regional del Distrito Nacional, mientras que la magistrada Olga Diná Llaverías en la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; la magistrada Luisa Liranzo en la Dirección General de Persecución del Ministerio Público desde Santiago; y la magistrada Johanna Reyes como coordinadora de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente del Distrito Judicial de Santiago.
Otras designaciones
El CSMP también ascendió a la fiscal titular de Pedernales, Eudyce Fernández Pérez, a Procuradora General de Corte de Apelación en la Procuraduría Regional de Santo Domingo; la fiscal titular de María Trinidad Sánchez, Agustina Nieto Vásquez, fue ascendida a Procuradora General de Corte de Apelación y designada como coordinadora de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez.
De igual manera, el fiscal titular de la provincia Duarte, Regis Victorio Reyes, fue ascendido a Procurador General de Corte de Apelación y designado en la Dirección General de Persecución del Ministerio Público con asiento en el Distrito Nacional, y la fiscal titular de San Cristóbal, Diomerys Soto Valdez, fue ascendida a Procuradora General de Corte de Apelación, designada en la Procuraduría Regional de San Cristóbal.
La fiscal titular de Dajabón, Carmen Minaya Moreaux, fue ascendida a Procuradora General de Corte de Apelación y designada en la Procuraduría Regional de Montecristi, y el fiscal titular de Espaillat, José Aníbal Carela, fue ascendido a Procurador General de Corte de Apelación y designado en la Procuraduría Regional de La Vega.
En tanto que el fiscal titular de Independencia, Salvador Bello, fue ascendido a Procurador General de Corte de Apelación y designado como Coordinador de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente del Distrito Judicial de Independencia, y el fiscal titular de Peravia, Constantino Beltré Sánchez, fue ascendido a Procurador General de Corte de Apelación y designado en la Procuraduría Regional de San Cristóbal.
Asimismo, el fiscal titular de la provincia Hermanas Mirabal, José Cabral González, fue ascendido a Procurador General de Corte de Apelación y designado en la Procuraduría Regional de Santiago, y el fiscal titular de San Juan de la Maguana, Salin Valdez Montero, fue ascendido a Procurador General de Corte de Apelación y designado en la Procuraduría Regional de San Juan de la Maguana.
De igual manera, el fiscal titular de Las Matas de Farfán, Juan Bautista Rosario Díaz, fue ascendido a Procurador General de Corte de Apelación y designado en la Procuraduría Regional de San Juan de la Maguana, y el fiscal titular de El Seibo, Manuel Emilio Santana Montero, fue ascendido a Procurador General de Corte de Apelación y designado en la Procuraduría Regional de San Pedro de Macorís.
El fiscal titular de Hato Mayor, Enrique Estévez de León, fue ascendido a Procurador General de Corte de Apelación y designado en la Procuraduría Regional de San Pedro de Macorís, y la fiscal titular interina de Santiago Rodríguez, Luz Pérez Torres, fue ascendida a Procuradora General de Corte de Apelación y designada en la Procuraduría Regional de Montecristi.
El Consejo Superior del Ministerio Público asignó nuevas funciones al titular interino de la Procuraduría Regional de Puerto Plata, Jesús María Suero Álvarez, quien a partir de ahora ejercerá como Procurador General de Corte de Apelación en la Procuraduría Regional de Puerto Plata, mientras que el magistrado Pedro Antonio Mateo Ibert, quien se desempeñaba como titular de la Procuraduría Regional de San Juan de la Maguana, fue designado en la Escuela Nacional del Ministerio Público.
El magistrado Ramón Jacobo Vásquez, quien ejercía las funciones de titular de la Procuraduría Regional de La Vega, fue designado como Coordinador de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente del Distrito Judicial de La Vega, y el magistrado Eduar Robel Rodríguez, quien se desempeñaba como titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo, fue designado como Coordinador de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente de Santo Domingo Este.
Por igual, el magistrado Lucas Evangelista Pérez, quien ejercía las funciones de titular de la Procuraduría Regional de San Pedro de Macorís, fue designado como Coordinador de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente de los Distritos Judiciales de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, el magistrado Elvis Suárez como como Coordinador de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente de los Distritos Judiciales de La Altagracia, La Romana y el Seibo, y la magistrada Celeste Reyes Lara, quien se desempeñaba como titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, fue designada en la Escuela Nacional del Ministerio Público.
También, la titular interina de la Corte de Apelación de Montecristi, Sonia del Carmen Espejo, a partir de ahora realizará las funciones de Coordinadora de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez.
La institución informó que el titular de la Corte de Apelación de la jurisdicción de Barahona, Bolívar De Oleo Montero, y el magistrado Germán Daniel Miranda Villalona, quien se desempeñaba como titular de la Procuraduría Especializada Anti lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a solicitud de los mismos, se encuentran en licencia y en proceso de pensión, concluyendo una exitosa carrera de servicio público.
En las Procuradurías Especializadas, el magistrado John Henry Reynoso Ramírez, quien dirigía la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, fue designado como Coordinador de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente de Santo Domingo Oeste, y la magistrada Francia Calderón Collado, quien ejercía de titular de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue designada en la Procuraduría Regional del Distrito Nacional. Además, la titular interina de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Procuradora Adjunta Roxanna Reyes Acosta, mediante auto del procurador general de la República fue designada como encargada de proyectos especiales del Despacho del Procurador.

Las plazas desiertas
Con relación a las plazas del Concurso Interno de Titularidades CIT-01-2018 que quedaron desiertas en las procuradurías regionales de Santiago y Montecristi, mediante resolución, fueron designados de manera interina como titulares los magistrados Víctor González y Yoanna Ysabel Bejarán Álvarez, respectivamente. El magistrado Víctor González ejercía la función de titular de la misma Procuraduría Regional de Santiago, mientras que la magistrada Yoanna Bejarán ejercía las funciones de fiscal titular de Montecristi, siendo ascendida ahora a Procuradora de Corte de Apelación.
En torno a la plaza desierta en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, se informó que con la abstención del voto del mismo, fue designado por el resto de los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público como fiscal titular interino el magistrado Edward Manuel López Ulloa, quien igualmente ejercía las funciones de fiscal titular interino en Samaná.
Mediante resolución del CSMP, la procuradora adjunta Marisol Tobal, quien se desempeñaba como coordinadora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, fue designada en el Departamento de Dictámenes y Litigios, otorgándole como funciones específicas la coordinación de los temas a cargo del Ministerio Público respecto a los casos que se conocen en el Tribunal Superior Electoral.
Señaló que conforme lo manda la ley, los cargos de titulares fueron concursados durante el Concurso Interno de Titularidades CIT-01-2018 para cubrir 40 plazas en 11 procuradurías regionales, siete procuradurías especializadas y 22 fiscalías, que se encontraban vencidas conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.
FUENTE: Diario Libre
Panorama
Interponen recurso contra designación de Juan Manuel Méndez en el Intrant
Será este miércoles cuando formalmente sea sometido a la justicia la designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por considerarse irregular.
La acción legal será depositada a la 1:00 de la tarde ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), informó el consultor vial y comunicador Dary Terrero, quien insistió en que el funcionario carece de las condiciones técnicas requeridas para dirigir dicha institución.
Terrero explicó que el recurso había sido presentado la mañana de ayer a través de su abogado, Víctor Eddy Mateo Vásquez, pero debió ser retirado temporalmente debido a un error de redacción que lo catalogaba como general activo, cuando en realidad Méndez se encuentra en condición de retiro como miembro del Ejército de la República Dominicana.
El 16 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo designó a Méndez al frente del Intrant mediante el decreto 551-26, nombramiento que según Terrero no se corresponde con el perfil del funcionario, partiendo de que este no cumple los requisitos de ley que son necesarios para ocupar dicha posición, incluyendo títulos universitarios.
Tras darse a conocer la pasada semana su sometimiento, el director del Intrant publicó en sus redes sociales una serie de diplomas universitarios que avalan su preparación académica.
“Aunque hace unos añitos que me gradué de abogado, a los 22 años, luego, hace 23 años, hice una especialidad. Creo que ni mis hijos lo sabían, pero gracias a Dios, aunque si muero y vuelvo a nacer me engancho a la guardia”, escribió el funcionario.
Todo el mundo conoce que, en la República Dominicana, a partir de la ley que crea el Ministerio de Administración Pública, ningún dominicano puede ocupar una posición técnica para la cual no esté formado”, subrayó Terrero al conversar con El Nacional esta mañana.
Agregó que el artículo 13 de dicha legislación establece que quien aspire a dirigir la entidad debe poseer no solo un título universitario, sino también formación específica en el área.
Vía El Nacional
Panorama
Eduardo Hidalgo pide auditar RD$1,251 millones destinados al Bono a Mil
El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, pidió este martes que sean auditados los RD$1,251 millones destinados al programa Bono a Mil, al tiempo que reclamó una explicación pública sobre quiénes son los beneficiarios y cuáles son los criterios utilizados para incluir a las familias en esa iniciativa.
Durante una entrevista en el prograna El Despertador, Hidalgo expresó preocupación por el manejo del programa y consideró necesario que las autoridades rindan cuentas sobre el destino de esos recursos y el impacto que ha tenido la iniciativa entre las familias con estudiantes del sistema público.
“Necesitamos que eso se audite. Que se audite. Y necesitamos que se rinda cuentas”, expresó Hidalgo.
El dirigente magisterial sostuvo que se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, por lo que entiende que debe explicarse a la ciudadanía quiénes reciben el beneficio y bajo cuáles condiciones son seleccionados.
Cuestiona impacto del programa
Hidalgo manifestó que la ADP ha expresado preocupación desde hace tiempo sobre la forma en que se manejan este tipo de ayudas y planteó que, además de conocer a los beneficiarios, debe evaluarse el impacto que tiene el incentivo en el acompañamiento de los padres a sus hijos.
El presidente de la ADP señaló que existen situaciones en las que los estudiantes dejan de asistir a clases, principalmente después de días feriados, por lo que consideró necesario analizar también el compromiso de las familias beneficiadas con la asistencia escolar.
Reclama explicación sobre aulas para niños de tres años
Durante la entrevista, Hidalgo también pidió al Ministerio de Educación rendir un informe sobre las 300 aulas para niños y niñas de tres años anunciadas en 2022 como parte de un plan piloto.
Recordó que la ADP respaldó la iniciativa porque permitiría reducir la brecha existente desde la educación inicial entre estudiantes del sistema público y aquellos que pueden ingresar desde edades más tempranas a centros privados.
Según explicó, proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística situaban en alrededor de 153 mil la cantidad de niños de tres años para 2026, lo que representaría una necesidad cercana a 7,000 aulas, tomando como referencia grupos de aproximadamente 20 estudiantes.
Hidalgo sostuvo que las 300 aulas anunciadas no resolverían completamente el déficit, pero sí representarían un avance, por lo que reclamó información sobre su estado actual.
“¿Qué pasó con esas 300 aulas que se anunciaron?”, cuestionó.
ADP estima unos 300 mil estudiantes sin cupo
El presidente del gremio informó además que un estudio de la ADP establece que alrededor de 300 mil estudiantes de primaria y secundaria no encontraron cupo por falta de aulas.
Explicó que el sindicato no se opone a que los centros inscriban a todos los estudiantes que soliciten un espacio, pero advirtió que esa medida ha provocado sobrepoblación en diferentes planteles.
De acuerdo con Hidalgo, aulas diseñadas para 25 estudiantes están recibiendo entre 35 y 40, mientras que en algunos liceos existen cursos con 50 y hasta 55 alumnos, situación que, según planteó, afecta la calidad de la enseñanza.
Centros no iniciaron clases por problemas de infraestructura
Hidalgo indicó que varios planteles no pudieron iniciar el año escolar debido a trabajos de infraestructura pendientes.
Entre los casos mencionó el Liceo Unión Panamericana, donde los trabajos de mantenimiento se realizaron próximo al comienzo de las clases, pese a que, a su juicio, debieron ejecutarse durante junio o julio.
También citó la situación de un liceo de Blanco Arriba, Tenares, cuyos estudiantes han recibido docencia en espacios improvisados mientras esperan la terminación de su centro educativo.
Asimismo, aseguró que más de 40 centros en Higüey no pudieron comenzar las clases por problemas de infraestructura y que en San Pedro de Macorís entre 25 y 30 planteles enfrentaron dificultades similares.
Cuestiona ejecución de recursos
Sobre los problemas de infraestructura, Hidalgo descartó inicialmente que la principal causa sea la falta de recursos económicos y cuestionó que cada año queden partidas sin ejecutar pese a las necesidades existentes en las escuelas.
Indicó que las autoridades deben explicar si los retrasos responden a dificultades burocráticas u otros factores, debido a que existen centros que permanecen con trabajos pendientes al inicio de cada período escolar.
Solo 43 % recibiría agua los cinco días
Otro de los problemas señalados por Hidalgo fue el suministro de agua en las escuelas.
Según explicó, alrededor del 43 % de los centros recibe agua durante los cinco días de la semana, mientras que el resto enfrenta diferentes niveles de interrupción.
Algunos planteles reciben agua dos o tres días, mientras que otros pueden permanecer sin el servicio, afectando baños, lavamanos y cocinas.
Hidalgo planteó que en esos casos deben buscarse alternativas, como reparación de bombas, construcción de cisternas o pozos y contratación de camiones de agua cuando sea necesario.
Rechaza cobros en escuelas públicas
El presidente de la ADP aseguró que la organización se opone al cobro de inscripción o reinscripción en escuelas públicas.
Explicó que esta práctica se estaría produciendo en algunos centros educativos administrados mediante convenios con iglesias u otras entidades, pese a que reciben recursos del Ministerio de Educación.
Según afirmó, en algunos centros se estarían cobrando cuotas de RD$200 y RD$500.
Hidalgo pidió al Ministerio de Educación investigar esos casos y sostuvo que esos planteles reciben transferencias precisamente para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Denuncia retrasos en transferencias
Hidalgo también denunció retrasos en la entrega de las transferencias económicas que reciben las escuelas para cubrir gastos operativos.
Afirmó que, pese a encontrarse ya en agosto, los centros habían recibido solo una transferencia, aunque estas deberían realizarse trimestralmente.
Esos recursos son utilizados para comprar materiales gastables y productos de limpieza, reparar puertas, ventanas y tuberías, así como adquirir agua cuando los planteles enfrentan dificultades con el suministro.
El dirigente explicó que la falta de esos fondos puede dejar deudas en manos de los directores y las juntas de centro, dificultando el acondicionamiento de las escuelas.
Técnicos mantienen pagos pendientes
Sobre los incentivos por evaluación del desempeño correspondientes a técnicos del sistema educativo, Hidalgo aseguró que todavía existe un grupo que no ha recibido esos recursos.
Reconoció que otros técnicos sí fueron pagados, aunque aclaró que la ADP no maneja la cantidad exacta de personas pendientes debido a que ese personal pertenece a otra organización sindical.
ADP se desvincula de protesta
Hidalgo también aclaró que la protesta realizada durante el acto oficial de apertura del año escolar no fue organizada por la ADP.
Indicó que la persona vinculada a la manifestación estuvo anteriormente contratada por el sindicato, pero no está nombrada como maestro en el Ministerio de Educación y, por tanto, no forma parte actualmente de la ADP.
Según explicó, la organización emitió un comunicado para desautorizarlo a hablar en nombre del gremio.
Pide mejorar salarios del personal de apoyo
Aunque rechazó la forma en que se produjo la protesta, Hidalgo afirmó que la ADP sí ha planteado en varias ocasiones la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal de apoyo de las escuelas.
Cuestionó que trabajadores encargados de la vigilancia y limpieza de los centros educativos devenguen alrededor de RD$14,000 mensuales y aseguró que el gremio ha llevado ese reclamo ante las autoridades educativas.
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