El tribunal Colegiado del Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Ocoa condenó a 30 años de cárcel a Nazario Mercedes, de 66 años de edad, presunto asesino en serie.

Mercedes es sindicado de ultimar al menos cinco mujeres y dar por muerta a una sexta, en crímenes que datan desde 1995.

La condena se ejecuta tras ser encontrado culpable de la muerte de Daylin Darmelin de los Santos Ramírez, de 23 años, madre de 4 hijos, en un hecho ocurrido el 19 de marzo de 2022 en el municipio de Rancho Arriba, provincia Ocoa.

Indica Listin Diario que el tribunal lo declaró culpable de homicidio, agresión sexual y violencia de género configurados en el Código Penal en los artículos 295, 304 y 309 numerales 1 y 330.

Además, los jueces Alfis Brandeli Castillo, Dayham E. Rodríguez y Loida Amador Sención, lo condenaron al pago de 3 millones de pesos en favor de la madre de la occisa, Bilexis Margarita Ramírez.

Familiares de la mujer muerta por Nazario Mercedes lloraron de la alegría al escuchar la sentencia y expresaron su agradecimiento a los fiscales, abogados del Ministerio de la Mujer y a los jueces por la reclusión de Nazario quien deberá cumplirla en Najayo hombres donde actualmente guarda prisión.

Este medio observó cómo Nazario Mercedes fue rápidamente sacado del tribunal pasada la una de la tarde de este jueves, fuertemente custodiado.

La fiscalía de Ocoa estuvo representada por el fiscal titular Francis Valdez, Juan Ysidro Minyetty, MA. José Castillo, Germania Méndez, y en audiencia por el equipo de litigación, Ysidro Minyetty y los aspirantes a fiscalizadores Adonis Ramírez Zabala y Ramón Kinsley.

La fiscalía de Ocoa probó que en el caso hubo violencia y amenaza y que falleció por estrangulación mecánica.

Tribunal aplaza revisión de medida de coerción contra Nazario Mercedes, presunto asesino en serie
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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció que reforzará los controles y la fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el uso de patinetas eléctricas y otros dispositivos de movilidad personal en los espacios públicos, con el objetivo de proteger al peatón y garantizar la seguridad vial.

Mediante una nota de prensa, la institución recordó que «las patinetas eléctricas no pueden circular por las aceras y deben respetar un límite máximo de velocidad de 20 kilómetros por hora».

Cualquier alteración del sistema de motorización que permita exceder este rango constituye una violación directa a la regulación, conforme a la normativa vigente.

Bicicletas y motocicletas eléctricas
El Intrant indicó que la normativa establece que las bicicletas eléctricas de carretera pueden alcanzar hasta 45 kilómetros por hora, mientras que las de montaña o destinadas al transporte de personas o carga tienen un límite de 32 km/h.

En cambio, las motocicletas eléctricas cuya propulsión depende de acelerador —aunque posean pedales— son consideradas vehículos de motor y deben cumplir con los requisitos legales vigentes, incluyendo placa oficial, matrícula, póliza de seguro de responsabilidad civil, licencia de conducir categoría 1 y uso obligatorio de casco.

Asimismo, la entidad precisó que la circulación sin estos requisitos autoriza a las autoridades a proceder con la retención inmediata del vehículo.

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, insistió en la importancia de diferenciar entre dispositivos de movilidad personal y motocicletas eléctricas: «las patinetas eléctricas sin sillín y las bicicletas de pedaleo asistido cuyo motor complementa el esfuerzo humano se consideran dispositivos de movilidad personal, sujetos a límites de velocidad y al uso obligatorio de casco protector», señala el comunicado.

La entidad explicó que estas medidas responden al aumento del uso de dispositivos de movilidad eléctrica en las vías públicas, lo que hace necesario fortalecer el orden, especialmente en zonas de alta circulación peatonal.

El Intrant informó que notificará a la Dirección General de Aduanas (DGA) y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la obligatoriedad de que toda motocicleta eléctrica complete los procesos ordinarios de importación y matriculación antes de circular.

También comunicará a importadores, distribuidores y empresas de alquiler su responsabilidad de garantizar el cumplimiento del marco legal vigente.

Sanciones
El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones equivalentes de uno a tres salarios mínimos del sector público centralizado, según el artículo 251 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La fiscalización estará a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).