Panorama
Periodista narra calvario familiar en el reclamo de una pensión
En varias ocasiones Yubelkis Mejía y sus dos hermanas han sentido deseos de abandonar el proceso y dejar perdidos los 162,000 pesos que dejó su padre acumulados en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) al momento de su muerte en el 2016.
El proceso que han tenido que seguir les resulta agotador y por momentos frustrante. Inicia con la falta de orientación de qué hacer y sigue con la búsqueda de una serie de documentos que, además de hacerle revivir con frecuencia el dolor que causa la pérdida de un ser querido, requieren de hasta contratar los servicios de un abogado.
La periodista Yubelkis Mejía decidió contar al periódico Listín Diariola experiencia que han estado viviendo ella y su familia para obtener la devolución de esos fondos, cuya solución la ve cada vez más lejana porque cuando creían que habían terminado de reunir la documentación, resulta que había un error en la determinación de herederos, donde el número de folio de la Junta Central Electoral no coincidía con el de la Iglesia en el acta de matrimonio, lo que le ha obligado a reiniciar todo ese proceso.
Dice que a pesar de haber estado casado por la iglesia católica durante 43 años con su madre Ana Rincón, para lograr la determinación de herederos tuvieron que buscar la firma de nueve vecinos que certificaran que conocían la familia, para entonces llevar ese documento notificado a varias instancias.
“Si no fuera porque mami lo necesita, yo dejará todo perdido”, señala. Cuenta que su padre Juan Ramón Mejía falleció en diciembre de 2016 y que tenía 20 años laborando en el Ministerio de Salud Pública, pero que con el inicio de la Seguridad Social empezó a cotizar en una AFP.
Los requisitos
Lo primero, dijo, fue saber qué hacer, por lo que acudieron a la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA), donde le informaron que estaba cotizando en la AFP Siembra, de ahí dirigirse a la AFP donde entonces le entregan la lista de los requisitos, que incluye determinación de herederos, acta de defunción legalizada, acta de matrimonio, acta de nacimiento de cada hijo, entre otros documentos, todos legalizados, apostillados por la Cancillería y con los impuestos pagos.
“Pero cuando uno lleva esos papeles, ellos empiezan a mirarlos como cuando se está buscando dinero falso, los miran, los voltean, vuelven y los miran, y uno se siente como humillado”, señala.
Dijo que otro proceso tedioso es el de recuperar el dinero dejado en una cuenta de ahorro bancaria, ya que al momento de fallecer le habían hecho el depósito de nómina de 20,000 pesos y nunca han podido sacarlo, debido a los trámites y documentaciones que ello implica.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la DIDA, hasta el 2014 alcanzaban los 39,000 afiliados fallecidos, cuyos familiares tenían derecho a reclamar la pensión de sobrevivencia o el retiro de los fondos acumulados, y que la lista no ha podido actualizarse porque no le entregan esas informaciones pese a que tienen más de tres años pidiéndola.
La directora de la DIDA, Nélsida Marmolejos, denunció que hay trabas en el contrato póliza que evitan que los familiares de los afiliados fallecidos accedan a los beneficios que da la ley.
Entre las trabas cita el hecho de que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no cumplen con la ley que les ordena tener oficinas en todo el país, y las mantienen concentradas solo en la capital, lo que hace que las personas tengan que venir del interior a realizar cualquier gestión.
Así como exigir una serie de documentaciones, un acta notarial, validada por la Procuraduría General de la República, ir a Impuestos Internos y tener una declaración sucesoral, así como que las AFP no dan información a los afiliados ni registran sus contactos de referencia en caso de fallecimientos.
Según la Dida, de 18,923 solicitudes de pensión de sobrevivencia que se han hecho desde el inicio del sistema hasta junio pasado, 10,766 han sido declinadas para un 56.9%, como consecuencia de esas trabas.
Panorama
Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.
En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
Panorama
Hipermercados Olé explica variación en bonificación de empleados y anuncia aporte extraordinario
La empresa atribuye los cambios en el monto al contexto económico y asegura que un aporte extraordinario complementó la bonificación legal de sus colaboradores.
Hipermercados Olé informó que las condiciones económicas nacionales e internacionales incidieron en los resultados generales de la empresa y, en consecuencia, en el monto de la bonificación anual recibida por sus colaboradores.
A través de un comunicado dirigido a sus empleados y al público en general, la compañía explicó que la bonificación depende de los beneficios netos obtenidos durante el año y de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo dominicano, por lo que su monto puede variar.
La empresa indicó que, ante este escenario, su Junta Directiva aprobó un aporte extraordinario que fue incluido en el pago realizado, con el propósito de complementar la bonificación legal y permitir que los trabajadores recibieran una suma superior a la que les correspondía exclusivamente por ley.
Olé aseguró que se encuentra al día con sus compromisos laborales y señaló que su departamento de Recursos Humanos está disponible para atender las inquietudes de los colaboradores relacionadas con este tema.
Asimismo, la compañía reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de sus obligaciones y el bienestar de su personal, al que identificó como uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización.
El pronunciamiento se produce en medio de las explicaciones ofrecidas por la empresa sobre las variaciones en el monto de la bonificación anual correspondiente a este año.

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