Panorama
Prisión preventiva contra miembros de gremio de choferes por incidentes en vía pública de SPM
SAN PEDRO DE MACORÍS. – El Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción dictó tres meses de prisión preventiva contra tres miembros de un gremio de choferes de esta ciudad y de La Romana a quienes el Ministerio Público imputa por presuntamente participar en incidentes registrados la pasada semana en plena vía pública, armados de machetes, puñales, palos y piedras, poniendo en riesgo la vida de estudiantes y transeúntes.
La jueza Bethania del Carmen Conce acogió la solicitud de la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís que encabeza Pedro Núñez, por entender que existe peligro de fuga de los involucrados en estos hechos que supuestamente se iniciaron para impedir el paso de un autobús que transitaba lleno de pasajeros con destino a La Romana.
Una nota del Ministerio Público explica que Leandro Alcántara (alias Cotopló), de la Asociación de Transporte Interurbano de San Pedro de Macorís (ASTRAUR); Agapito de Jesús Mesa (alias Rafelito) y Rolfi Alexander Richiez Castillo, del Sindicato de Choferes y Empleados de Minibús de La Romana (SICHOEM), cumplirán la prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación ubicados en esas dos localidades.
La Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís imputa a Alcántara, junto a otros dos individuos que trata de localizar para someterlos a la justica, de iniciar el hecho punible con piedras y palos para impedir el paso del autobús, acción que fue repelida por Mesa y Richiez, quienes provocaron heridas de arma blanca al primero.
La nota del organismo explica además que, según la solicitud de medidas de coerción, en el mismo hecho, Richiez resultó con trauma craneal y trauma cerrado de tórax, según certificación médica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
El incidente ocurrió a las cuatro de la tarde del pasado 2 de octubre en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó de esta ciudad, en los alrededores de una universidad, en una hora habitual de entrada y salida de estudiantes, así como flujo de visitantes a los establecimientos comerciales cercanos como, restaurantes, cafeterías, entre otros.
El expediente del Ministerio Público también destaca que personas desaprensivas de ASTRAUR causaron daños materiales a tres autobuses del transporte Romana-San Pedro de Macorís, vehículos en movimiento y con pasajeros dentro, rompiendo vidrios tras lanzarle piedras, provocando traumas y daños irreversibles que se investigan.
La nota agrega que, la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís continúa ampliando las investigaciones en torno a estos hechos, que se dieron a conocer a través de videos divulgados en las redes sociales, a los fines de que, si determina que otras personas tienen responsabilidad en los mismos, también ponerlos a disposición de la justicia.
Panorama
Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.
En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
Panorama
Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario
La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.
Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.
A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.
La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.
Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.
Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.
El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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