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Viudas tienen que recurrir a tribunales porque les niegan las pensiones

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La negativa a otorgar la pensión que legalmente les corresponde a las viudas de empleados públicos, también es frecuente por parte de instituciones públicas, dando lugar al  sometimiento de  demandas  judiciales para reclamar que se les garantice ese  derecho a la seguridad social.

Varias  acciones  de amparo  han sido dirimidas en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), sometidas por mujeres que reclaman el derecho a recibir una pensión de supervivencia luego de la muerte de sus maridos que trabajaron como servidores públicos.  

Esos conflictos han llegado al  Tribunal Constitucional, que mediante sentencias en las que  decide recursos de revisión de amparo,   ha establecido que  negar  una pensión por sobrevivencia es negar el derecho a la seguridad social, protegido por el artículo 60 de la Constitución.

El TC ha ordenado a varias entidades del Estado  otorgar la pensión de esa naturaleza a viudas, que generalmente son personas de la tercera edad.

Y ha sido reiterativo en su criterio de que “la misma requiere de un tratamiento eminentemente protector, dado que su beneficiario se ha visto privado de manera involuntaria del apoyo económico del pensionado o afiliado, por lo que su finalidad es garantizar que su muerte no impida que este pueda atender las necesidades propias de su subsistencia y hacer frente a las contingencias que se han podido generar tras el fallecimiento”.

Sentencias
En la sentencia TC-122/18, emitida el 21 de mayo del 2018,  el Tribunal Constitucional  ordenó a la Lotería Nacional  concluir el trámite de pensión de sobrevivencia que reclama la señora Mercedes Batista, para que le sea pagada a ésta, al igual que el retroactivo de todas las cuotas dejadas de percibir desde octubre de 2009.

 Batista había sometido una acción de amparo en contra de la Lotería Nacional, debido a que su esposo  trabajó 45 años en esa institución, y estaba en trámite de pensión desde 11 años antes de  fallecer.  

El TC también ordenó a  la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado, a la cual estaba afiliado el servidor  público fallecido,  garantizar los derechos fundamentales a la seguridad social y a la pensión por sobrevivencia de la viuda.

Violación de derechos
En esa decisión, mediante la cual acogió un recurso de revisión de amparo, el TC consideró que  negar la pensión al cónyuge superviviente no solo constituye una violación a la seguridad social, sino también al de  protección a las personas de la tercera edad y a su dignidad humana.

También, el 21 de mayo de este año, mediante la sentencia  TC-114/18, se  ordenó a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado (CAASD) pagar la pensión por supervivencia a la señora Francisca María del Pilar Santana,  retrotrayendo el cálculo del monto adeudado por ese concepto a la fecha en la cual falleció su marido,  Jesús Reynoso Then, el 17 de junio de 2011.

Ministerio de Hacienda
En otro fallo del 7 de marzo del 2018, número TC-022/18, la Corte Constitucional también ordenó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, a cargo del Estado, otorgar una pensión de supervivencia a la señora Ramona Española Peña de Álvarez, que en vida recibía su esposo, Juan Antonio Álvarez.

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EN EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

El 23 de noviembre del 2017, a través de la sentencia TC-742, los jueces constitucionales ordenaron al Departamento Aeroportuario que restablezca la pensión de conviviente superviviente a la señora Onila Méndez Montero.

Dispuso que se le entregue todos los valores dejados de pagar que le corresponden por concepto de pensión desde el momento de la suspensión, en julio del 2015 hasta la fecha de la sentencia.

La accionante reclamaba el traspaso de la pensión que percibía su compañero Santos Leonel Urbaez desde el año 2001.

Listín Diario

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Por muerte de David de los Santos, cinco a prisión preventiva y dos a arresto domiciliario

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El juez Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Pablo Imbert Rosario, dictó ayer un año de prisión como medida de coerción a cinco de los siete involucrados en la muerte del joven David de los Santos.

El juez dispuso que los civiles Santiago Mateo, Michael Pérez y Jean Carlos Martínez, acusados por el Ministerio Público de golpear de manera salvaje a De los Santos mientras se encontraban detenidos en la celda, cumplan la medida de coerción en las cárceles Najayo y la Victoria.

De igual manera el capitán Domingo Rodríguez y el segundo teniente Germán García cumplirán prisión preventiva en Operaciones Especiales por su condición de policías.

Mientras que al cabo Alfonso Decena y el raso San Manuel González, a quienes el órgano persecutor acusa junto a los otros dos policías de provocar y permitir que De los Santos fuera golpeado múltiples veces por los tres compañeros de celda, el juez le dictó arresto domiciliario como medida de coerción.

La decisión de dar prisión domiciliaria a estos encartados no gustó a la familia de David de los Santos y a través de su abogado manifestaron que van a apelar el veredicto.

Esta audiencia se caracterizó por ser muy incidentada.

Desde su inicio el juez multó y expulsó a varios abogados defensores, muchos de los cuales le recusaron en dos ocasiones.

David de los Santos fue llevado al destacamento de Naco de la capital el pasado 27 de abril, tras ser arrestado en Ágora Mall y murió con múltiples golpes en su cuerpo cuatro días después, en un hecho que conmocionó a la República Dominicana.

El expediente indica que los civiles Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña se asociaron con los policías para matar al joven, ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo mientras este se encontraba en una celda del destacamento esposado con las manos hacia atrás y sin capacidad para defenderse.

Los abogados
José Castillo Crespo, abogado del capitán Alberto Rodríguez informó de inmediato que la decisión del juez será apelada, en el entendido de que las evidencias depositadas no fueron estudiadas a fondo.

“El capitán terminó su servicio a las 10:00 de la noche y fue a partir de ese lapso de tiempo cuando se cometieron los hechos contras el ciudadano, David de los Santos”, alegó Castillo Crespo.

De su parte, el jurista Cándido Simón alegó que el Ministerio Público, no pudo ni presentó al ciudadano haitiano que iba a testificar, por lo que, a su entender, el caso se le cayó.

El Ministerio Público no ha vuelto a dar declaraciones a la prensa desde hace casi un mes cuando se inició la audiencia.

“No estamos de acuerdo con la prisión domiciliaria. Debieron darle prisión pura y simple, garantía económica o presentación periódica”, dijo el abogado defensor de Sari García, Herberto González.

Familia de David de los Santos
La familia del hoy occiso David de los Santos consideró que la prisión domiciliaria es como mandar a una persona a descansar a su casa.

Damiana Correa, madre de David, en presencia de sus abogados y otros familiares.

Continuó diciendo: “No voy a estar conforme hasta que no pague el último. Mi hijo era un profesional, para que muriera de la forma en que murió, porque a ellos les dio la gana”.

Manifestó que en la justicia en este país se vende.

“Aquí no hay justicia en este país”, expresó.

FUENTE: El Caribe y Diario Libre

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A prisión dos de los tres policías implicados en muerte de Richard, el Peluquero

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La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, a dos de los tres agentes de la Policía Nacional acusados de matar a golpes a Richard Báez (el Peluquero), agredido brutalmente en un destacamento del cuerpo del orden.

La magistrada Polanco también otorgó una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora, contra el otro agente vinculado al crimen.

El capitán Manolo Aquino, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Cienfuegos, y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez, fueron enviados a cumplir la sanción al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de Santiago.

Mientras que el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez, además del dinero, tiene impedimento de salida del país y debe presentarse ante la fiscalía el último viernes de cada mes mientras dure el proceso.

Los abogados de la familia de la víctima se mostraron conformes con la decisión. Aseguraron que en fondo del proceso demostrarán que los imputados son culpables de los delitos de asociación de malhechores, homicidio y robo.

Francisco Javier Azcona, uno de los abogados defensores, entiende que las medidas impuestas en contra de sus clientes «es para complacer a la opinión pública».

Según el expediente, los agentes policiales formaban parte de una patrulla motorizada que efectuaba un operativo preventivo en Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, en donde detuvieron a Báez.

Precisa que la víctima fue perseguida hasta su casa y que recibió múltiples golpes cuando intentaba alcanzar la puerta de la vivienda, mientras gritaba y pedía auxilio a su padre para tratar de salvar la vida ante el ataque de los agentes policiales actuantes.

Mientras estuvo en el cuartel, la víctima denunciaba que los agentes le habían sustraído la suma de 30 mil pesos, cuya devolución exigía, pero a cambio recibía golpes de los agentes policiales.

Los policías imputados llegaron incluso a trasladar a la víctima al hospital de Cienfuegos, en donde una médico lo atendió.  La doctora que lo evaluó verificó que Báez presentaba laceraciones en el área temporal derecha y en ambos codos, por lo que refería dolor. Por esa razón, entregó al teniente Jerez Suárez una indicación para aplicar al paciente una antitetánica, una crema y analgésicos, así como una radiografía AP y lateral de cráneo, indicación que el imputado ocultó.

En cambio, regresaron al imputado a una celda del destacamento donde volvieron a golpearlo. Más tarde, lo presentaron al médico legista y ante el fiscal en la sede de la Policía Nacional y lo trasladaron al centro de detención que opera en el Palacio de Justicia de Santiago.

Estando en el centro del Palacio de Justicia, Báez convulsionó y fue trasladado al Hospital Estrella Ureña, ubicado frente al edificio, de donde lo remitieron al Hospital Regional Cabral y Báez, donde falleció el cuatro de abril. Estuvo interno desde el 21 de marzo tras la agresión.

FUENTE: Diario Libre

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